1. Superar el atasco de causas rezagadas dentro del sistema penal.

Proyecto: “Unidades interinstitucionales de descongestión de causas” La propuesta está orientada a la depuración masiva de indagaciones previas rezagadas que, en la práctica, significa eliminar de los despachos de los Fiscales las causas susceptibles de ser archivadas y aliviar la carga laboral de los mismos a fin de que se concentren en las indagaciones con real expectativa de descubrimiento del delito.

El cumplimiento de esta meta se hará sin que esta labor implique un aumento de la demanda para los actuales jueces, porque ello colapsaría aún más los juzgados penales.

Al momento ya se encuentran depuradas las 170.000 causas propuestas al inicio del proyecto.

2. Disminuir la incidencia de causas que quedan rezagadas en el sistema penal.

Proyecto: “Unidades interinstitucionales de atención temprana” (depuración).

Con este proyecto los usuarios del sistema penal obtendrán respuestas más eficientes de casos investigables, conocerán la situación de aquellos que no son investigables, se evitará que se saturen los despachos de los Fiscales, se ofrecerá una mejor atención a los usuarios con respuestas oportunas a sus requerimientos y se potenciará la capacidad investigativa y el potencial del sistema para impulsar los casos con futuro para que lleguen a juicio.

3. Optimizar la calidad de respuesta en las causas con futuro:

Proyecto: “Unidades interinstitucionales de Delitos Flagrantes”.

La propuesta es crear una unidad interinstitucional con un esquema administrativo capaz de armar de manera inmediata el caso y

Unidad Interinstitucional de Descongestión de Causas en Quito.

Tramitar judicialmente en un tiempo reducido.

El objetivo final de este proyecto es multiplicar el número de casos que llegan a juicio y responder al clamor ciudadano de disminuir la impunidad y contribuir a la mejora de la seguridad.

Al momento el proyecto se encuentra en etapa de remodelación de Instalaciones donde funcionará la unidad y se prevé que entre en funcionamiento a finales de junio en la ciudad de Quito. Para la ciudad de Guayaquil la unidad entrará en funcionamiento a finales de Julio 2012.

4. Mejorar la adopción de la calidad de resoluciones judiciales

Proyecto: “Portal de registro e información para audiencias penales”

Este proyecto proporcionará un instrumento adecuado de registro e información y de consulta, y principalmente las actuaciones se verán reflejadas en respuestas más eficientes, justas y que garanticen la correcta aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva y de los procedimientos alternativos al juicio.

5. Generar políticas públicas que disminuyan la incidencia delictiva y mejoren la convivencia ciudadana

5.1. Proyecto: “Banco seguro”.

El proyecto se inserta en la filosofía de la persecución penal estratégica para conseguir cambios de ciertos usos sociales con el fin de disminuir de manera relevante la incidencia de la criminalidad No conseguir la mejora de la convivencia social.

En este caso, la intervención se dirige a mejorar los estándares de seguridad de los bancos y de esta manera atacar elementos claves para desarmar la cadena delictiva. Su ejecución demanda acuerdos con la banca privada, municipios y Fiscalía.

5.2. Proyecto: “Plan Combate contra la captación y venta de objetos de dudosa procedencia”.

La intención de este proyecto es montar una estrategia constante en la cual el Juez de Contravenciones, exclusivamente nombrado para el tema de cachinerías, cumpla un cronograma de operativos coordinados con la Policía Nacional y las instituciones que se requieran, según el caso, en donde se va a retener la mercadería que no se justifique con documentos de respaldo. De esta manera, al ir constantemente a los lugares de captación y venta de objetos de dudosa procedencia se va a tener un responsable para que este tipo de negocios bajen paulatinamente, mientras se ejerce un control periódico. La finalidad es la disminución de hurtos, robos y sobre todo asaltos.

5.3. Proyecto: “Reducción de la Impunidad en Delitos de Tránsito”

El objetivo general es disminuir la impunidad mediante el uso de herramientas propias del derecho procesal penal como son las medidas cautelares y las salidas alternativas al proceso penal ordinario, y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia penal de tránsito. El proyecto está en ejecución en dos ciudades.