40 servidores de varias instituciones analizaron mecanismos y estrategias para combatir

delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Jueces, servidores de la Fiscalía, de la Contraloría, del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas participaron en el seminario Extinción de Dominio y Recuperación de Activos organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).  

La inauguración del evento se realizó el jueves 03 de marzo de 2022 en Ibarra (Imbabura) y a ella asistieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director de INL en Ecuador, Ory Abramowicz; y, el Director del Proyecto Contra el Crimen Organizado Transnacional de la PADF, Andrés Ormaza.

En el seminario, dirigido a servidores públicos de las provincias ubicadas en la frontera norte, se analizaron los mecanismos y estrategias para enfrentar, delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, minería ilegal y otros de características transnacionales.

En esta línea, el Presidente del CJ resaltó el compromiso de la institución para combatir esos delitos que “socavan la democracia, el Estado de Derecho y afectan a la calidad de vida de los habitantes”. Indicó que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada requiere de acciones interinstitucionales, así como de legislación y operadores de justicia especializados.

Fausto Murillo recordó que el seminario es parte de un conjunto de acciones contempladas en el convenio marco de cooperación que el CJ y la PADF suscribieron en 2020. A través de este instrumento se coordinan espacios orientados a lograr el real acceso de los ciudadanos a una justicia independiente y especializada, con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción.

Ory Abramowicz, en su intervención, recordó que el crimen transnacional organizado es un fenómeno global que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la integridad del Estado, amenaza a la democracia y pone en grave peligro los derechos humanos.

Reunión con autoridades judiciales de cuatro provincias

El Pleno del CJ se reunió con los directores provinciales y los presidentes de las Cortes de Justicia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. En el encuentro también participó el Director de INL con el fin de identificar líneas de cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la frontera norte.

Las autoridades del CJ además realizaron un recorrido por el Edificio Judicial de Ibarra. Ahí mantuvieron una reunión con los jueces penales de Imbabura y se analizaron temas relacionados con el combate a la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía un servicio judicial que garantice seguridad, integridad y confiabilidad a los procesos, el Consejo de la Judicatura (CJ) impulsa mejoras en el Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

Estas acciones están orientadas a fortalecer los controles de los módulos y funcionalidades del sistema, así como a asegurar el uso correcto del mismo por parte de los servidores jurisdiccionales y administrativos.

Entre las mejoras más importantes se debe mencionar que en 2021, el CJ afinó las configuraciones de los equipos de seguridad y de seguimiento, detección y bloqueo de posibles ciberataques. De igual forma, se han desarrollado mejoras en el sistema de registro de causas de flagrancia.

Actualmente, el SATJE cuenta con pistas de auditoría que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información. En este contexto, se trabaja continuamente en la optimización del módulo de sorteos para la presentación de acciones constitucionales en días y horas no laborables.

En 2021, el CJ realizó un proceso de seguimiento y control del sorteo de causas a escala nacional. Tras la revisión de más de 5000 causas, no se encontraron vulneraciones al sistema.

Las Direcciones Provinciales del CJ son las responsables de la administración y supervisión del sistema de sorteo de causas en sus jurisdicciones; los directores provinciales son los servidores que autorizan el cambio de materia en el ingreso de causas.

El sorteo de demandas, denuncias y cualquier acto que dé inicio a un proceso judicial es atribución exclusiva de los técnicos de ventanilla de las unidades judiciales.

PROCEDIMIENTO ESTRICTO Y DEPURACIÓN DE ROLES

Para asegurar el uso adecuado del sistema, el CJ ha emitido directrices sobre el cumplimiento estricto del procedimiento vigente para el sorteo e ingreso de causas, principalmente de las acciones constitucionales presentadas fuera de la jornada laboral y de los procesos de flagrancia.

Periódicamente, las Unidades Provinciales de Talento Humano realizan la depuración de los roles de los servidores judiciales que tienen acceso al SATJE, permitiendo que cada servidor acceda a los módulos y funcionalidades, de acuerdo al cargo que ocupa y a las responsabilidades asignadas.

