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Cumpliendo su compromiso de transparencia con las y los ciudadanos, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa que la Presidenta María del Carmen Maldonado Sánchez y los vocales Juan José Morillo Velasco, Fausto Murillo Fierro, Maribel Barreno Velin y Xavier Muñoz Intriago, integrantes del Pleno mantienen vigente su visa de ingreso a EE.UU.

 

Las autoridades del CJ han ratificado su firme voluntad de impulsar acciones que promuevan la transparencia en la Función Judicial y, en esa línea, han dispuesto que todos los directores nacionales y provinciales de la institución, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones como servidores judiciales, reporten de forma inmediata el estado de sus visas.

 

El CJ continuará aplicando todas las medidas necesarias para transparentar las acciones de todos quienes tienen como misión asegurar la provisión de un servicio judicial sustentado en principios como la integridad, probidad y ética.

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

 

Cumpliendo su compromiso de transparencia con las y los ciudadanos, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa que la Presidenta María del Carmen Maldonado Sánchez y los vocales Juan José Morillo Velasco, Fausto Murillo Fierro, Maribel Barreno Velin y Xavier Muñoz Intriago, integrantes del Pleno mantienen vigente su visa de ingreso a EE.UU.

 

Las autoridades del CJ han ratificado su firme voluntad de impulsar acciones que promuevan la transparencia en la Función Judicial y, en esa línea, han dispuesto que todos los directores nacionales y provinciales de la institución, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones como servidores judiciales, reporten de forma inmediata el estado de sus visas.

 

El CJ continuará aplicando todas las medidas necesarias para transparentar las acciones de todos quienes tienen como misión asegurar la provisión de un servicio judicial sustentado en principios como la integridad, probidad y ética.

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

 

Atendiendo la invitación de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, este miércoles 12 de enero, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, en representación de Ecuador, presentó la herramienta FemicidiosEC, como uno de los instrumentos digitales exitosos que fortalecen la lucha contra la violencia a la mujer.

 

En el encuentro virtual participó Teresa Féria, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas. Las ponencias estuvieron a cargo de la docente universitaria y jurista brasileña, Alice Bianchini y del exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Paulo Pinto de Albuquerque.

 

La doctora Maldonado, quien es la primera ecuatoriana que integra el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y forma parte de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana; explicó que la herramienta FemicidiosEC, contiene estadísticas nacionales sobre femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres, información desagregada sobre el número de víctimas, caracterización de la víctima, del agresor, del evento violento; y, el estado de los procesos.

 

“Esto la convierte en la primera herramienta digital del Ecuador que consolida cifras de femicidio de todos los sectores involucrados, para investigación y generación de políticas públicas, medición y seguimiento del principio de celeridad, para que la impunidad jamás vuelva a ser una amenaza en la administración de justicia”, dijo.

 

La Presidenta del CJ destacó el intercambio de experiencias entre los dos países y felicitó a Portugal por el desarrollo de la Herramienta de Georreferenciación para las víctimas de violencia. Esta es una buena práctica y Ecuador analiza la posibilidad de replicar, en un futuro, un sistema similar, indicó.

 

La Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas es una organización no gubernamental, que contribuye al estudio crítico del Derecho, bajo la perspectiva de la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente debate el tema del femicidio, a fin de elaborar una propuesta legal que será presentada al Parlamento de su país.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

 

Atendiendo la invitación de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, este miércoles 12 de enero, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, en representación de Ecuador, presentó la herramienta FemicidiosEC, como uno de los instrumentos digitales exitosos que fortalecen la lucha contra la violencia a la mujer.

 

En el encuentro virtual participó Teresa Féria, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas. Las ponencias estuvieron a cargo de la docente universitaria y jurista brasileña, Alice Bianchini y del exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Paulo Pinto de Albuquerque.

 

La doctora Maldonado, quien es la primera ecuatoriana que integra el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y forma parte de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana; explicó que la herramienta FemicidiosEC, contiene estadísticas nacionales sobre femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres, información desagregada sobre el número de víctimas, caracterización de la víctima, del agresor, del evento violento; y, el estado de los procesos.

 

“Esto la convierte en la primera herramienta digital del Ecuador que consolida cifras de femicidio de todos los sectores involucrados, para investigación y generación de políticas públicas, medición y seguimiento del principio de celeridad, para que la impunidad jamás vuelva a ser una amenaza en la administración de justicia”, dijo.

 

La Presidenta del CJ destacó el intercambio de experiencias entre los dos países y felicitó a Portugal por el desarrollo de la Herramienta de Georreferenciación para las víctimas de violencia. Esta es una buena práctica y Ecuador analiza la posibilidad de replicar, en un futuro, un sistema similar, indicó.

 

La Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas es una organización no gubernamental, que contribuye al estudio crítico del Derecho, bajo la perspectiva de la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente debate el tema del femicidio, a fin de elaborar una propuesta legal que será presentada al Parlamento de su país.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

 

A través de esta medida, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,

ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a servidores involucrados en casos de corrupción y violencia.

 

La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Maria del Carmen Maldonado, destacó la importancia de mantener la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión en contra de servidoras y servidores judiciales que presuntamente han cometido infracciones graves y gravísimas en el ejercicio de sus cargos.

 

En rueda de prensa realizada este 12 de enero, María del Carmen Maldonado expresó su preocupación ante la posibilidad de que se declare inconstitucional esta competencia del CJ.

 

Recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial faculta a la Presidenta del CJ a emitir dichas medidas de manera excepcional, preventiva y motivada, cuando se presuma la existencia de hechos que ameriten su adopción.

 

En un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía respecto del uso de esta facultad, explicó que en el año 2019 emitió cinco medidas preventivas de suspensión; en el año 2020, ocho; y, en 2021, fueron 16.

 

Citó que la suspensión se aplicó en casos necesarios y trascendentales, como son los siguientes: Querubín; Niños de Naranjal, la muerte de Naomi Arcentales; el sorteo de las acciones de protección que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y otro contra un psicólogo acusado de abuso sexual a usuarias del servicio de justicia de la Unidad Judicial de Lago Agrio.

 

En este sentido, realizó un énfasis especial en el objetivo de esta medida, que es evitar un perjuicio a los usuarios del sistema de justicia. “Es algo temporal y no dura más de 90 días. Se trata de una suspensión y no es una sanción”, manifestó.

 

La Presidenta Maldonado sostuvo que esta facultad disciplinaria es necesaria y sería un desacierto retirarla. “Porque necesitamos separar al servidor para que pueda, en un proceso penal o disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores”, señaló.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

A través de esta medida, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,

ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a servidores involucrados en casos de corrupción y violencia.

 

La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Maria del Carmen Maldonado, destacó la importancia de mantener la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión en contra de servidoras y servidores judiciales que presuntamente han cometido infracciones graves y gravísimas en el ejercicio de sus cargos.

 

En rueda de prensa realizada este 12 de enero, María del Carmen Maldonado expresó su preocupación ante la posibilidad de que se declare inconstitucional esta competencia del CJ.

 

Recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial faculta a la Presidenta del CJ a emitir dichas medidas de manera excepcional, preventiva y motivada, cuando se presuma la existencia de hechos que ameriten su adopción.

 

En un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía respecto del uso de esta facultad, explicó que en el año 2019 emitió cinco medidas preventivas de suspensión; en el año 2020, ocho; y, en 2021, fueron 16.

 

Citó que la suspensión se aplicó en casos necesarios y trascendentales, como son los siguientes: Querubín; Niños de Naranjal, la muerte de Naomi Arcentales; el sorteo de las acciones de protección que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y otro contra un psicólogo acusado de abuso sexual a usuarias del servicio de justicia de la Unidad Judicial de Lago Agrio.

 

En este sentido, realizó un énfasis especial en el objetivo de esta medida, que es evitar un perjuicio a los usuarios del sistema de justicia. “Es algo temporal y no dura más de 90 días. Se trata de una suspensión y no es una sanción”, manifestó.

 

La Presidenta Maldonado sostuvo que esta facultad disciplinaria es necesaria y sería un desacierto retirarla. “Porque necesitamos separar al servidor para que pueda, en un proceso penal o disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores”, señaló.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

Pichincha se convierte en la primera provincia donde se implementa este modelo en materia Penal.

 

Este 12 de enero de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) realizó el sorteo público de jueces y secretarios para conformar los tribunales fijos de las salas penales y no penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y de los Tribunales de Garantías Penales de Quito.

 

La Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro y Xavier Muñoz (vía telemática), el Director General, Santiago Peñaherrera Navas y el Presidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jhayya estuvieron en el evento.

 

El Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Quito, Eduardo Haro, dio fe pública del sorteo, que se cumplió a través de una herramienta tecnológica desarrollada por el CJ y que asignó de manera aleatoria a quienes van a formar parte de cada tribunal.

 

Con base en las resoluciones 217- 2021 y 219-2021, aprobadas por el Pleno del CJ, se integraron 24 tribunales fijos: cinco en la Sala de lo Civil y Mercantil; dos en la Sala de lo Laboral; tres en la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; cinco en la Sala de lo Penal; seis en el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito; y, tres en el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe.

 

María del Carmen Maldonado explicó que con el cambio del modelo de gestión, se promueve la eficiencia en la administración de justicia, con estricto apego a la independencia judicial.

