La Mesa de Justicia de la provincia de Orellana se reunió, este 12 de julio, con el objetivo de analizar y coordinar acciones que permitan fortalecer la administración de justicia y la seguridad ciudadana.
En la reunión, en la que participaron las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), delegados de la Gobernación, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia, se evaluó la gestión judicial en la provincia.
Los datos expuestos por el CJ indican que, en cuanto a audiencias, existe un cumplimiento de prácticamente el 96% de este tipo de diligencias. De igual forma, no existen caducidades de prisión preventiva.
En el tema no Penal, se indicó que, al igual que el resto del territorio nacional, la vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) ha reducido los tiempos de resolución de causas.
En Orellana los juicios sumarios hoy concluyen en un promedio de 70 días y antes duraban 700; un juicio Ejecutivo hoy finaliza en 80 días y antes duraba más de 600; un proceso Ordinario ahora llega a sentencia en 158 días y antes finalizaba hasta en cuatro años; y, finalmente, un juicio Monitorio, para el cobro de pequeñas cuantías de dinero, concluye en 77 días. Antes estos casos ni siquiera se judicializaban.
De igual forma, en esta provincia, los datos son positivos en cuanto a procedimientos como la Mediación. En los últimos seis meses, 524 audiencias de este tipo se instalaron y en el 82 % de ellas se llegó a un acuerdo entre las partes.
En este marco, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, anunció que se realizará una auditoría a los procesos penales relacionados con delitos flagrantes en la provincia de Orellana.
El objetivo de la evaluación, es determinar cuáles son las razones por las que, en cerca del 50% de causas de este tipo, que se juzgó por procedimiento directo, se dictaron sentencias que ratifican la inocencia de los acusados.
De acuerdo a lo que explicó el titular de la Judicatura, esta situación genera cierta preocupación puesto que, en el resto del país, en la mayoría de casos que son juzgados por proceso directo, los involucrados son declarados culpables.
“Un elemento para que esto ocurra podría ser, y lo digo de la manera más transparente, que eventualmente faltan peritos para que el fiscal vaya con un caso bien sostenido y sin peritajes, el juez tiene que declarar la inocencia. Podría estar ocurriendo también que el fiscal acusó en la flagrancia y cuando fue a la etapa de juzgamiento, no acusó porque le faltaron elementos. Vamos a analizarlo, aquí el tema es servir a la ciudadanía correctamente”, señaló.
Con base en los resultados que se obtengan de la auditoría, el CJ, la Fiscalía y la Corte Provincial determinarán las acciones que permitan corregir eventuales errores u omisiones en la aplicación de la normativa penal vigente.
El doctor Jalkh explicó que las medidas podrían ser de orden logístico, disciplinario o de capacitación para los operadores de justicia.
Por otro lado, se destacó que en todo el país se construyeron 80 centros judiciales los cuales ahora son lugares “de peregrinación de otros poderes judiciales” para ver su funcionamiento y diseño.
Al respecto, el doctor Jalkh señaló que se tiene planificado construir unidades judiciales en varios cantones, entre ellos, Esmeraldas, Babahoyo, Machala y Francisco de Orellana, pero todo depende de los recursos que otorgue el Poder Ejecutivo.
Las autoridades del CJ se reunieron con jueces de la Corte de Justicia de Orellana para evaluar la aplicación del COGEP y los índices de gestión. Por la tarde, se trasladaron a Nueva Loja (Sucumbíos) para mantener un encuentro con administradores de justicia y analizar el trabajo realizado en la provincia.
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