El Consejo de la Judicatura Transitorio, en virtud de la potestad atribuida en el artículo 181, numeral 5, de la Constitución de la República del Ecuador, que le ordena velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, y, conforme el artículo 35, del mismo cuerpo normativo, que manda al Estado prestar especial atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual rechaza, los hechos violentos ocurridos el 14 y 20 de enero en las ciudades de Quito e Ibarra, respectivamente en contra de mujeres producto de la violencia machista.

Estos dos casos, que han conmocionado al país, constituyen la manifestación extrema de una estructura patriarcal que atraviesa todas las instituciones sociales, independientemente de la situación socio económica, edad, nacionalidad, condición migratoria o situación de movilidad humana y establecen relaciones desiguales entre hombres y mujeres, perpetuando roles sexistas y misóginos, que generan la falsa idea de que los cuerpos de las mujeres son propiedad de los hombres.

Los datos sobre violencia de género en el país son alarmantes. Según la última encuesta realizada por el INEC, 6 de cada 10 mujeres enfrentan violencia en el Ecuador; cada tres días una mujer es asesinada. Desde agosto de 2014 al 20 de enero de 2019, se han judicializado 313 casos de femicidio[1]; sólo en el 2018, se cuentan 59. Estas cifras indican que hasta ahora la respuesta por parte de las instituciones del Estado no ha sido suficiente.

Ante estos hechos, el Consejo de la Judicatura Transitorio resuelve:

1) Expresar sus sentimientos de pesar por estos actos a los familiares de las víctimas.

2) Exhortar a los operadores de justicia que tramitan estas causas y otras similares a actuar con la mayor diligencia, respetando el debido proceso y aplicando la normativa nacional e internacional correspondiente, conforme a la resolución 109A-2018, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 27 de noviembre de 2018, mediante la cual resuelve: “Declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen a la Función Judicial”.

3) Reiterar su compromiso con el derecho a una vida libre de violencia. Compromiso dentro del cual ha venido ejecutando el “Plan para implementar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” conjuntamente con la sociedad civil y otras instituciones del Estado y ha declarado como política prioritaria la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios.

4) Invitar a formar parte y fortalecer las Mesas de Justicia y Género que a nivel provincial se están organizando con el ánimo de actuar con la sociedad civil en la vigilancia de la tramitación de esas causas con el fin de reducir las prácticas del sistema judicial que perpetúan y naturalizan la violencia de género.

5) Informar que, en el marco de sus competencias, ha formulado un Proyecto de formación, ligado a la evaluación de operadores de justicia con el objeto de fortalecer la atención y actuación judicial desde una perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal.

El Consejo de la Judicatura, por último hace un llamado para evitar la promoción de la violencia a través de las redes sociales, evitando la divulgación de imágenes que atenten a los derechos de las víctimas y sus familiares.

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA