Los avances del informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, fueron presentados en Loja, este viernes 18 de enero.
El evento contó con la participación de Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ); Rolando Tapia, miembro de la Mesa; y, Francisco Hurtado, representante de la Defensoría del Pueblo. Ahí estuvieron presentes cerca de un centenar de personas, entre las que se contaron víctimas de persecución política, familiares, representantes de organizaciones sociales, autoridades cantonales y provinciales.
La vocal Porras explicó que el CJ impulsó la Mesa para comprender la gravedad y el alcance de los patrones de hostigamiento aplicados por el gobierno anterior.
“Se ha podido verificar que en Ecuador, en la última década, hubo una persecución organizada, sistemática y estructural en contra de personas que manifestaban críticas contra el gobierno de Rafael Correa”, indicó.
En este documento se detalla que del total de denuncias registradas en la plataforma del CJ (1437), 247 casos cumplieron en su totalidad los parámetros establecidos por esta Mesa e integrarán el informe final que se presentará a finales de este mes.
Entre las presuntas víctimas, constan 196 hombres y 51 mujeres. La vocal Porras señaló que las cifras "evidencian una mayor violencia a la mujer, en el que concurren el uso de excesiva fuerza, casos de violencia sexual, destrucción de casas y sembríos".
También “se detectó un posible uso abusivo del Código Penal y del Código Orgánico Integral Penal, COIP, ya que por años se dieron coincidencias entre los brotes de movilización social y una excesiva judicialización de tipos penales como ataque y resistencia, sabotaje, magnicidio, entre otros”, añadió la vocal.
Por su parte, Rolando Tapia señaló que las víctimas de persecución política, entre ellas, líderes comunitarios, dirigentes sociales, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos, motivaron e impulsaron la conformación de la Mesa.
Recordó que los perjudicados, en una primera etapa, ingresaron sus casos a través de un formulario que habilitó el Consejo de la Judicatura a través de su página web. Las denuncias se receptaron hasta el 28 de octubre del mismo año.
Posteriormente, a partir del informe preliminar de la Mesa, el Pleno del CJ dispuso a la Subdirección de Control Disciplinario de la institución, el inicio de las investigaciones correspondientes con la finalidad de establecer las responsabilidades de jueces, fiscales, secretarios u otros operadores de justicia en los casos de persecución política.
La Mesa por la Verdad y la Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, se conformó por iniciativa de las víctimas, de sus familias y de la ciudadanía, lo cual garantiza la permanencia de la Mesa, a pesar del cambio de autoridades, aclaró Porras.
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