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El jueves 27 de enero de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en ejercicio de su potestad disciplinaria, destituyó al abogado Wilmer P., quien se desempeñaba como Secretario de la Unidad Judicial Penal Norte N° 1, con sede en el cantón Guayaquil, provincia de Guayas.

 

El ex servidor judicial fue sancionado por incurrir en la infracción disciplinaria contenida en el artículo 109, numeral 16, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), esto es revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza puedan favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes.

 

De acuerdo con el expediente, el ex secretario judicial dio a conocer información relacionada con actos investigativos que se realizaban dentro de una causa penal por fraude procesal, en el caso relativo a la muerte de la ciudadana Lisbeth Baquerizo, ocurrido en diciembre de 2020.

 

El CJ ejerce el control disciplinario en el marco de la Constitución de la República y el COFJ, con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la ética en la provisión del servicio de justicia.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

En el marco del debate generado en los últimos días sobre la importancia de realizar cambios en la Función Judicial, es necesario recordar que en 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó a la Corte Constitucional (CC), tres acciones constitucionales que tienen relación con el mejoramiento del servicio de justicia, mismas que todavía no han sido tratadas.

 

Frente a esto, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, y los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro; y el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, acudieron, este 27 de enero de 2022 a la CC, para solicitar que resuelva esos planteamientos.

 

“Hemos trabajado en propuestas claras y concretas para el mejoramiento del servicio de justicia. Solicitamos a la Corte Constitucional que dé celeridad a estas acciones cuyo fin es fortalecer y optimizar la gestión del Consejo de la Judicatura”, dijo la Presidenta del CJ.

 

El primer pedido se relaciona con la Acción de inconstitucionalidad de actos normativos N° 14-20-IN, presentada el 28 de febrero de 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año, en la que se solicitó a la CC pronunciarse sobre la incompatibilidad existente entre el art. 300 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el art. 200 de la Constitución.

 

El objetivo es que se cumpla la disposición constitucional que señala que los notarios serán nombrados por el CJ, previo concurso público, como requisito para una posible reelección después de haber concluido su período de seis años.

 

En el segundo caso, el CJ solicita que se resuelva la Acción N° 16-20-AN por incumplimiento del artículo 14 del COFJ, el cual establece que la Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. La acción, presentada el 2 de junio de 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese año, se refiere a la obligación del Estado (Ministerio de Finanzas), de entregar los recursos suficientes para cubrir las necesidades del servicio judicial.

 

En esta demanda, el CJ recalca que desde 2019, la mencionada Cartera de Estado ejecutó continuos recortes presupuestarios que impiden a la Función Judicial, cumplir con su misión de garantizar el pleno acceso a la justicia de las y los ciudadanos.

 

En tercer lugar, el CJ solicita que se resuelva la Acción de interpretación constitucional N° 1-20-IC, presentada el 25 de junio de 2020 y admitida a trámite el 3 de septiembre de ese año, sobre el alcance de los artículos 168 y 286 de la Constitución.

 

El objetivo es que la CC interprete esas normas, relacionadas con el ingreso de los valores provenientes de los servicios judiciales al Presupuesto General del Estado. En aplicación de los mencionados artículos, lo que correspondería es que esos recursos se asignen directamente al presupuesto del CJ, adicional al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. "Lo que solicitamos es que los valores provenientes de los servicios judiciales retornen al CJ. Solo en el sistema notarial, generamos cerca de 70 millones de dólares", señaló el Vocal Morillo.

 

Por su parte, Santiago Peñaherrera Navas denunció que a través de una acción de inconstitucionalidad presentada en la CC, se pretende dejar sin efecto las reformas al COFJ y los actos normativos del CJ que permitieron crear la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado. “Es importante que no se dé paso a esta acción de inconstitucionalidad contra algo que es para beneficio de toda la sociedad”, dijo.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En el marco del debate generado en los últimos días sobre la importancia de realizar cambios en la Función Judicial, es necesario recordar que en 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó a la Corte Constitucional (CC), tres acciones constitucionales que tienen relación con el mejoramiento del servicio de justicia, mismas que todavía no han sido tratadas.

 

Frente a esto, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, y los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro; y el Director General, Santiago Peñaherrera Navas, acudieron, este 27 de enero de 2022 a la CC, para solicitar que resuelva esos planteamientos.

 

“Hemos trabajado en propuestas claras y concretas para el mejoramiento del servicio de justicia. Solicitamos a la Corte Constitucional que dé celeridad a estas acciones cuyo fin es fortalecer y optimizar la gestión del Consejo de la Judicatura”, dijo la Presidenta del CJ.

 

El primer pedido se relaciona con la Acción de inconstitucionalidad de actos normativos N° 14-20-IN, presentada el 28 de febrero de 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese mismo año, en la que se solicitó a la CC pronunciarse sobre la incompatibilidad existente entre el art. 300 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el art. 200 de la Constitución.

 

El objetivo es que se cumpla la disposición constitucional que señala que los notarios serán nombrados por el CJ, previo concurso público, como requisito para una posible reelección después de haber concluido su período de seis años.

 

En el segundo caso, el CJ solicita que se resuelva la Acción N° 16-20-AN por incumplimiento del artículo 14 del COFJ, el cual establece que la Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. La acción, presentada el 2 de junio de 2020 y admitida a trámite el 25 de junio de ese año, se refiere a la obligación del Estado (Ministerio de Finanzas), de entregar los recursos suficientes para cubrir las necesidades del servicio judicial.

