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Expertos coinciden en que se deben garantizar los derechos de

los jóvenes infractores a la rehabilitación y reinserción social.

 

 

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces de Garantías Penales de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja e Imbabura se reunieron, el jueves 16 de diciembre, para tratar la situación de los jóvenes adultos que, mientras cumplen medidas socio educativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), alcanzan la mayoría de edad y enfrentan nuevos procesos penales.

 

En el encuentro estuvieron presentes el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes; la experta jurista, fiscal y profesora argentina, Mary Beloff; y, el psicólogo de la Fundación Tierra de Hombres, Martín Estrella, quienes, junto a las juezas y jueces, coincidieron en que se debe extender la protección a este grupo y analizaron las medidas que permitan garantizar los derechos de los jóvenes.

 

Santiago Peñaherrera recordó que la Constitución de la República establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por tanto merecen un tratamiento y atención especial de parte del Estado.

 

En la misma línea, Solanda Goyes se refirió a los instrumentos internacionales que establecen los procedimientos a seguir para estos temas, como la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que los objetivos de la justicia juvenil son la responsabilización, restauración del daño, rehabilitación y reinserción social.

 

Por su parte, Mary Beloff se refirió a la protección que el Estado debe dar a las y los adolescentes y jóvenes que permanecen en los CAI, según los estándares internacionales en la materia, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y cuya finalidad es la rehabilitación y reinserción en la sociedad.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

Expertos coinciden en que se deben garantizar los derechos de

los jóvenes infractores a la rehabilitación y reinserción social.

 

 

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces de Garantías Penales de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja e Imbabura se reunieron, el jueves 16 de diciembre, para tratar la situación de los jóvenes adultos que, mientras cumplen medidas socio educativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), alcanzan la mayoría de edad y enfrentan nuevos procesos penales.

 

En el encuentro estuvieron presentes el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes; la experta jurista, fiscal y profesora argentina, Mary Beloff; y, el psicólogo de la Fundación Tierra de Hombres, Martín Estrella, quienes, junto a las juezas y jueces, coincidieron en que se debe extender la protección a este grupo y analizaron las medidas que permitan garantizar los derechos de los jóvenes.

 

Santiago Peñaherrera recordó que la Constitución de la República establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por tanto merecen un tratamiento y atención especial de parte del Estado.

 

En la misma línea, Solanda Goyes se refirió a los instrumentos internacionales que establecen los procedimientos a seguir para estos temas, como la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que los objetivos de la justicia juvenil son la responsabilización, restauración del daño, rehabilitación y reinserción social.

 

Por su parte, Mary Beloff se refirió a la protección que el Estado debe dar a las y los adolescentes y jóvenes que permanecen en los CAI, según los estándares internacionales en la materia, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y cuya finalidad es la rehabilitación y reinserción en la sociedad.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

La Mesa Técnica del Consejo de la Judicatura (CJ) encargada de impulsar el proceso de evaluación de desempeño y productividad de las y los jueces de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, inició su trabajo, este 17 de diciembre.

 

La reunión fue convocada y liderada por la Dirección General y contó con la participación de las y los servidores de las direcciones nacionales de Gestión Procesal; de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; de Talento Humano, de Estudios Jurimétricos; de la Escuela de la Función Judicial; entre otras.

 

Durante esta jornada, se trabajó en la construcción del proyecto de instructivo para la metodología que se aplicará en este proceso. Se revisaron temas relacionados con los parámetros de evaluación, los evaluadores, los comités de reconsideraciones, los puntajes, los periodos de la evaluación, entre otros. El objetivo es contar con una herramienta técnica, pero sobre todo efectiva y transparente para la evaluación.  

 

El Pleno del CJ, mediante resolución 186-2021, expidió el Reglamento general para la mencionada evaluación, donde en la disposición transitoria primera se determinó la elaboración del instructivo correspondiente.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La Mesa Técnica del Consejo de la Judicatura (CJ) encargada de impulsar el proceso de evaluación de desempeño y productividad de las y los jueces de Cortes Provinciales y Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, inició su trabajo, este 17 de diciembre.

 

La reunión fue convocada y liderada por la Dirección General y contó con la participación de las y los servidores de las direcciones nacionales de Gestión Procesal; de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; de Talento Humano, de Estudios Jurimétricos; de la Escuela de la Función Judicial; entre otras.

 

Durante esta jornada, se trabajó en la construcción del proyecto de instructivo para la metodología que se aplicará en este proceso. Se revisaron temas relacionados con los parámetros de evaluación, los evaluadores, los comités de reconsideraciones, los puntajes, los periodos de la evaluación, entre otros. El objetivo es contar con una herramienta técnica, pero sobre todo efectiva y transparente para la evaluación.  

 

El Pleno del CJ, mediante resolución 186-2021, expidió el Reglamento general para la mencionada evaluación, donde en la disposición transitoria primera se determinó la elaboración del instructivo correspondiente.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Mediante el sistema SATJE – Consultas, la ciudadanía podrá verificar el

estado en el que se encuentra su proceso judicial en esta etapa procesal.

 

 

Como parte de la modernización de la justicia y en procura de la transparencia, acceso a la justicia y mejora permanente, el Consejo de la Judicatura (CJ) desarrolla un nuevo modelo de gestión de citaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno en la entrega de las mismas.

 

El sistema permitirá mejorar la productividad y efectividad en la gestión de la citación, simplificar el proceso, minimizar el tiempo de tramitación de las causas judiciales, y optimizar recursos y gestión de talento humano.

