El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan Pablo Albán, se reunió este miércoles 4 de julio, con dirigentes indígenas y con representantes de la FIAN, organización internacional cuyo objetivo fundamental es la defensa del derecho a la alimentación.
En el encuentro que se desarrolló en la sede del CJ, los representantes de la Ecuarunari (filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de la FIAN expresaron sus preocupaciones por los problemas existentes en las comunidades Quimsacocha y Río Blanco (provincia de Azuay) en las cuales se desarrollan proyectos de extracción minera.
Jing Jing Zhang, delegada de la FIAN, expuso sus inquietudes acerca del ambiente que se vive en las mencionadas comunidades que aseguró, están afectadas por esta actividad.
De igual forma, dirigentes indígenas como Yaku Pérez Guartambel, aseguraron que en el país existe una política extractivista con la cual se ejecutan proyectos que, entre otras cosas, no cumplen con el procedimiento constitucional de consulta previa.
Pérez señaló que esto genera resistencia en las comunidades, así como la criminalización de quienes protestan. “En Azuay, por ejemplo se han iniciado causas penales en contra de 23 personas”, explicó.
En este contexto, solicitó que el CJ adopte mecanismos de seguimiento para asegurar la correcta aplicación de las leyes por parte de los jueces y así “evitar que la justicia se convierta en un instrumento del poder político y económico”.
Asimismo, propuso que se retome la mesa de diálogo que la Judicatura integró, en octubre de 2017, para conjuntamente con instituciones como los ministerios de Justicia, del Interior, la Corte Constitucional y las organizaciones indígenas coordinar acciones que fortalezcan el pluralismo jurídico en Ecuador.
Frente a esto, el vocal Albán se comprometió a exponer ante el Pleno del CJ los requerimientos planteados en la reunión.
Aseguró que las nuevas autoridades están empeñadas en tomar las acciones necesarias para que los jueces, fiscales y otros operadores de justicia desarrollen su trabajo en un marco de independencia y aplicación del debido proceso.
“Creo que desde el espacio del Consejo de la Judicatura podemos convertirnos en el punto focal para erradicar la criminalización de la protesta social, respetar la libertad de expresión y no permitir que los funcionarios judiciales se conviertan en agentes persecutorios”, indicó.
El funcionario aclaró que será el Pleno de la institución el que determine si se puede o no aplicar un mecanismo de monitoreo que permita apreciar cuál es el desempeño de los jueces, sin que esto implique una intervención en sus resoluciones o sentencias.
“Si eventualmente, el Pleno del Consejo resolviera que podemos hacer una suerte de seguimiento u observación al trabajo de los jueces, este no tendría que ser para sancionarles sino para tomar los correctivos necesarios en los procesos de formación, sensibilización y actualización de conocimientos”, afirmó.
Al concluir la reunión, la dirigencia indígena destacó la apertura al diálogo expresada por el vocal Albán en representación de las autoridades del CJ. “Vemos la frescura que se respira aquí en el Consejo de la Judicatura y eso nos augura las esperanzas de tener una justicia expedita y transparente que le dé a cada uno lo que le corresponde”, señaló Pérez Guartambel.
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