Mediante memorando-CJ-VPCJ1-2018-0175-M, suscrito este lunes 17 de diciembre, la vocal del Consejo de la Judicatura, Zobeida Aragundi Foyain, solicitó al Presidente Marcelo Merlo que disponga el inicio de una investigación en contra de Andrea M., jueza de la Unidad Penal 2 de Albán Borja, Guayaquil, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la prelibertad al excapitán del Ejército, Telmo Castro, quien estaba detenido por el delito de narcotráfico.
Asimismo, pide remitir el caso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE), para que se realicen las investigaciones respectivas, pues, de acuerdo al documento enviado por la vocal, en el referido caso hay “presunciones de que pudieran existir hechos de corrupción”.
En el memorando, la vocal Aragundi solicita también la aplicación del artículo 269.5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la suspensión, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial.
Según la abogada Aragundi, esta medida se debe adoptar pues se trata de un caso grave que causó enorme conmoción social. Además, esto le permitirá a la jueza “realizar su defensa como una ciudadana común, sin el poder que le otorga estar en ejercicio de su función”.
Finalmente, la vocal pide que se realice un informe sobre la tramitación de expedientes y actuación judicial para la prelibertad en Guayas entre los años 2017 y 2018, a fin de determinar el comportamiento de los operadores de justicia.
El excapitán del Ejército, Telmo Castro, fue detenido en 2013 durante un operativo donde se incautaron 300 kg de droga que iban a ser transportados a México. El 3 de agosto de este año, la jueza Andrea M. le concedió la prelibertad por haber cumplido con más del 40 % de la pena.
En el juicio contra ‘El Chapo’, el narcotraficante Jorge Cifuentes señaló a Castro como uno de los nexos en Ecuador para traficar drogas. Indicó que le pagaba USD 100 por cada kilo de la sustancia estupefaciente que transportaba, en vehículos militares, desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta locales clandestinos ubicados en Quito y Guayaquil.
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