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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), con la presencia de la Presidenta María del Carmen Maldonado; los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro, presentó, de manera virtual, ante la Asamblea Nacional, su Informe Anual de Labores 2021, donde se destacaron los proyectos emblemáticos impulsados por la institución para el fortalecimiento del servicio de justicia.

 

El Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas, y la Secretaria General, María Auxiliadora Zamora Barberán, también estuvieron presentes en el evento realizado este 19 de enero.

 

En su intervención, la Presidenta del CJ explicó que en 12 meses de gestión, el Pleno de la institución realizó 136 sesiones, aprobó más de 800 resoluciones disciplinarias y emitió cerca de 600 disposiciones, en el marco de sus cuatro ejes de gestión.

 

En la Lucha contra la corrupción se destacó la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado; la actualización del Código de Ética con estándares internacionales; y, la atención a 836 denuncias de presuntos actos de corrupción.

 

Respecto al Fortalecimiento institucional, el CJ implementó el modelo de Tribunales Fijos en materia no Penal, en Guayas, Loja e Imbabura para dar celeridad a los procesos judiciales. Además, el Expediente Electrónico E-SATJE es una realidad en nueve provincias.

 

Tras el respectivo concurso público, el CJ nombró nueve jueces y dos conjueces para la Corte Nacional de Justicia. También están en proceso las evaluaciones de Cortes Provinciales y de Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, así como de servidores de la carrera fiscal.

 

Pese a la pandemia por el COVID-19 y las respectivas restricciones, el CJ impulsó 760 capacitaciones y programas de formación.

 

El Pleno del CJ ejerció su potestad disciplinaria en estricto respeto al principio de Independencia Judicial. Destituyó a 66 servidores: 11 jueces, 5 notarios, 4 fiscales, 2 defensores públicos, entre otros, quienes cometieron infracciones graves y gravísimas.

 

En el eje Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el CJ entregó al país la plataforma digital FEMICIDIOS.EC. Esta herramienta consolida información interinstitucional sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra mujeres.

 

“Es la primera vez en la historia del país que contamos con información desagregada que va a aportar a la construcción de una política pública oportuna en casos de femicidios y muertes violentas contra mujeres”, indicó la Presidenta del CJ.

 

Adicionalmente, a través del Módulo Virtual Medidas de Protección, en el año 2021, se otorgaron más de 25 000 medidas a víctimas de violencia, protegiendo sus vidas.

 

El CJ está comprometido con la transformación institucional y por ello seguirá trabajando con responsabilidad, transparencia y ética, con acciones y políticas orientadas a continuar Construyendo un servicio de justicia para la paz social.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), con la presencia de la Presidenta María del Carmen Maldonado; los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro, presentó, de manera virtual, ante la Asamblea Nacional, su Informe Anual de Labores 2021, donde se destacaron los proyectos emblemáticos impulsados por la institución para el fortalecimiento del servicio de justicia.

 

El Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas, y la Secretaria General, María Auxiliadora Zamora Barberán, también estuvieron presentes en el evento realizado este 19 de enero.

 

En su intervención, la Presidenta del CJ explicó que en 12 meses de gestión, el Pleno de la institución realizó 136 sesiones, aprobó más de 800 resoluciones disciplinarias y emitió cerca de 600 disposiciones, en el marco de sus cuatro ejes de gestión.

 

En la Lucha contra la corrupción se destacó la creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado; la actualización del Código de Ética con estándares internacionales; y, la atención a 836 denuncias de presuntos actos de corrupción.

 

Respecto al Fortalecimiento institucional, el CJ implementó el modelo de Tribunales Fijos en materia no Penal, en Guayas, Loja e Imbabura para dar celeridad a los procesos judiciales. Además, el Expediente Electrónico E-SATJE es una realidad en nueve provincias.

 

Tras el respectivo concurso público, el CJ nombró nueve jueces y dos conjueces para la Corte Nacional de Justicia. También están en proceso las evaluaciones de Cortes Provinciales y de Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Tributario, así como de servidores de la carrera fiscal.

 

Pese a la pandemia por el COVID-19 y las respectivas restricciones, el CJ impulsó 760 capacitaciones y programas de formación.

 

El Pleno del CJ ejerció su potestad disciplinaria en estricto respeto al principio de Independencia Judicial. Destituyó a 66 servidores: 11 jueces, 5 notarios, 4 fiscales, 2 defensores públicos, entre otros, quienes cometieron infracciones graves y gravísimas.

