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El Consejo de la Judicatura (CJ) ejecutó el Plan Operativo y de Fortalecimiento de la Gestión de Citaciones, a través del cual se entregaron más de 2400 citaciones en 239 recintos electorales. Dicho plan, es un piloto enfocado en la provincia de Pichincha, que garantiza la tutela judicial efectiva y, en los casos de niñez, atiende al interés superior de niños, niñas y adolescentes.

 

El pasado 2 de febrero, el Pleno de la Judicatura adoptó la Resolución No. 012-2023, con el voto de los vocales Fausto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Velín y Solanda Goyes Quelal. De esta forma, 376 citadores acreditados y 105 supervisores de la Función Judicial realizaron esta diligencia a personas que tienen procesos judiciales en materia de niñez y adolescencia, familia, inquilinato, civil y laboral.

 

El vocal Juan José Morillo Velasco verificó en varios recintos la ejecución del plan piloto y explicó que es exclusivo para citaciones en persona con demandas en las materias antes mecionadas, pues de acuerdo a los artículos 54 y 63 del COGEP, las citaciones en persona se pueden hacer en cualquier lugar, día y hora.

 

Las citaciones cumplen con las decisiones dictadas por los jueces en providencias, siendo la citación en persona, la forma más efectiva de realizar esta diligencia, puesto que se le hace conocer al demandado de manera directa que existe una acción en su contra, asegurándole su legítimo derecho a la defensa.

 

El CJ agradece a los servidores judiciales que fueron parte de esta jornada, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y demás instituciones del Estado involucradas en la aplicación de este plan piloto, que actuaron en observación al artículo 216 de la Constitución de la República. Adicionalmente, manifiesta que seguirá impulsando políticas que mejoren el servicio de la administración de justicia.

 

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) ejecutó el Plan Operativo y de Fortalecimiento de la Gestión de Citaciones, a través del cual se entregaron más de 2400 citaciones en 239 recintos electorales. Dicho plan, es un piloto enfocado en la provincia de Pichincha, que garantiza la tutela judicial efectiva y, en los casos de niñez, atiende al interés superior de niños, niñas y adolescentes.

 

El pasado 2 de febrero, el Pleno de la Judicatura adoptó la Resolución No. 012-2023, con el voto de los vocales Fausto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Velín y Solanda Goyes Quelal. De esta forma, 376 citadores acreditados y 105 supervisores de la Función Judicial realizaron esta diligencia a personas que tienen procesos judiciales en materia de niñez y adolescencia, familia, inquilinato, civil y laboral.

 

El vocal Juan José Morillo Velasco verificó en varios recintos la ejecución del plan piloto y explicó que es exclusivo para citaciones en persona con demandas en las materias antes mecionadas, pues de acuerdo a los artículos 54 y 63 del COGEP, las citaciones en persona se pueden hacer en cualquier lugar, día y hora.

 

Las citaciones cumplen con las decisiones dictadas por los jueces en providencias, siendo la citación en persona, la forma más efectiva de realizar esta diligencia, puesto que se le hace conocer al demandado de manera directa que existe una acción en su contra, asegurándole su legítimo derecho a la defensa.

 

El CJ agradece a los servidores judiciales que fueron parte de esta jornada, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y demás instituciones del Estado involucradas en la aplicación de este plan piloto, que actuaron en observación al artículo 216 de la Constitución de la República. Adicionalmente, manifiesta que seguirá impulsando políticas que mejoren el servicio de la administración de justicia.

 

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) recuperó 1’001.134,13 dólares por concepto de deuda preexistente del monto económico de participación que corresponde al Estado por los servicios que prestan las notarías.

 

El artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las notarías deben depositar el monto correspondiente a la participación del Estado por los servicios notariales prestados, dentro de los 10 primeros días de cada mes, a la cuenta única del Tesoro Nacional, además de presentar la respectiva liquidación al CJ.

 

El valor devuelto corresponde a una deuda prexistente por la prestación de servicios de 6 notarías de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Pichincha y Los Ríos.

 

El CJ, en su calidad de órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ha fortalecido el proceso de seguimiento, coordinación y recuperación de valores pendientes de pago por parte de las y los notarios que incumplen o han incumplido con el pago a la participación al Estado, trabajando de manera coordinada con las direcciones provinciales a escala nacional.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) recuperó 1’001.134,13 dólares por concepto de deuda preexistente del monto económico de participación que corresponde al Estado por los servicios que prestan las notarías.

 

El artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que las notarías deben depositar el monto correspondiente a la participación del Estado por los servicios notariales prestados, dentro de los 10 primeros días de cada mes, a la cuenta única del Tesoro Nacional, además de presentar la respectiva liquidación al CJ.

