El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, invitó, este lunes 14 de agosto, a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a participar como veedores en el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El Pleno del CJ y el organismo anticorrupción se reunieron para coordinar acciones de prevención en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en el marco del diálogo nacional convocado por el Presidente de la República, Lenín Moreno.
Durante la cita, el doctor Jalkh destacó los logros alcanzados en la administración de justicia que permiten contar con un servicio público eficiente, que está más cerca de la ciudadanía, rinde cuentas, evalúa y promueve un ingreso meritocrático.
Resaltó que el concurso para elegir a los siete magistrados de la CNJ es transparente y puede ser observado por la ciudadanía y los medios de comunicación.
“Se han presentado 700 personas al concurso y hay alrededor de 600 que continúan, luego de haber pasado el primer filtro de análisis de requisitos previos. Hay 600 juristas del país que están optando por siete puestos en la Corte Nacional de Justicia y le hemos pedido al Frente Nacional que acompañe este proceso”, puntualizó.
Asimismo, en el encuentro se intercambiaron opiniones sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal que permitan una mayor agilidad procesal.
Según el Presidente Jalkh, el trabajo del CJ está orientado a disminuir los niveles de discrecionalidad y a aumentar los índices de rendición de cuentas. “Hemos mostrado nuestras políticas institucionales para que se disminuya la discrecionalidad, que los funcionarios actúen siempre apegados a Derecho, se aumente la rendición de cuentas con el sistema disciplinario, con el sistema de evaluación de desempeño, todo esto en beneficio de la ciudadanía”, señaló.
Por su parte, Pablo Dávila, en representación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, explicó que el encuentro con el CJ responde a un cronograma de reuniones previsto con representantes de las distintas instancias de control del Estado, así como organismos del sector privado, para determinar los principales problemas que originan la corrupción.
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