La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CJ ha implementado otras mejoras en el SATJE en temas como: citaciones judiciales, implementación de tribunales fijos en materias no penales y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

El objetivo es avanzar en la digitalización del sistema de justicia. De ahí que en 11 provincias (Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura, Manabí, Carchi, Loja, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza) está operativa la Oficina de Gestión Judicial Electrónica (E-SATJE 2020). Más de 500 mil causas, es decir, el 76 % de la carga procesal a nivel nacional se despacha a través del E-SATJE 2020. De igual forma, 375 mil escritos fueron recibidos mediante este sistema. 

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Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía un servicio judicial que garantice seguridad, integridad y confiabilidad a los procesos, el Consejo de la Judicatura (CJ) impulsa mejoras en el Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

Estas acciones están orientadas a fortalecer los controles de los módulos y funcionalidades del sistema, así como a asegurar el uso correcto del mismo por parte de los servidores jurisdiccionales y administrativos.

Entre las mejoras más importantes se debe mencionar que en 2021, el CJ afinó las configuraciones de los equipos de seguridad y de seguimiento, detección y bloqueo de posibles ciberataques. De igual forma, se han desarrollado mejoras en el sistema de registro de causas de flagrancia.

Actualmente, el SATJE cuenta con pistas de auditoría que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información. En este contexto, se trabaja continuamente en la optimización del módulo de sorteos para la presentación de acciones constitucionales en días y horas no laborables.

En 2021, el CJ realizó un proceso de seguimiento y control del sorteo de causas a escala nacional. Tras la revisión de más de 5000 causas, no se encontraron vulneraciones al sistema.

Las Direcciones Provinciales del CJ son las responsables de la administración y supervisión del sistema de sorteo de causas en sus jurisdicciones; los directores provinciales son los servidores que autorizan el cambio de materia en el ingreso de causas.

El sorteo de demandas, denuncias y cualquier acto que dé inicio a un proceso judicial es atribución exclusiva de los técnicos de ventanilla de las unidades judiciales.

PROCEDIMIENTO ESTRICTO Y DEPURACIÓN DE ROLES

Para asegurar el uso adecuado del sistema, el CJ ha emitido directrices sobre el cumplimiento estricto del procedimiento vigente para el sorteo e ingreso de causas, principalmente de las acciones constitucionales presentadas fuera de la jornada laboral y de los procesos de flagrancia.

Periódicamente, las Unidades Provinciales de Talento Humano realizan la depuración de los roles de los servidores judiciales que tienen acceso al SATJE, permitiendo que cada servidor acceda a los módulos y funcionalidades, de acuerdo al cargo que ocupa y a las responsabilidades asignadas.

La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CJ ha implementado otras mejoras en el SATJE en temas como: citaciones judiciales, implementación de tribunales fijos en materias no penales y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

El objetivo es avanzar en la digitalización del sistema de justicia. De ahí que en 11 provincias (Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura, Manabí, Carchi, Loja, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza) está operativa la Oficina de Gestión Judicial Electrónica (E-SATJE 2020). Más de 500 mil causas, es decir, el 76 % de la carga procesal a nivel nacional se despacha a través del E-SATJE 2020. De igual forma, 375 mil escritos fueron recibidos mediante este sistema. 

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró, este viernes 25 de febrero de 2022, a 14 defensores públicos para las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas, Loja y Napo.

Con esta designación, el CJ amplía la cobertura de la defensa pública para atender la demanda de la ciudadanía y garantizar su acceso al servicio de justicia.

Los nombramientos se cumplieron de manera técnica, siguiendo el orden y prelación de los puntajes registrados en el correspondiente banco de elegibles, y en estricto cumplimiento del marco legal vigente.

De los catorce servidores designados, doce son permanentes y dos temporales, conforme al siguiente detalle:

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) nombró, este viernes 25 de febrero de 2022, a 14 defensores públicos para las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas, Loja y Napo.

Con esta designación, el CJ amplía la cobertura de la defensa pública para atender la demanda de la ciudadanía y garantizar su acceso al servicio de justicia.

Los nombramientos se cumplieron de manera técnica, siguiendo el orden y prelación de los puntajes registrados en el correspondiente banco de elegibles, y en estricto cumplimiento del marco legal vigente.

De los catorce servidores designados, doce son permanentes y dos temporales, conforme al siguiente detalle:

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Fausto Murillo Fierro, destituyó del cargo al Juez Constitucional de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil. R.C.O.M.

