El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante Resolución 213- 2021, nombró a cuatro defensores públicos para las provincias de Guayas y Loja.

Esta designación se realizó con base en los informes técnicos de las Direcciones de Talento Humano y la Dirección General del CJ.

De los cuatro servidores designados, tres son permanentes y uno es temporal, de acuerdo al siguiente detalle:

El CJ, en aplicación a sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en los artículos 181 de la Constitución de la República del Ecuador y 264 numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, continuará trabajando para garantizar a la ciudadanía un servicio de justicia eficiente y eficaz.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), mediante Resolución 213- 2021, nombró a cuatro defensores públicos para las provincias de Guayas y Loja.

Esta designación se realizó con base en los informes técnicos de las Direcciones de Talento Humano y la Dirección General del CJ.

De los cuatro servidores designados, tres son permanentes y uno es temporal, de acuerdo al siguiente detalle:

El CJ, en aplicación a sus atribuciones constitucionales y legales contenidas en los artículos 181 de la Constitución de la República del Ecuador y 264 numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, continuará trabajando para garantizar a la ciudadanía un servicio de justicia eficiente y eficaz.

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El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, cuenta con 139 oficinas y

140 mediadores,quienes atienden la demanda de la ciudadanía en 115 cantones del país.

Este 10 de diciembre de 2021, se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Mediadores, que tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias y entre los mediadores de las 24 provincias del país.

Este evento fue organizado por el Centro de Mediación de la Función Judicial y durante su inauguración, el vocal del CJ, Xavier Muñoz Intriago, resaltó la importancia de la mediación como mecanismo social para promover en el país la cultura de paz y de acuerdos.

En el marco del encuentro, se desarrollaron ponencias relacionadas con: las buenas prácticas en la mediación, la importancia de atender adecuadamente al usuario y la mediación con enfoque de género.

Enmarcado en el segundo eje de gestión Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servicios judiciales, el CJ continuará con la promoción de la Mediación como mecanismo para incrementar la confianza de las y los ciudadanos en los métodos alternativos de solución de conflictos.

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El Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, cuenta con 139 oficinas y

140 mediadores,quienes atienden la demanda de la ciudadanía en 115 cantones del país.

Este 10 de diciembre de 2021, se desarrolló el Segundo Encuentro Nacional de Mediadores, que tuvo como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias y entre los mediadores de las 24 provincias del país.

Este evento fue organizado por el Centro de Mediación de la Función Judicial y durante su inauguración, el vocal del CJ, Xavier Muñoz Intriago, resaltó la importancia de la mediación como mecanismo social para promover en el país la cultura de paz y de acuerdos.

En el marco del encuentro, se desarrollaron ponencias relacionadas con: las buenas prácticas en la mediación, la importancia de atender adecuadamente al usuario y la mediación con enfoque de género.

Enmarcado en el segundo eje de gestión Fortalecimiento Institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servicios judiciales, el CJ continuará con la promoción de la Mediación como mecanismo para incrementar la confianza de las y los ciudadanos en los métodos alternativos de solución de conflictos.

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En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, autoridades del sector justicia y de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como representantes de la sociedad civil y la academia, inauguraron, este 10 de diciembre de 2021, el “Mecanismo de diálogo y coordinación entre justicia ordinaria y autoridades indígenas. Espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias”.

Este proceso se desarrolla en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) No.112-14-JH/21, que dispuso al Consejo de la Judicatura (CJ) formular un plan participativo para fortalecer el enfoque intercultural en los órganos jurisdiccionales. También es parte de las actividades relacionadas con el proyecto Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del Fortalecimiento de la Justicia Indígena, de la Unión Europea (UE) y la organización Manos Unidas, de España.

Este evento contó con la participación del Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia de la institución, Solanda Goyes; y, representantes de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de la UE en Ecuador, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).También estuvieron jueces, fiscales, defensores públicos, delegados de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Durante la inauguración, Santiago Peñaherrera indicó que este proceso de diálogo está orientado a cumplir los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas contemplados en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales.

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En conmemoración del Día de los Derechos Humanos, autoridades del sector justicia y de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como representantes de la sociedad civil y la academia, inauguraron, este 10 de diciembre de 2021, el “Mecanismo de diálogo y coordinación entre justicia ordinaria y autoridades indígenas. Espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias”.

Este proceso se desarrolla en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) No.112-14-JH/21, que dispuso al Consejo de la Judicatura (CJ) formular un plan participativo para fortalecer el enfoque intercultural en los órganos jurisdiccionales. También es parte de las actividades relacionadas con el proyecto Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del Fortalecimiento de la Justicia Indígena, de la Unión Europea (UE) y la organización Manos Unidas, de España.

Este evento contó con la participación del Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia de la institución, Solanda Goyes; y, representantes de la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de la UE en Ecuador, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).También estuvieron jueces, fiscales, defensores públicos, delegados de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Durante la inauguración, Santiago Peñaherrera indicó que este proceso de diálogo está orientado a cumplir los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas contemplados en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en el marco de su potestad disciplinaria, destituyó a Y. M. P. O . de su cargo de jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

La servidora incurrió en la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que sanciona con la destitución a quien “intervenga en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

La decisión fue adoptada mediante resolución del 7 de diciembre de 2021, una vez que el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito declaró jurisdiccionalmente la manifiesta negligencia en la actuación de la mencionada servidora.

