Mediante resolución 097A-2018, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó un Protocolo para Peritos Intérpretes y Traductores que actúan en casos de violencia basada en género, durante una sesión efectuada el 7 de noviembre.
El documento armoniza con la norma constitucional que señala que nadie puede ser discriminado por su idioma, etnia de nacimiento, condición migratoria, discapacidad, deficiencia física o cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente.
Asimismo, se alinea con disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en lo esencial garantizan a las víctimas de infracciones el derecho a ser asistidas gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si acaso no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, así como a recibir asistencia especializada.
El Protocolo, elaborado por la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del CJ, fue presentado en el Pleno por la subdirectora de Género, Margarita Carranco, quien destacó que el documento ratifica la obligación que tienen los peritos de ser imparciales y objetivos, transmitir integralmente el mensaje, garantizar los derechos a la intimidad y reserva de información de las víctimas; y, sobre todo, comprender la violencia basada en género y conocer el proceso judicial.
Los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional e interseccionalidad atraviesan de principio a fin el Protocolo para Peritos Intérpretes y Traductores. Asimismo se fundamenta en los principios de responsabilidad, confidencialidad, imparcialidad, precisión y fidelidad, acceso a la justicia y no revictimización de las personas afectadas. Además, concuerda con el marco normativo internacional en esta materia.
El Protocolo, que es de obligatorio cumplimiento, tiene cinco anexos con recomendaciones específicas: uno para tratar a personas con discapacidad auditiva, otro para tratar a personas con discapacidad visual; un tercero para tratar a personas trans femeninas y trans masculinas; el cuarto contiene recomendaciones para tratar a personas extranjeras; y, otro para tratar con niñas, niños y adolescentes.
Tras la aprobación por parte del Pleno, el Presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, señaló que el documento “humaniza, de forma científica, la tarea que debe desarrollar este personal especializado”.
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