Comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y con el objetivo de evitar la impunidad en casos de violencia de género, el Consejo de la Judicatura (CJ) impulsó, durante los últimos tres meses, políticas públicas orientadas a proteger a quienes sufren algún tipo de agresión.
En esta línea, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia presentó al Presidente del CJ, Marcelo Merlo, un informe del trabajo realizado, desde el 19 de junio hasta el 4 de octubre de 2018, dentro del proceso de implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En él se señala que los equipos técnicos de esta dependencia, entre el 30 de junio y el 23 de agosto, efectuaron un diagnóstico de las unidades judiciales competentes en materia de violencia y un estudio de cobertura óptima del servicio de justicia especializado.
Paralelamente, aprobaron -y están en ejecución- el Plan Nacional para la Optimización y el Fortalecimiento de Unidades Judiciales; el Nuevo Modelo de Atención Pro Víctima; el Proyecto de Resolución de Precisión y Prelación de Competencias; el Protocolo de Atención Integral en Unidades Judiciales Competentes en materia de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; el Instructivo para Otorgamiento, Ejecución y Notificación de Medidas de Protección; el Plan de Capacitación y Fortalecimiento a Operadores de Justicia para la Implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, el CJ tomó todas las acciones para que, a partir del 3 de septiembre, 72 juezas y jueces especializados conozcan delitos de violencia física, psicológica (mujeres y núcleo familiar) y los de índole sexual y femicidio, según lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Igualmente, se hizo un seguimiento a la resolución de Corte Nacional de Justicia sobre precisión de competencias.
Del mismo modo, se trabaja en la implementación de una innovación tecnológica en el módulo externo del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) para registrar medidas de protección a nivel nacional y en los lugares más apartados.
“177 juntas cantonales de protección de derechos, 756 tenencias políticas, 256 comisarías nacionales tienen en este momento la facultad de emitir medidas de protección”, señala el informe.
Esta plataforma permitirá que las autoridades administrativas remitan su resolución de medidas de protección a los jueces para que ellos la confirmen, modifiquen o revoquen.
Para atender la demanda de la ciudadanía, la Dirección de Acceso incrementó los jueces de 72 a 91; secretarios de 72 a 91; ayudantes judiciales de 84 a 103; médicos de 26 a 29; psicólogos de 44 a 49; y trabajadores sociales de 45 a 51.
También se destacó la puesta en funcionamiento de Unidades Judiciales contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en Infracciones Flagrantes, con un nuevo modelo de atención, bajo el principio pro víctima, en Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil, donde se atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Estas dependencias cuentan con gestores judiciales, quienes prestan ayuda inmediata a las personas agredidas; equipos técnicos integrados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales; espacios para primera acogida; mecanismos de coordinación con Fiscalía y Defensoría Pública para la asistencia inmediata a las víctimas en casos flagrantes.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
