comunicacion
El Consejo de la Judicatura integró cinco tribunales fijos en la Corte de Justicia de Chimborazo
En Riobamba, este 24 de febrero de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) constató el sorteo público, de jueces y secretarios, para integrar los tribunales fijos de las salas penales y no penales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
El evento fue presidido por el titular del CJ, Fausto Murillo Fierro y contó con la participación de los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz. También estuvieron presentes el Director de Gestión Procesal, Juan Carlos Vilema, el Director del CJ de Chimborazo, Juan Carlos Rosero y vía telemática, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas y el Director Jurídico, Henry Arcos.
Con base en la Resolución N° 045-2022, aprobada por el CJ, se integraron cinco Tribunales Fijos: dos en la Sala Especializada de lo Civil Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores; dos en el Tribunal de Garantías Penales y uno en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito.
El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, explicó que el cambio de modelo de gestión, permite que los principios procesales de innovación contradicción y transparencia se cumplan en su real dimensión. Además, les convocó a los jueces a comprometerse con la administración de justicia, a dictar decisiones imparciales, a fortalecer su independencia y a defender su potestad jurisdiccional. “La independencia es un derecho de ustedes y también de los ciudadanos que esperan contar con jueces imparciales”.
Por su parte, el vocal Juan José Morillo aseguró que la implementación de este modelo elimina el pool de jueces que generó caos en el sistema de justicia e impidió que exista una adecuada planificación y cumplimiento de las audiencias.
El vocal Xavier Muñoz, exhortó a los administradores de justicia a empoderarse de su trabajo y a atender la demanda de los usuarios del sistema que esperan que se cumpla la tutela efectiva de las garantías ciudadanas.
La Notaria 11 del cantón Riobamba, Elina García, dio fe pública del sorteo que se realizó a través de una herramienta tecnológica desarrollada por el CJ, la cual asignó de manera aleatoria a los jueces que integran los tribunales.
El sistema de tribunales fijos ya se aplica en Pichincha, Guayas, Tungurahua, Manabí, Azuay, Loja e Imbabura.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Ante Comisión de la Asamblea Nacional, Pleno del CJ expuso razones jurídicas de la suspensión de la jueza Karly Vargas
El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro; los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno; y, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, comparecieron este 23 de febrero de 2022, ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
El objetivo fue exponer las razones por las cuales el Pleno del organismo suspendió a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karly Vargas.
En su intervención, el Presidente Murillo explicó que la suspensión de la jueza no es una sanción, sino una medida cautelar que estará vigente, hasta por 90 días, periodo en el cual, a través de la respectiva investigación, se ratificará si la servidora judicial incurrió en alguna de las faltas disciplinarias determinadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El Presidente del CJ recordó que la suspensión fue resuelta por el Pleno, tras la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa de la Sala Civil de la Corte Provincial del Guayas. Añadió que las actuaciones disciplinarias del CJ se ejecutan en respeto irrestricto a la independencia judicial.
Por su parte, el vocal Juan José Morillo, indicó que la medida preventiva de suspensión es una facultad que debe ser tomada por el Pleno del CJ, para que no existan direccionamientos o se adopten decisiones de manera arbitraria.
Asimismo, la Vocal Maribel Barreno explicó que la resolución se tomó con base en los correspondientes informes técnicos y jurídicos.
El Director General, Santiago Peñaherrera Navas, informó que la resolución posee el debido sustento constitucional y legal y recordó que en los sumarios administrativos se garantiza el principio de inocencia y el debido proceso.
Las autoridades del CJ destacaron que esta fue la primera medida preventiva de suspensión resuelta en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional No. 10-09-IN y acumulados/22.
Ese fallo determinó que la facultad de suspender temporalmente a servidores judiciales, por infracciones gravísimas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), debe ser aplicada por el Pleno del CJ y no por quien ejerce la Presidencia de la institución.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Ante Comisión de la Asamblea Nacional, Pleno del CJ expuso razones jurídicas de la suspensión de la jueza Karly Vargas
El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro; los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno; y, el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, comparecieron este 23 de febrero de 2022, ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.
El objetivo fue exponer las razones por las cuales el Pleno del organismo suspendió a la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Karly Vargas.
En su intervención, el Presidente Murillo explicó que la suspensión de la jueza no es una sanción, sino una medida cautelar que estará vigente, hasta por 90 días, periodo en el cual, a través de la respectiva investigación, se ratificará si la servidora judicial incurrió en alguna de las faltas disciplinarias determinadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
El Presidente del CJ recordó que la suspensión fue resuelta por el Pleno, tras la correspondiente declaratoria jurisdiccional previa de la Sala Civil de la Corte Provincial del Guayas. Añadió que las actuaciones disciplinarias del CJ se ejecutan en respeto irrestricto a la independencia judicial.
Por su parte, el vocal Juan José Morillo, indicó que la medida preventiva de suspensión es una facultad que debe ser tomada por el Pleno del CJ, para que no existan direccionamientos o se adopten decisiones de manera arbitraria.
Asimismo, la Vocal Maribel Barreno explicó que la resolución se tomó con base en los correspondientes informes técnicos y jurídicos.
