El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió dar por terminadas las funciones de los delegados de la institución en las 24 provincias del país.
La decisión fue adoptada este 09 de julio, en la reunión que el Pleno del organismo mantuvo con el propósito de analizar varios temas de orden administrativo.
De acuerdo a lo que decidieron las autoridades del CJ, para reemplazar a los funcionarios cesados se designará a juristas cuyos nombres se escogerán de las listas de candidatos que envíen las facultades de Derecho de las distintas universidades del país, así como las organizaciones sociales.
En ese contexto, el Presidente de la Judicatura, Marcelo Merlo, envió una carta a los rectores de 31 centros de estudios superiores públicos y privados. En el documento se señala que la academia debe jugar un rol esencial en la restauración del Estado democrático, la independencia de poderes y la justicia transparente que merecen todos los ecuatorianos.
Según la carta, las universidades deberán enviar sus propuestas, a más tardar, el 11 de julio de 2018.
Una invitación similar se hará a las organizaciones indígenas y afroecuatorianas, de trabajadores, docentes, mujeres y aquellas que promueven la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes.
Según explicó el vocal Juan Pablo Albán, esta convocatoria a las organizaciones es abierta y no está dirigida a gremios específicos. El objetivo es lograr una amplia participación de la ciudadanía y por ello, el proceso de designación contará con una etapa de impugnación en la que se podrá, con fundamentos y pruebas, cuestionar a los postulantes.
“Debe ser una impugnación debidamente sustentada, no basta con un simple rumor. Nuestra intención es escoger a los mejores ecuatorianos para representar al Consejo de la Judicatura en esta visión de lo que debe ser la justicia independiente”, señaló Albán.
Él explicó que el cambio de delegados provinciales del CJ era necesario, pues, en más de un caso, las personas que cumplían esas funciones en el Consejo de la Judicatura cesado hace poco más de un mes, “no se limitaban a la labor administrativa que por ley les correspondía sino que, además, interferían en algunos aspectos de la actividad jurisdiccional”.
Funciones de los presidentes de las Cortes Provinciales
Mientras se designa a los delegados, los presidentes de las Cortes Provinciales ejercerán sus funciones jurisdiccionales y adicionalmente, dirigirán las tareas administrativas del CJ.
Según el doctor Albán, se espera que esto sea por un corto tiempo. Recordó que los titulares de las Cortes deben actuar en estricto apego a la ley y sin extralimitarse en sus funciones.
“Durante ese período los presidentes de la Cortes Provinciales serán responsables por cualquier decisión buena o mala que tomen. No les estamos dando una patente de corso para que hagan lo que quieran. Si los presidentes de las Cortes incurren en atropellos, irregularidades o abusos, serán directamente responsables ante este Consejo y ante la ciudadanía”, enfatizó.
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