El Consejo de la Judicatura presentó, este jueves 18 de febrero, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha, una demanda contra la empresa española Indra por el incumplimiento en el contrato para el desarrollo e implementación del sistema “Justicia 2.0”, un software y hardware de administración de trámites judiciales que reemplazaría a la actual herramienta SATJE.

El monto demandado es de 32 millones de dólares, correspondientes al valor del contrato, el lucro cesante y el daño emergente que pudo existir.

Según el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, esta decisión se tomó debido a la negativa de la empresa de cumplir con todo lo ofrecido, pese a que, desde marzo de 2015, la Judicatura presentó los requerimientos judiciales respectivos.

“Nosotros solicitamos a la Contraloría realizar un examen especial a este contrato (…) La empresa ofreció arreglar los problemas que se visualizaron en el informe final de Contraloría, sin embargo no lo hicieron”, dijo y añadió que tras las últimas declaraciones de Indra, sobre una posible demanda al Estado ecuatoriano, se resolvió entablar la demanda.

Por su parte, el director general de la Judicatura, Tomás Alvear, explicó que para poder evidenciar los problemas, era necesario recibir la herramienta e implementar el proyecto piloto en Santa Elena.

Según dijo, fue en esta fase donde se evidenciaron las inconsistencias y el CJ emprendió las acciones jurídicas pertinentes. “Lo que nosotros estamos haciendo es velar por los fondos públicos del Estado”, manifestó y resaltó que la Judicatura tomó todas las medidas necesarias para que este incumplimiento no perjudique el desempeño del sistema informático de la Función Judicial.

Sobre una posible demanda penal contra la empresa española, las autoridades indicaron que, para ello, la Contraloría primero debe emitir un informe con indicio de responsabilidades de este tipo, y la Fiscalía sería la responsable de presentarla, en ningún caso la Judicatura.

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