 

En el eje Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, el CJ entregó al país la plataforma digital FEMICIDIOS.EC. Esta herramienta consolida información interinstitucional sobre femicidios y otras formas de muertes violentas contra mujeres.

 

“Es la primera vez en la historia del país que contamos con información desagregada que va a aportar a la construcción de una política pública oportuna en casos de femicidios y muertes violentas contra mujeres”, indicó la Presidenta del CJ.

 

Adicionalmente, a través del Módulo Virtual Medidas de Protección, en el año 2021, se otorgaron más de 25 000 medidas a víctimas de violencia, protegiendo sus vidas.

 

El CJ está comprometido con la transformación institucional y por ello seguirá trabajando con responsabilidad, transparencia y ética, con acciones y políticas orientadas a continuar Construyendo un servicio de justicia para la paz social.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La institución solicitó información a varias entidades del Estado para adoptar las acciones que correspondan en el ámbito disciplinario.

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) asistió virtualmente, este 14 de enero de 2022, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, para explicar las acciones realizadas respecto a la revocatoria de visas a servidores judiciales por parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

 

Esta reunión contó con la presencia de la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Fausto Murillo Fierro. También estuvieron el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, y el Director Nacional de Transparencia de Gestión, Ronald Verdesoto.

 

Durante la Sesión No 076 del ente legislativo, La Presidenta del CJ destacó que la lucha contra la corrupción es permanente ya que es su primer eje de acción.

 

Explicó que a partir de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, el CJ solicitó, en diciembre de 2021, información de manera inmediata a varias entidades como: la Embajada de Estados Unidos, la Presidencia de la República; a los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores; a la Comandancia General de la Policía y a la Contraloría del Estado.

 

De su parte, Juan José Morillo explicó que en la lucha contra la corrupción, la gestión del CJ es constante y no está supeditada a pronunciamientos de otros organismos, a la revocatoria de visas o a situaciones políticas. Sostuvo que con la información que se recopile, se realizará la correspondiente investigación, respetando el debido proceso y con base en el derecho a la defensa. “De ser el caso llegaremos a sanciones administrativas y presentaremos las denuncias pertinentes para las sanciones penales”, dijo.

 

En tanto, Fausto Murillo Fierro recordó que al CJ se le restringió su facultad disciplinaria, a través de la sentencia 3-19-CN/20, expedida en 2020 por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la potestad para iniciar de oficio expedientes disciplinarios por error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, previstos en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

 

En su intervención, Santiago Peñaherrera Navas indicó que existen convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción que deben ser considerados en este caso. Afirmó, que con base en esta normativa el CJ requirió información para verificar si los datos corresponden a servidores que ya fueron denunciados y sancionados. Si se trata de nuevos servidores, se iniciarán los sumarios correspondientes.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

La institución solicitó información a varias entidades del Estado para adoptar las acciones que correspondan en el ámbito disciplinario.

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) asistió virtualmente, este 14 de enero de 2022, a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, de la Asamblea Nacional, para explicar las acciones realizadas respecto a la revocatoria de visas a servidores judiciales por parte de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

 

Esta reunión contó con la presencia de la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Xavier Muñoz y Fausto Murillo Fierro. También estuvieron el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, y el Director Nacional de Transparencia de Gestión, Ronald Verdesoto.

 

Durante la Sesión No 076 del ente legislativo, La Presidenta del CJ destacó que la lucha contra la corrupción es permanente ya que es su primer eje de acción.

 

Explicó que a partir de las declaraciones del Embajador de Estados Unidos, el CJ solicitó, en diciembre de 2021, información de manera inmediata a varias entidades como: la Embajada de Estados Unidos, la Presidencia de la República; a los ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores; a la Comandancia General de la Policía y a la Contraloría del Estado.

 

De su parte, Juan José Morillo explicó que en la lucha contra la corrupción, la gestión del CJ es constante y no está supeditada a pronunciamientos de otros organismos, a la revocatoria de visas o a situaciones políticas. Sostuvo que con la información que se recopile, se realizará la correspondiente investigación, respetando el debido proceso y con base en el derecho a la defensa. “De ser el caso llegaremos a sanciones administrativas y presentaremos las denuncias pertinentes para las sanciones penales”, dijo.