 

El valor devuelto corresponde a una deuda prexistente por la prestación de servicios de 6 notarías de las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Pichincha y Los Ríos.

 

El CJ, en su calidad de órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, ha fortalecido el proceso de seguimiento, coordinación y recuperación de valores pendientes de pago por parte de las y los notarios que incumplen o han incumplido con el pago a la participación al Estado, trabajando de manera coordinada con las direcciones provinciales a escala nacional.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) condena y repudia el atentado contra la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Paján de la provincia de Manabí, Genny Maribel Guanoluiza Delgado, y del secretario judicial, Orly Alíster Manrique Toala.

 

El CJ expresa su solidaridad con los familiares de los servidores judiciales objeto de este atentado y solicitó al Ministerio del Interior que brinde protección a los servidores judiciales en la casa de salud donde son atendidos. En ese sentido, exhorta al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional a fortalecer los esquemas de seguridad para los integrantes de la Función Judicial.

 

Desde abril de 2022 está vigente el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.

 

En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes. Todos los pedidos de protección de servidores judiciales han sido debidamente canalizados.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

El Consejo de la Judicatura (CJ) condena y repudia el atentado contra la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Paján de la provincia de Manabí, Genny Maribel Guanoluiza Delgado, y del secretario judicial, Orly Alíster Manrique Toala.

 

El CJ expresa su solidaridad con los familiares de los servidores judiciales objeto de este atentado y solicitó al Ministerio del Interior que brinde protección a los servidores judiciales en la casa de salud donde son atendidos. En ese sentido, exhorta al Gobierno Nacional y a la Policía Nacional a fortalecer los esquemas de seguridad para los integrantes de la Función Judicial.

 

Desde abril de 2022 está vigente el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.

 

En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes. Todos los pedidos de protección de servidores judiciales han sido debidamente canalizados.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Este lunes 30 de enero, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, se reunió con Karla Delgado, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ) y con representantes de los núcleos provinciales del gremio. El objetivo del encuentro fue identificar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la Función Judicial.

 

Seguridad y jubilación de los servidores judiciales fueron los temas centrales de la cita. Al respecto, el doctor Román recordó que garantizar un ambiente de trabajo adecuado para quienes laboran en la Función Judicial es una prioridad para el CJ. Explicó que la institución ha realizado las gestiones necesarias con el Ministerio de Finanzas para obtener los recursos financieros que permitan concretar el pago de jubilaciones de los servidores judiciales.

 

Karla Delgado ratificó la voluntad de la AEMAJ de trabajar en conjunto con el CJ en busca de mejorar el servicio judicial para los ciudadanos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

Este lunes 30 de enero, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, se reunió con Karla Delgado, presidenta de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ) y con representantes de los núcleos provinciales del gremio. El objetivo del encuentro fue identificar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la Función Judicial.

 

Seguridad y jubilación de los servidores judiciales fueron los temas centrales de la cita. Al respecto, el doctor Román recordó que garantizar un ambiente de trabajo adecuado para quienes laboran en la Función Judicial es una prioridad para el CJ. Explicó que la institución ha realizado las gestiones necesarias con el Ministerio de Finanzas para obtener los recursos financieros que permitan concretar el pago de jubilaciones de los servidores judiciales.

 

Karla Delgado ratificó la voluntad de la AEMAJ de trabajar en conjunto con el CJ en busca de mejorar el servicio judicial para los ciudadanos.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión extraordinaria de este 25 de enero de 2023, destituyó del cargo de juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia al abogado Ángel Harry Lindao Vera, por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia, dictada por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por su actuación como juez en la acción de protección No. 23303-2022-00734 planteada por Leandro Norero.

 

La destitución de Lindao se tomó por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, apartándose del informe motivado enviado por la Dirección Provincial del CJ de Santo Domingo de los Tsáchilas, que fue remitido al 30 de diciembre de 2022 a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.

 

En el uso de sus funciones establecidas en el artículo 264, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del CJ removió al Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

 

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en sesión extraordinaria de este 25 de enero de 2023, destituyó del cargo de juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia al abogado Ángel Harry Lindao Vera, por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia, dictada por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por su actuación como juez en la acción de protección No. 23303-2022-00734 planteada por Leandro Norero.

 

La destitución de Lindao se tomó por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, apartándose del informe motivado enviado por la Dirección Provincial del CJ de Santo Domingo de los Tsáchilas, que fue remitido al 30 de diciembre de 2022 a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario.

 

En el uso de sus funciones establecidas en el artículo 264, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno del CJ removió al Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

 

 

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