El Consejo de la Judicatura (CJ) pondrá en marcha un sistema que reducirá a un día la emisión de las medidas de protección administrativas, que solicitan las víctimas de violencia de género.
En la actualidad este trámite demora entre tres y cuatro meses, informó la subdirectora de Género de la institución, Margarita Carranco.
La herramienta estará lista en enero y es parte de la optimización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), dijo Carranco, durante la entrevista en el programa Más Cerca, que se transmite por el canal público Ecuador TV.
Recordó que ahora los tenientes políticos, las juntas cantonales de protección de derechos y los comisarios nacionales, pueden solicitar las medidas de protección al juez de la jurisdicción, quien las revisará para ratificarlas, modificarlas o revocarlas, luego de lo cual, él devolverá el trámite vía internet, para su inmediata emisión.
En este marco, reiteró que una de las políticas del CJ es la implementación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La norma también contempla la creación de unidades judiciales para Infracciones Flagrantes de Violencia contra la Mujer, que ya prestan sus servicios en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato con jueces especializados y con un nuevo modelo de atención. Por ejemplo, el transporte de la persona agredida y del presunto responsable se realiza por separado; el ingreso a las dependencias es diferenciado. Cuando una víctima llega a la unidad judicial, un funcionario le acompaña durante todo el proceso.
En estas dependencias existen espacios separados para atención a la víctima y al presunto responsable. La persona agredida puede rendir el testimonio anticipado y retirarse, sin necesidad de asistir a la audiencia. El objetivo es evitar la revictimización, sostuvo la doctora Carranco.
Estas unidades están abiertas las 24 horas, los siete días de la semana, ahí laboran jueces especializados, un equipo técnico (médico, trabajador social y psicólogo), entre otros funcionarios. El CJ trabaja en la capacitación y sensibilización de los funcionarios que conocen estos casos.
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