 

En tanto, Fausto Murillo Fierro recordó que al CJ se le restringió su facultad disciplinaria, a través de la sentencia 3-19-CN/20, expedida en 2020 por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la potestad para iniciar de oficio expedientes disciplinarios por error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, previstos en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

 

En su intervención, Santiago Peñaherrera Navas indicó que existen convenios y tratados internacionales de lucha contra la corrupción que deben ser considerados en este caso. Afirmó, que con base en esta normativa el CJ requirió información para verificar si los datos corresponden a servidores que ya fueron denunciados y sancionados. Si se trata de nuevos servidores, se iniciarán los sumarios correspondientes.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

Cumpliendo su compromiso de transparencia con las y los ciudadanos, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa que la Presidenta María del Carmen Maldonado Sánchez y los vocales Juan José Morillo Velasco, Fausto Murillo Fierro, Maribel Barreno Velin y Xavier Muñoz Intriago, integrantes del Pleno mantienen vigente su visa de ingreso a EE.UU.

 

Las autoridades del CJ han ratificado su firme voluntad de impulsar acciones que promuevan la transparencia en la Función Judicial y, en esa línea, han dispuesto que todos los directores nacionales y provinciales de la institución, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones como servidores judiciales, reporten de forma inmediata el estado de sus visas.

 

El CJ continuará aplicando todas las medidas necesarias para transparentar las acciones de todos quienes tienen como misión asegurar la provisión de un servicio judicial sustentado en principios como la integridad, probidad y ética.

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

 

Cumpliendo su compromiso de transparencia con las y los ciudadanos, el Consejo de la Judicatura (CJ) informa que la Presidenta María del Carmen Maldonado Sánchez y los vocales Juan José Morillo Velasco, Fausto Murillo Fierro, Maribel Barreno Velin y Xavier Muñoz Intriago, integrantes del Pleno mantienen vigente su visa de ingreso a EE.UU.

 

Las autoridades del CJ han ratificado su firme voluntad de impulsar acciones que promuevan la transparencia en la Función Judicial y, en esa línea, han dispuesto que todos los directores nacionales y provinciales de la institución, en el marco de sus responsabilidades y obligaciones como servidores judiciales, reporten de forma inmediata el estado de sus visas.

 

El CJ continuará aplicando todas las medidas necesarias para transparentar las acciones de todos quienes tienen como misión asegurar la provisión de un servicio judicial sustentado en principios como la integridad, probidad y ética.

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

 

 

Atendiendo la invitación de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, este miércoles 12 de enero, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, en representación de Ecuador, presentó la herramienta FemicidiosEC, como uno de los instrumentos digitales exitosos que fortalecen la lucha contra la violencia a la mujer.

 

En el encuentro virtual participó Teresa Féria, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas. Las ponencias estuvieron a cargo de la docente universitaria y jurista brasileña, Alice Bianchini y del exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Paulo Pinto de Albuquerque.

 

La doctora Maldonado, quien es la primera ecuatoriana que integra el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y forma parte de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana; explicó que la herramienta FemicidiosEC, contiene estadísticas nacionales sobre femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres, información desagregada sobre el número de víctimas, caracterización de la víctima, del agresor, del evento violento; y, el estado de los procesos.

 

“Esto la convierte en la primera herramienta digital del Ecuador que consolida cifras de femicidio de todos los sectores involucrados, para investigación y generación de políticas públicas, medición y seguimiento del principio de celeridad, para que la impunidad jamás vuelva a ser una amenaza en la administración de justicia”, dijo.

 

La Presidenta del CJ destacó el intercambio de experiencias entre los dos países y felicitó a Portugal por el desarrollo de la Herramienta de Georreferenciación para las víctimas de violencia. Esta es una buena práctica y Ecuador analiza la posibilidad de replicar, en un futuro, un sistema similar, indicó.

 

La Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas es una organización no gubernamental, que contribuye al estudio crítico del Derecho, bajo la perspectiva de la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente debate el tema del femicidio, a fin de elaborar una propuesta legal que será presentada al Parlamento de su país.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

 

Atendiendo la invitación de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas, este miércoles 12 de enero, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, en representación de Ecuador, presentó la herramienta FemicidiosEC, como uno de los instrumentos digitales exitosos que fortalecen la lucha contra la violencia a la mujer.

 

En el encuentro virtual participó Teresa Féria, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal y Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas. Las ponencias estuvieron a cargo de la docente universitaria y jurista brasileña, Alice Bianchini y del exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Paulo Pinto de Albuquerque.

