La vocalía N° 1 del Consejo de la Judicatura (CJ), presidida por la abogada Zobeida Aragundi Foyain, realizó, el 20 de noviembre, un taller con representantes de varias organizaciones de mujeres y de la sociedad civil para socializar el proyecto de resolución que busca "Declarar como máxima prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de los delitos de violencia contra la mujer y femicidios que ingresen a la Función Judicial”.
Se trata de otra política pública del CJ desarrollada, con base en el consenso con organizaciones de la sociedad civil, en el marco de las acciones para implementar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Jueces, juezas, fiscales, defensores públicos y otros servidores judiciales que intervienen en este tipo de casos estarán obligados a cumplir con los principios de celeridad, responsabilidad y deben garantizar la observación de los tiempos en la etapa de investigación y en las fases procesales, según se establece en el borrador del proyecto de resolución que tiene 10 artículos, tres disposiciones transitorias y tres finales.
Asimismo, el documento exige acuciosidad en la obtención y valoración de pruebas, así como que se priorice la solicitud y recepción del testimonio anticipado. Además, determina como tiempo máximo de dos horas para la entrega de las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia.
Al respecto, la directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, Solanda Goyes, quien lideró el mencionado taller, señaló que “el Consejo de la Judicatura transitorio ha puesto énfasis en armar un sistema o modelo de atención inmediata de esas medidas de protección y esta resolución busca instrumentar aquello”.
De la misma forma, el proyecto de resolución contempla la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que constituyan las mesas de justicia y género.
También dispone a las direcciones nacionales del CJ competentes que establezcan métodos y procedimientos de evaluación de desempeño de los operadores judiciales de acuerdo a criterios no solo cuantitativos sino cualitativos. Este proceso contará con la presencia de control social.
Según la doctora Goyes, de esta manera se verifica la calidad de la atención que dan los servidores judiciales. “Solo así cambiaremos la Función Judicial y eso es lo que se está planteando en esta resolución”.
El taller también contó con la participación de la subdirectora de Género, Margarita Carranco, y de 17 representantes de organizaciones como: la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras; el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer; Mujeres Refugiadas; Movimiento de Mujeres Negras de la Frontera Norte de Esmeraldas; ONU-Mujeres; el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito; la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Pichincha, entre otras.
Las autoridades de la Judicatura y los delegados de las organizaciones sociales analizaron el proyecto de resolución en su totalidad, intercambiaron criterios y realizaron observaciones para que sean incluidas en el documento final que aprobará el CJ.
La doctora Goyes explicó que la intención del taller es trabajar con el movimiento de mujeres, así como con el de la niñez y la adolescencia, en la construcción de pautas consensuadas para optimizar el servicio de justicia en estas materias. “Estamos proponiendo generar una serie de directrices para mejorar la calidad del servicio”, sostuvo.
Katerine Chalá, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Pichincha, consideró que es importante contar con esta resolución porque es grave la situación de violencia que sufren las mujeres, en particular las afroecuatorianas. También resaltó la participación social en este proceso orientado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
De su parte, Paulina Rodríguez, delegada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, destacó el compromiso del Consejo de la Judicatura para implementar mesas de trabajo con las organizaciones civiles que son las usuarias del sistema y por ello también exigen la calidad en el servicio. “Es importante que, a través del Consejo de la Judicatura, los jueces se comprometan a dar un buen servicio y cuando tramiten un caso se sensibilicen y observen los derechos de la víctima y no dejen los casos en la impunidad”.
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