El Consejo de la Judicatura (CJ) trabaja en un proyecto de resolución que busca "Declarar de máxima prioridad el tratamiento pre procesal y procesal por delitos contra la libertad e indemnidad sexual y reproductiva cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes".
El contenido de este documento, que será aprobado en los próximos días por el Pleno del CJ, es impulsado por la vocal Zobeida Aragundi Foyain, quien este jueves 15 de noviembre, se reunió con representantes de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de este grupo de atención prioritaria.
Al encuentro que se realizó en el edificio del CJ en Quito, asistieron: Natasha Moreno, miembro principal de las Juntas Municipales de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia; Andrés Palacios y Karina Montesdeoca de la Asociación por la Defensa de las Víctimas del Clero en la Ciudad de Cuenca; Sybel Martínez, abogada de Rescate Escolar; Francisco Carrión del Consejo de Protección de Derechos de Quito; Alexandra Funes abogada del caso Ángel de la Guarda; y, Patricia Clero, consultora de Unicef.
En la reunión, la vocal Aragundi detalló el trabajo que desarrolla el CJ para garantizar un acceso efectivo de los grupos de atención prioritaria a los servicios de justicia.
Citó que en el marco de aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la institución implementó un nuevo modelo integral de atención a las víctimas de violencia de género en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.
Agregó que actualmente, su vocalía y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia trabajan en la redacción de normativas como la Guía para la Aplicación del Protocolo Ecuatoriano de Entrevistas Forenses Especializadas a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual.
Señaló que la construcción de estos instrumentos legales es coordinada con instituciones como la Fiscalía General del Estado y organismos internacionales como Unicef.
De acuerdo a lo que señaló la vocal, el objetivo del taller es que se socialice el contenido de la futura resolución para que las organizaciones e instancias involucradas en la temática realicen observaciones y sugerencias. La idea es que estas propuestas se incluyan en el texto final que el Pleno del CJ apruebe.
Margarita Carranco, subdirectora nacional de Género del CJ, por su parte destacó la voluntad política que las actuales autoridades del Consejo han demostrado para implementar políticas de prevención y erradicación de la violencia de género.
Señaló que la implementación de la mencionada Ley Orgánica es un avance para la sociedad ecuatoriana. No obstante dijo que es necesario avanzar con acciones que permitan reducir los tiempos procesales previstos para este tipo de casos.
Indicó que en este contexto, uno de los objetivos es lograr que el procedimiento especial y expedito se extienda también al juzgamiento de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes “de tal manera que eso acorte los tiempos de resolución”.
En el Taller se expuso que una vez aprobada por el Pleno del CJ, la resolución regirá para todos los operadores de justicia que conozcan casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.
Se indicó también que su contenido fue planteado en estricto respeto a la independencia y competencias de los jueces, fiscales defensores públicos y servidores judiciales; y, conforme al principio de celeridad recogido en el Código Orgánico de la Función Judicial, a normativas internacionales como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y a lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de febrero de 2018, en la que se aprobó que los delitos sexuales contra menores no deben prescribir.
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