Con el objetivo de analizar el proceso de implementación del sistema de citaciones telemáticas, este 21 de diciembre de 2021, se realizó una mesa técnica de trabajo entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y representantes de la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA).

Participaron en la mesa técnica de trabajo, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales del CJ, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro y Xavier Muñoz. Por la Asobanca estuvieron María Gabriela López delegada del Presidente Ejecutivo y Galo Torres, Asesor Jurídico.

En la cita, el Vocal del CJ, Juan José Morillo, destacó los beneficios que el mencionado sistema genera en la gestión de los procesos judiciales. Además, reiteró el compromiso del CJ para avanzar en la modernización del servicio de justicia.

Actualmente, en la provincia de Pichincha se gestionan alrededor de 2000 citaciones mensuales que corresponden al sistema financiero. En tanto, en Guayas se tramitan aproximadamente 3000 citaciones mensuales que tienen relación con temas bancarios.

Entre los compromisos alcanzados se estableció la cooperación técnica entre las instituciones y procesos de capacitación con el objetivo de viabilizar la citación telemática. 

Con la implementación del sistema se alcanzará la descongestión de citaciones físicas y la optimización de recursos, basados en los principios de celeridad procesal y transparencia.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Con el objetivo de analizar el proceso de implementación del sistema de citaciones telemáticas, este 21 de diciembre de 2021, se realizó una mesa técnica de trabajo entre el Consejo de la Judicatura (CJ) y representantes de la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA).

Participaron en la mesa técnica de trabajo, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales del CJ, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro y Xavier Muñoz. Por la Asobanca estuvieron María Gabriela López delegada del Presidente Ejecutivo y Galo Torres, Asesor Jurídico.

En la cita, el Vocal del CJ, Juan José Morillo, destacó los beneficios que el mencionado sistema genera en la gestión de los procesos judiciales. Además, reiteró el compromiso del CJ para avanzar en la modernización del servicio de justicia.

Actualmente, en la provincia de Pichincha se gestionan alrededor de 2000 citaciones mensuales que corresponden al sistema financiero. En tanto, en Guayas se tramitan aproximadamente 3000 citaciones mensuales que tienen relación con temas bancarios.

Entre los compromisos alcanzados se estableció la cooperación técnica entre las instituciones y procesos de capacitación con el objetivo de viabilizar la citación telemática. 

Con la implementación del sistema se alcanzará la descongestión de citaciones físicas y la optimización de recursos, basados en los principios de celeridad procesal y transparencia.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Consejo de la Judicatura (CJ), como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, coordina acciones de intercambio de información con distintas instituciones, a fin de contar con los insumos necesarios para seguir con las investigaciones sobre servidores judiciales que estarían involucrados en casos de corrupción.

Es importante enfatizar que las investigaciones de delitos corresponden a la Fiscalía General del Estado, mientras que al CJ le corresponde la investigación de infracciones disciplinarias establecidas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). En ese marco, el CJ ejerce con firmeza sus facultades disciplinarias y desde 2019 ha destituido a 29 servidores judiciales por infracciones gravísimas relacionados con casos de corrupción, en aplicación del artículo 109 del COFJ.

La institución, además, desarrolla acciones que promueven la ética y la transparencia en la Función Judicial:

• Creación de la Unidad y Tribunal Especializados en Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado, el 19 de noviembre de 2021. El concurso para la designación de jueces especializados en esa materia, será con base en parámetros de legitimidad, transparencia y pruebas de confianza.

• Establecimiento de la Mesa Interinstitucional de Lucha Contra la Corrupción, el 13 de enero de 2021. Participan el Ministerio de Gobierno, la Defensoría Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

• Adhesión a la Red Mundial de Integridad Judicial el 14 de mayo de 2020 y generación de la Guía de lucha contra la corrupción y crimen organizado para uso de los operadores de justicia, el 26 de junio de 2019. Este último instrumento se da como resultado de un trabajo en conjunto con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea.

• Organización de 15 cursos de capacitación de herramientas de Lucha contra la Corrupción y Ética Judicial, entre enero de 2019 y octubre de 2021, con un total de 25 595 participaciones.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

El Consejo de la Judicatura (CJ), como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, coordina acciones de intercambio de información con distintas instituciones, a fin de contar con los insumos necesarios para seguir con las investigaciones sobre servidores judiciales que estarían involucrados en casos de corrupción.