 

La doctora Maldonado, quien es la primera ecuatoriana que integra el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y forma parte de la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana; explicó que la herramienta FemicidiosEC, contiene estadísticas nacionales sobre femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres, información desagregada sobre el número de víctimas, caracterización de la víctima, del agresor, del evento violento; y, el estado de los procesos.

 

“Esto la convierte en la primera herramienta digital del Ecuador que consolida cifras de femicidio de todos los sectores involucrados, para investigación y generación de políticas públicas, medición y seguimiento del principio de celeridad, para que la impunidad jamás vuelva a ser una amenaza en la administración de justicia”, dijo.

 

La Presidenta del CJ destacó el intercambio de experiencias entre los dos países y felicitó a Portugal por el desarrollo de la Herramienta de Georreferenciación para las víctimas de violencia. Esta es una buena práctica y Ecuador analiza la posibilidad de replicar, en un futuro, un sistema similar, indicó.

 

La Asociación Portuguesa de Mujeres Juristas es una organización no gubernamental, que contribuye al estudio crítico del Derecho, bajo la perspectiva de la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente debate el tema del femicidio, a fin de elaborar una propuesta legal que será presentada al Parlamento de su país.

 


DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

 

A través de esta medida, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,

ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a servidores involucrados en casos de corrupción y violencia.

 

La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Maria del Carmen Maldonado, destacó la importancia de mantener la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión en contra de servidoras y servidores judiciales que presuntamente han cometido infracciones graves y gravísimas en el ejercicio de sus cargos.

 

En rueda de prensa realizada este 12 de enero, María del Carmen Maldonado expresó su preocupación ante la posibilidad de que se declare inconstitucional esta competencia del CJ.

 

Recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial faculta a la Presidenta del CJ a emitir dichas medidas de manera excepcional, preventiva y motivada, cuando se presuma la existencia de hechos que ameriten su adopción.

 

En un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía respecto del uso de esta facultad, explicó que en el año 2019 emitió cinco medidas preventivas de suspensión; en el año 2020, ocho; y, en 2021, fueron 16.

 

Citó que la suspensión se aplicó en casos necesarios y trascendentales, como son los siguientes: Querubín; Niños de Naranjal, la muerte de Naomi Arcentales; el sorteo de las acciones de protección que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y otro contra un psicólogo acusado de abuso sexual a usuarias del servicio de justicia de la Unidad Judicial de Lago Agrio.

 

En este sentido, realizó un énfasis especial en el objetivo de esta medida, que es evitar un perjuicio a los usuarios del sistema de justicia. “Es algo temporal y no dura más de 90 días. Se trata de una suspensión y no es una sanción”, manifestó.

 

La Presidenta Maldonado sostuvo que esta facultad disciplinaria es necesaria y sería un desacierto retirarla. “Porque necesitamos separar al servidor para que pueda, en un proceso penal o disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores”, señaló.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

A través de esta medida, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,

ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a servidores involucrados en casos de corrupción y violencia.

 

La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Maria del Carmen Maldonado, destacó la importancia de mantener la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión en contra de servidoras y servidores judiciales que presuntamente han cometido infracciones graves y gravísimas en el ejercicio de sus cargos.

 

En rueda de prensa realizada este 12 de enero, María del Carmen Maldonado expresó su preocupación ante la posibilidad de que se declare inconstitucional esta competencia del CJ.

 

Recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial faculta a la Presidenta del CJ a emitir dichas medidas de manera excepcional, preventiva y motivada, cuando se presuma la existencia de hechos que ameriten su adopción.

 

En un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía respecto del uso de esta facultad, explicó que en el año 2019 emitió cinco medidas preventivas de suspensión; en el año 2020, ocho; y, en 2021, fueron 16.

 

Citó que la suspensión se aplicó en casos necesarios y trascendentales, como son los siguientes: Querubín; Niños de Naranjal, la muerte de Naomi Arcentales; el sorteo de las acciones de protección que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y otro contra un psicólogo acusado de abuso sexual a usuarias del servicio de justicia de la Unidad Judicial de Lago Agrio.

 

En este sentido, realizó un énfasis especial en el objetivo de esta medida, que es evitar un perjuicio a los usuarios del sistema de justicia. “Es algo temporal y no dura más de 90 días. Se trata de una suspensión y no es una sanción”, manifestó.

 

La Presidenta Maldonado sostuvo que esta facultad disciplinaria es necesaria y sería un desacierto retirarla. “Porque necesitamos separar al servidor para que pueda, en un proceso penal o disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores”, señaló.

 

 

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