Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Néstor Arbito y Karina Peralta, expusieron, este 14 de junio, sus observaciones al Proyecto de Reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que se tramita en la Asamblea Nacional.
Atendiendo una invitación de la Comisión Legislativa de Justicia, los delegados del CJ señalaron que, en los temas como la tenencia compartida, el pago de pensiones alimenticias o el apremio para los deudores, se debe priorizar siempre el interés superior del niño.
La abogada Peralta explicó que por ejemplo, por concepto de pensiones alimenticias, en el país se manejan aproximadamente 500 millones de dólares al año, recursos que corresponden a 756 mil niños, niñas y adolescentes.
Sostuvo que, hasta abril de este año, 1242 personas fueron privadas de su libertad por el incumplimiento en el pago de esta obligación.
Asimismo, indicó que cualquier reforma en el mencionado Código tendrá impacto en la gestión de la Función Judicial como ya ocurre con la reciente resolución que dictó la Corte Constitucional sobre el apremio personal para los deudores de las pensiones de alimentos.
Esa resolución dispone que, los jueces pueden dictar el apremio en audiencia, siempre que el alimentante no justifique su incapacidad de pago o no comparezca a la diligencia.
A decir de la abogada Peralta, la aplicación de esta resolución implica el incremento de audiencias y por tanto, más recursos humanos, así como el cambio de los cronogramas respectivos. “Del análisis realizado con la Dirección de Estudios Jurimétricos el impacto sería de aproximadamente 5700 audiencias adicionales (…)”, afirmó.
Sobre este asunto, el vocal Arbito recordó que el COGEP ya eliminó el apremio personal para los obligados subsidiarios (tíos, hermanos mayores, abuelos y hasta garantes); unificó el sistema de citaciones; y redujo, a 30 días, la vigencia de la boleta de apremio.
Arbito destacó que con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en materia de Familia, se creó el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) que facilita la recaudación de las pensiones.
Comentó que durante 2016, se registraron 121 mil demandas en materia de Familia, de las cuales cerca de 72 mil han sido evacuadas y el resto está en trámite.
En cuanto a la coparentalidad o tenencia compartida, la abogada Peralta afirmó que este tema debe ser analizado a fondo por los legisladores, tomando en cuenta, sobre todo, el aporte que puede significar la presencia de ambos padres en la crianza de sus hijos.
Al final de sus intervenciones, los vocales del CJ se comprometieron a proporcionar a la Asamblea, estadísticas sobre pensiones de alimentos, así como a enviar un equipo técnico de asesores y peritos especializados en materia de Familia, para que con sus criterios y experiencias expliquen casos de tenencia compartida que ayuden a aclarar dudas de los asambleístas.
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