Es importante enfatizar que las investigaciones de delitos corresponden a la Fiscalía General del Estado, mientras que al CJ le corresponde la investigación de infracciones disciplinarias establecidas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). En ese marco, el CJ ejerce con firmeza sus facultades disciplinarias y desde 2019 ha destituido a 29 servidores judiciales por infracciones gravísimas relacionados con casos de corrupción, en aplicación del artículo 109 del COFJ.

La institución, además, desarrolla acciones que promueven la ética y la transparencia en la Función Judicial:

• Creación de la Unidad y Tribunal Especializados en Lucha Contra la Corrupción y Crimen Organizado, el 19 de noviembre de 2021. El concurso para la designación de jueces especializados en esa materia, será con base en parámetros de legitimidad, transparencia y pruebas de confianza.

• Establecimiento de la Mesa Interinstitucional de Lucha Contra la Corrupción, el 13 de enero de 2021. Participan el Ministerio de Gobierno, la Defensoría Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

• Adhesión a la Red Mundial de Integridad Judicial el 14 de mayo de 2020 y generación de la Guía de lucha contra la corrupción y crimen organizado para uso de los operadores de justicia, el 26 de junio de 2019. Este último instrumento se da como resultado de un trabajo en conjunto con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea.

• Organización de 15 cursos de capacitación de herramientas de Lucha contra la Corrupción y Ética Judicial, entre enero de 2019 y octubre de 2021, con un total de 25 595 participaciones.

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Este domingo 19 de diciembre de 2021, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, dictó la medida preventiva de suspensión, sin sueldo y hasta por tres meses, contra el agente fiscal de Manabí J.C.I., relacionado con el caso de Naomi Arcentales.

La decisión se fundamenta en las atribuciones contempladas en los artículos 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial; y 48 y 50 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial.

“Respecto del agente fiscal de #Manabi Juan Carlos I., he dispuesto la medida preventiva de suspensión de su cargo, mientras el #CJ investiga posibles infracciones disciplinarias de nuestra competencia, la Fiscalia General del Estado deberá investigar el presunto delito #NaomiArcentales #NosotrasSinViolencia”, escribió la titular del CJ en su cuenta de Twitter.

Mientras el agente fiscal permanece suspendido de sus funciones, el CJ, en el ámbito de sus competencias, investigará presuntas infracciones disciplinarias.

El CJ reitera que no tolerará hechos que atenten contra los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescents; investigará y sancionará los mismos en el marco de la Constitución y la ley. No solo en este caso que ha conmocionado al país sino en defensa de cada niña y mujer que sea víctima de violencia, más aún cuando se trate de actuaciones en las que se encuentren involucrados servidores de la Función Judicial.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Este domingo 19 de diciembre de 2021, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, dictó la medida preventiva de suspensión, sin sueldo y hasta por tres meses, contra el agente fiscal de Manabí J.C.I., relacionado con el caso de Naomi Arcentales.

La decisión se fundamenta en las atribuciones contempladas en los artículos 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial; y 48 y 50 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la Función Judicial.

“Respecto del agente fiscal de #Manabi Juan Carlos I., he dispuesto la medida preventiva de suspensión de su cargo, mientras el #CJ investiga posibles infracciones disciplinarias de nuestra competencia, la Fiscalia General del Estado deberá investigar el presunto delito #NaomiArcentales #NosotrasSinViolencia”, escribió la titular del CJ en su cuenta de Twitter.

Mientras el agente fiscal permanece suspendido de sus funciones, el CJ, en el ámbito de sus competencias, investigará presuntas infracciones disciplinarias.

El CJ reitera que no tolerará hechos que atenten contra los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescents; investigará y sancionará los mismos en el marco de la Constitución y la ley. No solo en este caso que ha conmocionado al país sino en defensa de cada niña y mujer que sea víctima de violencia, más aún cuando se trate de actuaciones en las que se encuentren involucrados servidores de la Función Judicial.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Expertos coinciden en que se deben garantizar los derechos de

los jóvenes infractores a la rehabilitación y reinserción social.

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces de Garantías Penales de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja e Imbabura se reunieron, el jueves 16 de diciembre, para tratar la situación de los jóvenes adultos que, mientras cumplen medidas socio educativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), alcanzan la mayoría de edad y enfrentan nuevos procesos penales.