La sanción fue resuelta este viernes, 25 de febrero de 2022, durante la Sesión Ordinaria N° 022, en la que también participaron los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz.

Según la información que consta en el sumario correspondiente, el destituido, quien tenía a su cargo un proceso por Acción de Protección con medida cautelar, incurrió en la infracción disciplinaria tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), artículo 109, numeral 7: “Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

La resolución del Pleno del CJ se fundamenta en la declaración jurisdiccional previa, emitida por la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

El Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ejerce sus facultades con el objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y ética en la provisión del servicio de justicia.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Fausto Murillo Fierro, destituyó del cargo al Juez Constitucional de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil. R.C.O.M.

La sanción fue resuelta este viernes, 25 de febrero de 2022, durante la Sesión Ordinaria N° 022, en la que también participaron los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz.

Según la información que consta en el sumario correspondiente, el destituido, quien tenía a su cargo un proceso por Acción de Protección con medida cautelar, incurrió en la infracción disciplinaria tipificada en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), artículo 109, numeral 7: “Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

La resolución del Pleno del CJ se fundamenta en la declaración jurisdiccional previa, emitida por la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

El Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ejerce sus facultades con el objetivo de garantizar la eficiencia, transparencia y ética en la provisión del servicio de justicia.

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El Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas mantuvo una reunión de trabajo, el 24 de febrero. El objetivo: generar espacios de coordinación y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente a los mencionados delitos.

El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, coordina la Mesa Técnica de Judicialización e Investigación de los Delitos de Trata de Personas, del mencionado Comité.

En este marco, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Mesa de Judicialización analizó, durante la jornada de este jueves, las buenas prácticas desarrolladas por la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); el Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata.

Durante la reunión, se destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el CJ para levantar estadísticas e información, relacionadas con los delitos de trata, como por ejemplo la elaboración del mapeo de indicadores estratégicos con base en parámetros establecidos por la UNODC.

También se resaltó la construcción de un cuestionario que permite obtener mejor información en esta materia, en el marco del Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata.

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El Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, y Protección a sus Víctimas mantuvo una reunión de trabajo, el 24 de febrero. El objetivo: generar espacios de coordinación y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente a los mencionados delitos.

El Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, coordina la Mesa Técnica de Judicialización e Investigación de los Delitos de Trata de Personas, del mencionado Comité.

En este marco, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Mesa de Judicialización analizó, durante la jornada de este jueves, las buenas prácticas desarrolladas por la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); el Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata.

Durante la reunión, se destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el CJ para levantar estadísticas e información, relacionadas con los delitos de trata, como por ejemplo la elaboración del mapeo de indicadores estratégicos con base en parámetros establecidos por la UNODC.

También se resaltó la construcción de un cuestionario que permite obtener mejor información en esta materia, en el marco del Protocolo de Colaboración entre los Sistemas Judiciales de Ecuador y Perú para la Investigación y Judicialización del Delito de Trata.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), con la presencia del Presidente Fausto Murillo Fierro; los vocales Juan José Morillo; Maribel Barreno y Xavier Muñoz; además del Director General, Santiago Peñaherrera Navas, realizó la tarde del jueves 24 de febrero de 2022 el sorteo público de jueces y secretarios para conformar Tribunales Fijos en la provincia de Cotopaxi.

El procedimiento se cumplió a través de una herramienta tecnológica desarrollada por el CJ. Se integraron tres Tribunales Fijos: uno en el Tribunal de Garantías Penales; uno en la Sala Especializada de lo Civil y uno en la Sala Especializada de lo Penal, de la Corte de Justicia de Cotopaxi.

Durante su intervención, el Presidente del CJ señaló que este modelo de gestión es seguro, eficiente y fortalece la administración de justicia. También indicó que la institución garantiza a los jueces sus derechos y estabilidad en el marco de la Constitución de la República y la ley, además ratificó el respeto al principio de independencia judicial. “El ciudadano tiene derecho a ser juzgado o que su causa sea resuelta por un juez independiente e imparcial”, dijo.

Este acto contó con la presencia del Director del CJ de Cotopaxi, Mario Ríos; la Presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire; juezas y jueces; representantes de la Fiscalía y la Defensoría Pública en la provincia; además de medios de comunicación.

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