El Director General, Santiago Peñaherrera Navas, informó que la resolución posee el debido sustento constitucional y legal y recordó que en los sumarios administrativos se garantiza el principio de inocencia y el debido proceso.
Las autoridades del CJ destacaron que esta fue la primera medida preventiva de suspensión resuelta en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional No. 10-09-IN y acumulados/22.
Ese fallo determinó que la facultad de suspender temporalmente a servidores judiciales, por infracciones gravísimas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), debe ser aplicada por el Pleno del CJ y no por quien ejerce la Presidencia de la institución.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura crea Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias en Quito, Machala y Santo Domingo
Cada una de las unidades judiciales contará con nueve servidores judiciales que atenderán
los procesos relacionados con los derechos y garantías de las personas privadas de libertad.
El Consejo de la Judicatura, aprobó este lunes 21 de febrero de 2022, la creación de las Unidades Judiciales Especializadas en Garantías Penitenciarias con sede en los cantones Machala (El Oro), Quito (Pichincha); y, Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas).
Los jueces de estas dependencias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, podrán sustanciar temas relacionados con los derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria como: procesos de otorgamiento de regímenes semiabierto y abierto; y, resoluciones sobre inmediata excarcelación cuando hayan cumplido la pena, entre otras.
De igual forma, conocerán materia Constitucional, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Cada una de esas unidades judiciales contará con dos (2) jueces, dos (2) secretarios, dos (2) ayudantes judiciales y tres (3) servidores administrativos.
La creación de las mencionadas dependencias jurisdiccionales es parte del Plan Integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias aprobado por el Pleno del CJ en octubre de 2021.
En esa fecha el CJ, mediante Resolución 168 - 2021, resolvió “Declarar la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de Garantías Penitenciarias y aprobar otras medidas para el fortalecimiento en esta materia”.
De esta manera, el CJ continúa implementando acciones para enfrentar la grave situación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y garantizar la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad, tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 35 y 51.
Esa normativa señala que las personas privadas de libertad pertenecen a los grupos de atención prioritaria y tienen derecho a que en el sistema judicial se garantice su derecho a un trato igualitario y no discriminatorio, concediéndoles igual protección ante la ley; y, a ser juzgados por tribunales y jueces especializados independientes e imparciales.
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Consejo de la Judicatura crea Unidades Judiciales Especializadas de Garantías Penitenciarias en Quito, Machala y Santo Domingo
Cada una de las unidades judiciales contará con nueve servidores judiciales que atenderán
los procesos relacionados con los derechos y garantías de las personas privadas de libertad.
El Consejo de la Judicatura, aprobó este lunes 21 de febrero de 2022, la creación de las Unidades Judiciales Especializadas en Garantías Penitenciarias con sede en los cantones Machala (El Oro), Quito (Pichincha); y, Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas).
Los jueces de estas dependencias, conforme lo determina el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, podrán sustanciar temas relacionados con los derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria como: procesos de otorgamiento de regímenes semiabierto y abierto; y, resoluciones sobre inmediata excarcelación cuando hayan cumplido la pena, entre otras.
De igual forma, conocerán materia Constitucional, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Cada una de esas unidades judiciales contará con dos (2) jueces, dos (2) secretarios, dos (2) ayudantes judiciales y tres (3) servidores administrativos.
La creación de las mencionadas dependencias jurisdiccionales es parte del Plan Integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias aprobado por el Pleno del CJ en octubre de 2021.
En esa fecha el CJ, mediante Resolución 168 - 2021, resolvió “Declarar la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de Garantías Penitenciarias y aprobar otras medidas para el fortalecimiento en esta materia”.
De esta manera, el CJ continúa implementando acciones para enfrentar la grave situación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y garantizar la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad, tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 35 y 51.
Esa normativa señala que las personas privadas de libertad pertenecen a los grupos de atención prioritaria y tienen derecho a que en el sistema judicial se garantice su derecho a un trato igualitario y no discriminatorio, concediéndoles igual protección ante la ley; y, a ser juzgados por tribunales y jueces especializados independientes e imparciales.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Consejo de la Judicatura entrega provisiones para los damnificados por aluvión ocurrido en Quito
El Consejo de la Judicatura (CJ) entregó a la Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito, los productos donados por los servidores de la institución, para los damnificados del aluvión que afectó a habitantes de los sectores de La Comuna y La Gasca.
La institución realizó la campaña “CJ solidario”, a través de la cual se recogió alcohol, mascarillas, ropa, vituallas, alimentos no perecibles, artículos de higiene y agua.
Todos estos productos están destinados para las familias perjudicadas por este evento natural y son canalizados a través del Municipio de la capital.
Los delegados de la Secretaría de Inclusión Social destacaron el apoyo de los servidores del CJ y recordaron a la ciudadanía que aún se requieren medicinas y ayudas técnicas como: muletas y sillas de ruedas.
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Consejo de la Judicatura entrega provisiones para los damnificados por aluvión ocurrido en Quito
El Consejo de la Judicatura (CJ) entregó a la Secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito, los productos donados por los servidores de la institución, para los damnificados del aluvión que afectó a habitantes de los sectores de La Comuna y La Gasca.