En el encuentro estuvieron presentes el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes; la experta jurista, fiscal y profesora argentina, Mary Beloff; y, el psicólogo de la Fundación Tierra de Hombres, Martín Estrella, quienes, junto a las juezas y jueces, coincidieron en que se debe extender la protección a este grupo y analizaron las medidas que permitan garantizar los derechos de los jóvenes.

Santiago Peñaherrera recordó que la Constitución de la República establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por tanto merecen un tratamiento y atención especial de parte del Estado.

En la misma línea, Solanda Goyes se refirió a los instrumentos internacionales que establecen los procedimientos a seguir para estos temas, como la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que los objetivos de la justicia juvenil son la responsabilización, restauración del daño, rehabilitación y reinserción social.

Por su parte, Mary Beloff se refirió a la protección que el Estado debe dar a las y los adolescentes y jóvenes que permanecen en los CAI, según los estándares internacionales en la materia, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y cuya finalidad es la rehabilitación y reinserción en la sociedad.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Expertos coinciden en que se deben garantizar los derechos de

los jóvenes infractores a la rehabilitación y reinserción social.

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces de Garantías Penales de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja e Imbabura se reunieron, el jueves 16 de diciembre, para tratar la situación de los jóvenes adultos que, mientras cumplen medidas socio educativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), alcanzan la mayoría de edad y enfrentan nuevos procesos penales.

En el encuentro estuvieron presentes el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes; la experta jurista, fiscal y profesora argentina, Mary Beloff; y, el psicólogo de la Fundación Tierra de Hombres, Martín Estrella, quienes, junto a las juezas y jueces, coincidieron en que se debe extender la protección a este grupo y analizaron las medidas que permitan garantizar los derechos de los jóvenes.

Santiago Peñaherrera recordó que la Constitución de la República establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por tanto merecen un tratamiento y atención especial de parte del Estado.

En la misma línea, Solanda Goyes se refirió a los instrumentos internacionales que establecen los procedimientos a seguir para estos temas, como la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que los objetivos de la justicia juvenil son la responsabilización, restauración del daño, rehabilitación y reinserción social.

Por su parte, Mary Beloff se refirió a la protección que el Estado debe dar a las y los adolescentes y jóvenes que permanecen en los CAI, según los estándares internacionales en la materia, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y cuya finalidad es la rehabilitación y reinserción en la sociedad.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

La Mesa Técnica del Consejo de la Judicatura (CJ) encargada de impulsar el proceso de evaluación de desempeño y productividad de las y los jueces de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, inició su trabajo, este 17 de diciembre.

La reunión fue convocada y liderada por la Dirección General y contó con la participación de las y los servidores de las direcciones nacionales de Gestión Procesal; de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; de Talento Humano, de Estudios Jurimétricos; de la Escuela de la Función Judicial; entre otras.

Durante esta jornada, se trabajó en la construcción del proyecto de instructivo para la metodología que se aplicará en este proceso. Se revisaron temas relacionados con los parámetros de evaluación, los evaluadores, los comités de reconsideraciones, los puntajes, los periodos de la evaluación, entre otros. El objetivo es contar con una herramienta técnica, pero sobre todo efectiva y transparente para la evaluación.  

El Pleno del CJ, mediante resolución 186-2021, expidió el Reglamento general para la mencionada evaluación, donde en la disposición transitoria primera se determinó la elaboración del instructivo correspondiente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La Mesa Técnica del Consejo de la Judicatura (CJ) encargada de impulsar el proceso de evaluación de desempeño y productividad de las y los jueces de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, inició su trabajo, este 17 de diciembre.

La reunión fue convocada y liderada por la Dirección General y contó con la participación de las y los servidores de las direcciones nacionales de Gestión Procesal; de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; de Talento Humano, de Estudios Jurimétricos; de la Escuela de la Función Judicial; entre otras.

Durante esta jornada, se trabajó en la construcción del proyecto de instructivo para la metodología que se aplicará en este proceso. Se revisaron temas relacionados con los parámetros de evaluación, los evaluadores, los comités de reconsideraciones, los puntajes, los periodos de la evaluación, entre otros. El objetivo es contar con una herramienta técnica, pero sobre todo efectiva y transparente para la evaluación.  

El Pleno del CJ, mediante resolución 186-2021, expidió el Reglamento general para la mencionada evaluación, donde en la disposición transitoria primera se determinó la elaboración del instructivo correspondiente.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL