Con el propósito de frenar el porte y uso ilegal de armas, la Corte Nacional de Justicia emitirá una resolución que permitirá sancionar de forma efectiva y clara estos delitos. Esa fue una de las decisiones adoptadas por las autoridades de la Mesa de Justicia quienes se reunieron  en Cuenca, este 4 de julio.

Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que, en lo que va de este año, se registró un incremento en los niveles de homicidios, sicariatos y violencia criminal, fenómenos vinculados directamente con el uso de armas.

En ese contexto, indicó que el CJ, a través de la Escuela de Función Judicial, desarrollará procesos de capacitación para jueces y fiscales. El objetivo es que los operadores y administradores de justicia aclaren sus dudas acerca de las disposiciones legales que castigan a quienes tienen, portan o utilizan de forma ilegal este tipo de instrumentos.

“A veces nos ha pasado que un porte de armas se lo ha tipificado como una tenencia que implica una sanción menor. Debemos ser absolutamente rigurosos y radicales (…) El porte, es decir, llevar armas en un sitio público, es un delito de peligro y no se requiere que el arma se use, sino que, el solo hecho de llevarla, ya involucra el cometimiento de una infracción”, señaló.

Para el doctor Jalkh, es necesario que quienes juzgan estos casos tengan claro cuáles son las figuras y tipificaciones legales que deben aplicar, aun cuando el arma esté dañada.

“La Corte Nacional tomará medidas de clarificación de la norma en el sentido de que no hace falta que el arma esté en perfectas condiciones, para que exista el delito. Si tiene desperfectos sigue siendo arma y significa la comisión de un delito”, afirmó y agregó que de esta manera, la Función Judicial complementará la labor que realizan tanto la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas.

Acciones judiciales para combatir el femicidio

En lo referente a  la lucha contra la violencia intrafamiliar y el combate al femicidio, el titular del CJ informó que se evidencia un incremento en la frecuencia con que se comete este delito.

Así, mientras en 2016, se registraba un femicidio cada cinco días, en lo que va de este año, la cifra es de uno por cada tres días. “Esto es preocupante y puede responder, en alguna medida, al hecho de que ahora se visibiliza un fenómeno que antes estaba oculto socialmente, pero puede ser también porque hay que tomar medidas para erradicar el machismo y la violencia intrafamiliar”, señaló.

Según el Presidente del CJ, este delito tiene una respuesta por parte del sistema ya que de 138 casos judicializados, 74 fueron resueltos y 64 están en proceso.

La Mesa de Justicia, en su próxima reunión, evaluará el avance de estas causas, así como la aplicación de acciones que eviten los retrasos en las investigaciones.

El Presidente Jalkh recordó que el CJ envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas legales que permitirían tener procedimientos expeditos para enfrentar esta problemática.

Indulto presidencial

Otro de los temas analizados en la Mesa de Justicia fue la aplicación del decreto presidencial de indultos, emitido hace varias semanas por el exmandatario, Rafael Correa.

Al respecto, el titular del CJ recordó que este decreto beneficia a tres grupos de personas: las que están privadas de libertad por delitos sancionados con máximo cinco años de prisión, para las que habría un año de rebaja de pena; las que están sentenciadas por transporte de sustancias prohibidas (denominadas mulas del narcotráfico), siempre y cuando hayan cumplido el 30 % de la pena; y, finalmente, para los que tienen enfermedades terminales.

Más de 2600 personas podrían beneficiarse con el indulto, informó.

Destrucción de droga incautada

En este tema, el doctor Jalkh recordó que existe un protocolo para la destrucción de las sustancias prohibidas que estaban embodegadas por mucho tiempo.

“Ahora, son incautadas por la Policía, luego pasan a conocimiento de la Fiscalía, se judicializan en los tiempos procesales pertinentes, se establecen las evidencias y son enviadas para su destrucción. De esta manera, siempre habrá una cantidad mínima en bodega en función del avance del proceso penal”, dijo.

La aplicación de este protocolo permitió eliminar 118 toneladas de sustancias almacenadas desde 1992. Así lo confirmó Ledy Zúñiga, secretaria técnica de Drogas.

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