 

De su parte, Juan José Morillo resaltó que Pichincha es la primera provincia en implementar tribunales fijos en materia Penal. Sostuvo que este sistema responde a la exigencia ciudadana de eficacia y oportunidad en el servicio de justicia.

 

Asimismo, Fausto Murillo Fierro indicó que los tribunales fijos permitirán alcanzar un servicio de justicia transparente e invitó a las y los jueces a trabajar con responsabilidad para obtener los resultados esperados.

 

Este modelo de gestión, que ya se aplica en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Manabí, Azuay, Loja e Imbabura, permitirá agilizar los procesos judiciales, cumpliendo los principios de celeridad e inmediación que demandan las y los ciudadanos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Pichincha se convierte en la primera provincia donde se implementa este modelo en materia Penal.

 

Este 12 de enero de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) realizó el sorteo público de jueces y secretarios para conformar los tribunales fijos de las salas penales y no penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y de los Tribunales de Garantías Penales de Quito.

 

La Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro y Xavier Muñoz (vía telemática), el Director General, Santiago Peñaherrera Navas y el Presidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jhayya estuvieron en el evento.

 

El Notario Quincuagésimo Quinto del cantón Quito, Eduardo Haro, dio fe pública del sorteo, que se cumplió a través de una herramienta tecnológica desarrollada por el CJ y que asignó de manera aleatoria a quienes van a formar parte de cada tribunal.

 

Con base en las resoluciones 217- 2021 y 219-2021, aprobadas por el Pleno del CJ, se integraron 24 tribunales fijos: cinco en la Sala de lo Civil y Mercantil; dos en la Sala de lo Laboral; tres en la Sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; cinco en la Sala de lo Penal; seis en el Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito; y, tres en el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe.

 

María del Carmen Maldonado explicó que con el cambio del modelo de gestión, se promueve la eficiencia en la administración de justicia, con estricto apego a la independencia judicial.

 

De su parte, Juan José Morillo resaltó que Pichincha es la primera provincia en implementar tribunales fijos en materia Penal. Sostuvo que este sistema responde a la exigencia ciudadana de eficacia y oportunidad en el servicio de justicia.

 

Asimismo, Fausto Murillo Fierro indicó que los tribunales fijos permitirán alcanzar un servicio de justicia transparente e invitó a las y los jueces a trabajar con responsabilidad para obtener los resultados esperados.

 

Este modelo de gestión, que ya se aplica en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Manabí, Azuay, Loja e Imbabura, permitirá agilizar los procesos judiciales, cumpliendo los principios de celeridad e inmediación que demandan las y los ciudadanos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Ante la información de conocimiento público, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, y en ejercicio de la atribución constitucional de velar por la transparencia de esta Función, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa:

 

1. El CJ solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos por el CJ.

 

2. A través de los canales regulares y con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas.

 

3. El actual Pleno del CJ continuará ejerciendo sus competencias, como lo ha hecho desde 2019, implementando políticas y acciones enmarcadas en su Primer Eje de Gestión Lucha contra la corrupción, con los siguientes resultados:

 

- Control Disciplinario. 240 destituciones (jueces, agentes fiscales, defensores públicos y servidores administrativos). Asimismo, el CJ expidió 177 sanciones de  suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

 

- Evaluación y Selección. El CJ incluyó los criterios de legitimidad y transparencia en los procesos evaluación, selección y designación de servidores judiciales.

 

- Capacitación. Más de 2000 servidores judiciales han sido capacitados en ética e integridad judicial y cerca de 700 en combate a la corrupción, delincuencia organizada, extinción de dominio, auditoría de gestión antisoborno y lavado de activos, en coordinación con organismos y entidades internacionales.

 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

Ante la información de conocimiento público, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, y en ejercicio de la atribución constitucional de velar por la transparencia de esta Función, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa:

 

1. El CJ solicita la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos por el CJ.

 

2. A través de los canales regulares y con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE.UU. han sido revocadas.

 

3. El actual Pleno del CJ continuará ejerciendo sus competencias, como lo ha hecho desde 2019, implementando políticas y acciones enmarcadas en su Primer Eje de Gestión Lucha contra la corrupción, con los siguientes resultados:

 

- Control Disciplinario. 240 destituciones (jueces, agentes fiscales, defensores públicos y servidores administrativos). Asimismo, el CJ expidió 177 sanciones de  suspensión y 417 sanciones de multa, amonestación o eliminación del registro de peritos.

 

- Evaluación y Selección. El CJ incluyó los criterios de legitimidad y transparencia en los procesos evaluación, selección y designación de servidores judiciales.

 

- Capacitación. Más de 2000 servidores judiciales han sido capacitados en ética e integridad judicial y cerca de 700 en combate a la corrupción, delincuencia organizada, extinción de dominio, auditoría de gestión antisoborno y lavado de activos, en coordinación con organismos y entidades internacionales.

 

 

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