La institución realizó la campaña “CJ solidario”, a través de la cual se recogió alcohol, mascarillas, ropa, vituallas, alimentos no perecibles, artículos de higiene y agua.
Todos estos productos están destinados para las familias perjudicadas por este evento natural y son canalizados a través del Municipio de la capital.
Los delegados de la Secretaría de Inclusión Social destacaron el apoyo de los servidores del CJ y recordaron a la ciudadanía que aún se requieren medicinas y ayudas técnicas como: muletas y sillas de ruedas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Función Judicial continuará desarrollando videoaudiencias como parte de la transformación digital del servicio de justicia
El Consejo de la Judicatura cuenta con los suficientes recursos tecnológicos
para el cumplimiento de videoaudiencias a nivel nacional.
En el marco del segundo eje de gestión Fortalecimiento Institucional, desde 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) implementó un sistema de videoaudiencias que ha garantizado el acceso efectivo y oportuno de las y los ciudadanos al servicio judicial, durante la pandemia del Covid-19.
A escala nacional, se cuenta con las suficientes licencias Zoom para atender la demanda de videoaudiencias. Estas licencias estarán vigentes hasta marzo de 2024.
Desde marzo de 2020, cuando empezó la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se priorizó el uso de herramientas telemáticas y en ese contexto, hasta enero de 2022 se cumplieron 141.164 videoaudiencias en todas las materias.
Con ello se ha dado una respuesta efectiva a los requerimientos de las y los jueces y demás operadores de justicia, pero sobre todo de los usuarios del sistema, entre ellos a los abogados que reconocen la importancia de las acciones implementadas en torno a las videoaudiencias.
En un oficio dirigido al Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, el 21 de febrero de 2022, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador destacó que, “en menos de dos años, se ha logrado que la gran mayoría de audiencias se realicen por medios telemáticos, sin afectar al debido proceso, ni al derecho a la defensa de las partes”.
En este contexto y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 074-2020, el CJ exhorta a los jueces del país a continuar desarrollando audiencias telemáticas como un elemento fundamental de la digitalización del servicio de justicia.
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Función Judicial continuará desarrollando videoaudiencias como parte de la transformación digital del servicio de justicia
El Consejo de la Judicatura cuenta con los suficientes recursos tecnológicos
para el cumplimiento de videoaudiencias a nivel nacional.
En el marco del segundo eje de gestión Fortalecimiento Institucional, desde 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) implementó un sistema de videoaudiencias que ha garantizado el acceso efectivo y oportuno de las y los ciudadanos al servicio judicial, durante la pandemia del Covid-19.
A escala nacional, se cuenta con las suficientes licencias Zoom para atender la demanda de videoaudiencias. Estas licencias estarán vigentes hasta marzo de 2024.
Desde marzo de 2020, cuando empezó la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se priorizó el uso de herramientas telemáticas y en ese contexto, hasta enero de 2022 se cumplieron 141.164 videoaudiencias en todas las materias.
Con ello se ha dado una respuesta efectiva a los requerimientos de las y los jueces y demás operadores de justicia, pero sobre todo de los usuarios del sistema, entre ellos a los abogados que reconocen la importancia de las acciones implementadas en torno a las videoaudiencias.
En un oficio dirigido al Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, el 21 de febrero de 2022, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador destacó que, “en menos de dos años, se ha logrado que la gran mayoría de audiencias se realicen por medios telemáticos, sin afectar al debido proceso, ni al derecho a la defensa de las partes”.
En este contexto y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 074-2020, el CJ exhorta a los jueces del país a continuar desarrollando audiencias telemáticas como un elemento fundamental de la digitalización del servicio de justicia.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, constató los trabajos de remodelación que se realizan en el Palacio de Justicia de Portoviejo
El Vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan José Morillo, visitó la provincia de Manabí este viernes, 18 de febrero de 2022, para cumplir una agenda de trabajo en la que se incluyó una visita al Palacio de Justicia de Portoviejo.
El Vocal Morillo, junto con el Director Provincial del CJ de Manabí, José Verdi Cevallos y el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Zambrano Navarrete, constató los trabajos de la remodelación de este edificio que tiene un avance del 75%.
Durante el recorrido por el Palacio de Justicia, las autoridades constataron los trabajos de la obra civil, instalaciones de los sistemas eléctrico y sanitario, sistema contra incendios, aire acondicionado, cambio de piso, entre otros.
En julio del 2021, el CJ designó al Vocal Morillo para que sea el encargado de dar seguimiento a esta obra y logre su reconstrucción total en el menor tiempo posible.
La obra es ejecutada por el Consorcio RPJ, empresa manabita que ganó la adjudicación, y representa una inversión de 4´895.760,16 dólares más IVA, la misma que contempla la restauración de áreas afectadas y la repotenciación de espacios que permitirán una mayor funcionalidad a servidores y usuarios.
En esta edificación prestarán sus servicios la Corte Provincial de Justicia de Manabí, las unidades judiciales Laboral y Civil de Portoviejo, Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, Direcciones Provinciales del CJ, las áreas de archivo, citaciones y atención a usuarios.