 

En este contexto el jueves 16 de diciembre de 2021, el CJ a través de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, realizó una capacitación dirigida a secretarios y técnicos de ventanilla a nivel nacional, en la que el vocal del CJ, Juan José Morillo resaltó los beneficios de este sistema.

 

El proyecto se desarrolla en tres fases, la primera inició en julio de 2021. Al momento, se cumple la fase dos que consiste en la implementación de acciones operativas que permitirán que, a futuro, todos los órganos, entidades e instituciones del sector público sean citados de forma telemática a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tal como lo establece el artículo 53.1 del Código Orgánico de Gestión de Procesos (COGEP).

 

La última fase y ejecución del proyecto se realizará en el primer trimestre del 2022.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

Mediante el sistema SATJE – Consultas, la ciudadanía podrá verificar el estado

en el que se encuentra su proceso judicial en esta etapa procesal.

 

 

Como parte de la modernización de la justicia y en procura de la transparencia, acceso a la justicia y mejora permanente, el Consejo de la Judicatura (CJ) desarrolla un nuevo modelo de gestión de citaciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno en la entrega de las mismas.

 

El sistema permitirá mejorar la productividad y efectividad en la gestión de la citación, simplificar el proceso, minimizar el tiempo de tramitación de las causas judiciales, y optimizar recursos y gestión de talento humano.

 

En este contexto el jueves 16 de diciembre de 2021, el CJ a través de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, realizó una capacitación dirigida a secretarios y técnicos de ventanilla a nivel nacional, en la que el vocal del CJ, Juan José Morillo resaltó los beneficios de este sistema.

 

El proyecto se desarrolla en tres fases, la primera inició en julio de 2021. Al momento, se cumple la fase dos que consiste en la implementación de acciones operativas que permitirán que, a futuro, todos los órganos, entidades e instituciones del sector público sean citados de forma telemática a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tal como lo establece el artículo 53.1 del Código Orgánico de Gestión de Procesos (COGEP).

 

La última fase y ejecución del proyecto se realizará en el primer trimestre del 2022.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El servicio de justicia se fortalece en la Amazonia. Este 16 de diciembre de 2021, se realizó de manera virtual el acto de posesión de la jueza temporal multicompetente, Silvia Patricia Tuza, quien desempeñará sus funciones en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, en su intervención, resaltó que este nombramiento se basa en las competencias que tiene el CJ, y en el fortalecimiento de los servicios de justicia en las distintas provincias, para garantizar los derechos de la ciudadanía.

 

La toma del juramento de rigor estuvo a cargo del Vocal del CJ, Juan José Morillo, quien manifestó que “el pueblo de Taisha se ve reivindicado con esta necesidad de contar con un jueza o juez para administrar justicia, así también indicó que el Pleno del CJ continuará con la construcción de un camino de justicia a lo largo del país.

 

Los vocales del CJ Maribel Barreno y Fausto Murillo Fierro, así como juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago y autoridades locales de la provincia, se conectaron de manera virtual a este acto enmarcado en el segundo eje de gestión institucional: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, la evaluación y tecnificación a las y los servidores judiciales”.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El servicio de justicia se fortalece en la Amazonia. Este 16 de diciembre de 2021, se realizó de manera virtual el acto de posesión de la jueza temporal multicompetente, Silvia Patricia Tuza, quien desempeñará sus funciones en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

 

El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, en su intervención, resaltó que este nombramiento se basa en las competencias que tiene el CJ, y en el fortalecimiento de los servicios de justicia en las distintas provincias, para garantizar los derechos de la ciudadanía.

 

La toma del juramento de rigor estuvo a cargo del Vocal del CJ, Juan José Morillo, quien manifestó que “el pueblo de Taisha se ve reivindicado con esta necesidad de contar con un jueza o juez para administrar justicia, así también indicó que el Pleno del CJ continuará con la construcción de un camino de justicia a lo largo del país.

 

Los vocales del CJ Maribel Barreno y Fausto Murillo Fierro, así como juezas y jueces de la Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago y autoridades locales de la provincia, se conectaron de manera virtual a este acto enmarcado en el segundo eje de gestión institucional: “Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, la evaluación y tecnificación a las y los servidores judiciales”.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, presentó a nombre de la institución, los aportes técnicos al informe para primer debate al Proyecto de Ley Derogatoria a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.

 

En su intervención, señaló que las recomendaciones del CJ tienen que ver con el objeto y la finalidad contemplados en los artículos 1 y 2 del proyecto, para que exista armonía con las normas legales del modelo de administración pública abierta. De igual forma, tienen relación con el ámbito de aplicación de la ley y con los principios relativos a la normativa de transparencia.

 

El Director General también indicó que es necesario establecer una diferencia entre los conceptos de información reservada e información confidencial.

 

La comparecencia se realizó de manera virtual, y en ella participaron también las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Defensoría del Pueblo, de la Función de Transparencia y Control Social y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

 

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El Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Santiago Peñaherrera Navas, presentó a nombre de la institución, los aportes técnicos al informe para primer debate al Proyecto de Ley Derogatoria a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional.

 

En su intervención, señaló que las recomendaciones del CJ tienen que ver con el objeto y la finalidad contemplados en los artículos 1 y 2 del proyecto, para que exista armonía con las normas legales del modelo de administración pública abierta. De igual forma, tienen relación con el ámbito de aplicación de la ley y con los principios relativos a la normativa de transparencia.

 

El Director General también indicó que es necesario establecer una diferencia entre los conceptos de información reservada e información confidencial.

 

La comparecencia se realizó de manera virtual, y en ella participaron también las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Defensoría del Pueblo, de la Función de Transparencia y Control Social y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

 

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