El Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión del Pleno realizada este 28 de agosto, determinó que los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sí son susceptibles de evaluación, por ello resolvió iniciar el proceso respectivo.
El Presidente del CJ, Marcelo Merlo, explicó que los artículos 170 y 178 de la Constitución garantizan la carrera judicial y la profesionalización de los servidores mediante la formación continua y la evaluación periódica. Además, determinan que la Corte es un organismo jurisdiccional, sujeto de evaluación por parte del Consejo de la Judicatura.
En ese contexto, anunció que la próxima semana, el CJ aprobará la metodología para valorar el desempeño de los 21 integrantes de la Corte.
“Será un proceso que merecerá la aceptación de todos los ciudadanos, que tendrá la mayor probidad, así como la imparcialidad y solvencia para que las juezas y los jueces se sientan absolutamente tranquilos. Aquí no habrá manipulaciones”, señaló.
El Pleno del CJ analiza dos propuestas metodológicas, la primera, presentada por la vocal Angélica Porras, plantea una estrategia que se basa en estándares internacionales y recomendaciones del experto ecuatoriano y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago Basabe.
“Las pautas generales de esa propuesta tienen que ver con la calidad del desempeño, no con el volumen de producción o el conocimiento del manejo del sistema informático y otros parámetros que se consideraban antes y que realmente no evidencian nada”, aseguró el vocal Juan Pablo Albán.
El funcionario indicó que la segunda metodología que se estudia fue elaborada por los asesores de la Presidencia del CJ, en coordinación con la Escuela de la Función Judicial y las direcciones de Tecnologías de la Información y de Innovación Procesal.
Esa propuesta plantea evaluar a los jueces nacionales con base en los parámetros utilizados para la renovación parcial que se ejecutó en 2014.
Detalló que esta metodología recomienda la valoración de la productividad judicial de los magistrados, así como el análisis de la argumentación jurídica de sus sentencias.
Albán aseguró que la evaluación de la Corte Nacional no tiene afán persecutorio, sino la finalidad de establecer, entre otras cosas, el desempeño ético de los jueces.
Añadió que, por esta razón, en el proceso también se tomará en cuenta los exámenes recientes que la Contraloría ha realizado al patrimonio de los integrantes de la CNJ.
“Es decir, mirar cómo entraron estas personas a la Corte, el patrimonio que tienen y cómo este se ha incrementado desde que asumieron sus funciones, así como analizar posibles actos de corrupción que podrían involucrarlos directamente”, dijo.
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