Con esto, la exservidora, queda inhabilitada para desempeñar un cargo en la Función Judicial conforme lo estipula el artículo 77, numeral 6 del COFJ, y el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

El CJ tiene como primer eje de gestión institucional la Lucha Contra la Corrupción, en este marco reitera su compromiso para sancionar a quienes actúan contra la correcta administración de la justicia y vulneran los derechos de los ciudadanos.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en el marco de su potestad disciplinaria, destituyó a Y. M. P. O . de su cargo de jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

La servidora incurrió en la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que sanciona con la destitución a quien “intervenga en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

La decisión fue adoptada mediante resolución del 7 de diciembre de 2021, una vez que el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito declaró jurisdiccionalmente la manifiesta negligencia en la actuación de la mencionada servidora.

Con esto, la exservidora, queda inhabilitada para desempeñar un cargo en la Función Judicial conforme lo estipula el artículo 77, numeral 6 del COFJ, y el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

El CJ tiene como primer eje de gestión institucional la Lucha Contra la Corrupción, en este marco reitera su compromiso para sancionar a quienes actúan contra la correcta administración de la justicia y vulneran los derechos de los ciudadanos.

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Para el Consejo de la Judicatura (CJ) es una prioridad dotar a la Función Judicial de herramientas que permitan prevenir, combatir y sancionar de manera célere y oportuna la corrupción. En este marco, impulsa acciones para enfrentar esta problemática de forma efectiva. Entre las más importantes están:

1. Denuncias ciudadanas.- Entre enero y noviembre de 2021, la Dirección Nacional de Gestión de Transparencia del CJ atendió 775 denuncias ciudadanas.

2. Mesa de Lucha Contra la Corrupción.- Junto al Ministerio de Gobierno, la Defensoría Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en enero de 2021, se creó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción, con el propósito de articular acciones que fortalezcan las capacidades institucionales; identificar riesgos de corrupción; y, optimizar mecanismos de transparencia y acceso a la información.

3. Creación de instancias jurisdiccionales especializadas.- El 19 de noviembre de 2021 creó la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado.

4. Reformas al Código de Ética de la Función Judicial.- Este proceso se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos.

5. Creación en la provincia del Guayas de un enlace de coordinación con la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión para la investigación de casos de corrupción en el sistema judicial.

6. Cooperación Internacional.- El CJ es parte de la Red Mundial de Integridad Judicial como sede de entrenamiento. Además con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea se generó la Guía de lucha contra la corrupción y crimen organizado para uso de los operadores de justicia.

También se ejecuta un convenio con la Pan American Development Foundation Inc (PADF), que trabaja con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, en el proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales.

De esta forma, el CJ actúa en el marco de la Constitución de la República y las leyes vigentes y reafirma su compromiso para prevenir y sancionar los hechos de corrupción judicial, con todo el rigor de la ley.

En este contexto recuerda a la ciudadanía que ha implementado canales oficiales para la recepción de denuncias sobre de casos de corrupción en la Función Judicial. Los ciudadanos que conozcan de actos irregulares pueden acudir a las Direcciones Provinciales del CJ; denunciar mediante un formulario web que está en la página web del Consejo de la Judicatura o a través de la línea gratuita 1800 TRANSPARENCIA (1800-872 677).

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Para el Consejo de la Judicatura (CJ) es una prioridad dotar a la Función Judicial de herramientas que permitan prevenir, combatir y sancionar de manera célere y oportuna la corrupción. En este marco, impulsa acciones para enfrentar esta problemática de forma efectiva. Entre las más importantes están:

1. Denuncias ciudadanas.- Entre enero y noviembre de 2021, la Dirección Nacional de Gestión de Transparencia del CJ atendió 775 denuncias ciudadanas.

2. Mesa de Lucha Contra la Corrupción.- Junto al Ministerio de Gobierno, la Defensoría Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en enero de 2021, se creó la Mesa de Lucha Contra la Corrupción, con el propósito de articular acciones que fortalezcan las capacidades institucionales; identificar riesgos de corrupción; y, optimizar mecanismos de transparencia y acceso a la información.

3. Creación de la Unidad Judicial.- El 19 de noviembre de 2021 creó la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado.

4. Reformas al Código de Ética de la Función Judicial.- Este proceso se cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la Organización de Estados Americanos.

5. Creación en la provincia del Guayas de un enlace de coordinación con la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión para la investigación de casos de corrupción en el sistema judicial.

6. Cooperación Internacional.- El CJ es parte de la Red Mundial de Integridad Judicial como sede de entrenamiento. Además con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea se generó la Guía de lucha contra la corrupción y crimen organizado para uso de los operadores de justicia.

También se ejecuta un convenio con la Pan American Development Foundation Inc (PADF), que trabaja con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, en el proyecto de fortalecimiento de capacidades judiciales.

De esta forma, el CJ actúa en el marco de la Constitución de la República y las leyes vigentes y reafirma su compromiso para prevenir y sancionar los hechos de corrupción judicial, con todo el rigor de la ley.

En este contexto recuerda a la ciudadanía que ha implementado canales oficiales para la recepción de denuncias sobre de casos de corrupción en la Función Judicial. Los ciudadanos que conozcan de actos irregulares pueden acudir a las Direcciones Provinciales del CJ; denunciar mediante un formulario web que está en la página web del Consejo de la Judicatura o a través de la línea gratuita 1800 TRANSPARENCIA (1800-872 677).

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