 

En esta demanda, el CJ recalca que desde 2019, la mencionada Cartera de Estado ejecutó continuos recortes presupuestarios que impiden a la Función Judicial, cumplir con su misión de garantizar el pleno acceso a la justicia de las y los ciudadanos.

 

En tercer lugar, el CJ solicita que se resuelva la Acción de interpretación constitucional N° 1-20-IC, presentada el 25 de junio de 2020 y admitida a trámite el 3 de septiembre de ese año, sobre el alcance de los artículos 168 y 286 de la Constitución.

 

El objetivo es que la CC interprete esas normas, relacionadas con el ingreso de los valores provenientes de los servicios judiciales al Presupuesto General del Estado. En aplicación de los mencionados artículos, lo que correspondería es que esos recursos se asignen directamente al presupuesto del CJ, adicional al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. "Lo que solicitamos es que los valores provenientes de los servicios judiciales retornen al CJ. Solo en el sistema notarial, generamos cerca de 70 millones de dólares", señaló el Vocal Morillo.

 

Por su parte, Santiago Peñaherrera Navas denunció que a través de una acción de inconstitucionalidad presentada en la CC, se pretende dejar sin efecto las reformas al COFJ y los actos normativos del CJ que permitieron crear la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado. “Es importante que no se dé paso a esta acción de inconstitucionalidad contra algo que es para beneficio de toda la sociedad”, dijo.

 

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en el marco de su potestad disciplinaria, durante la Sesión Ordinaria N° 009-2022, destituyó del cargo de Notario Suplente de la Notaria Quinta del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, al servidor H.F.B.A.

 

La sanción fue dispuesta porque el exfuncionario incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), artículo 109 numeral 6: “Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona”.

 

Según consta en el expediente, el destituido, mientras desempeñaba las funciones de Notario Suplente ejerció la libre profesión de abogado y participó como defensa técnica en una causa judicial.

 

Es necesario señalar que, el sancionado, una vez posesionado como Notario Suplente, asumió las responsabilidades de un servidor judicial, por tanto y mientras ejercía el cargo, estaba sujeto a las regulaciones previstas en el COFJ.

 

El CJ como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y en el marco de su primer eje de gestión, Lucha contra la corrupción, trabaja para ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia oportuno y transparente.

 

 

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en el marco de su potestad disciplinaria, durante la Sesión Ordinaria N° 009-2022, destituyó del cargo de Notario Suplente de la Notaria Quinta del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, al servidor H.F.B.A.

 

La sanción fue dispuesta porque el exfuncionario incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), artículo 109 numeral 6: “Ejercer la libre profesión de abogado directamente o por interpuesta persona”.

 

Según consta en el expediente, el destituido, mientras desempeñaba las funciones de Notario Suplente ejerció la libre profesión de abogado y participó como defensa técnica en una causa judicial.

 

Es necesario señalar que, el sancionado, una vez posesionado como Notario Suplente, asumió las responsabilidades de un servidor judicial, por tanto y mientras ejercía el cargo, estaba sujeto a las regulaciones previstas en el COFJ.

 

El CJ como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y en el marco de su primer eje de gestión, Lucha contra la corrupción, trabaja para ofrecer a la ciudadanía un servicio de justicia oportuno y transparente.

 

 

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Este 25 de enero de 2022, las autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mantuvieron una reunión de trabajo para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la Función Judicial.

 

En la reunión estuvieron presentes la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, los Vocales Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

 

La reunión se desarrolló en Quito y en ella se analizó el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional N° 8-19-IN acumulados/21, relacionada con los recursos de casación que deben ser despachados por la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ.

 

La mencionada sentencia determina que, para la sustanciación los de los recursos de Casación en materia Penal, se debe convocar a audiencia. Esto genera nuevas necesidades para la CNJ en lo que tiene que ver con los recursos técnicos y humanos para el conocimiento y resolución de este tipo de procesos.

 

Las autoridades del CJ y la CNJ conformaron una mesa de trabajo que, de acuerdo a lo que aseguró Iván Saquicela, realizará un diagnóstico de la situación y determinará las acciones a implementar.

 

En ese contexto, el vocal Juan José Morillo explicó que el CJ trabaja para fortalecer la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano no solo de la CNJ, sino de toda la Función Judicial.

 

Anunció que en el tema tecnológico, la Secretaría Nacional de Planificación aprobó la asignación de recursos para la renovación informática del área jurisdiccional. Este proceso se realizará desde este año con una inversión inicial de 24 millones de dólares.

 

 

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Este 25 de enero de 2022, las autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mantuvieron una reunión de trabajo para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la Función Judicial.

 

En la reunión estuvieron presentes la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, los Vocales Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

 

La reunión se desarrolló en Quito y en ella se analizó el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional N° 8-19-IN acumulados/21, relacionada con los recursos de casación que deben ser despachados por la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ.

 

La mencionada sentencia determina que, para la sustanciación los de los recursos de Casación en materia Penal, se debe convocar a audiencia. Esto genera nuevas necesidades para la CNJ en lo que tiene que ver con los recursos técnicos y humanos para el conocimiento y resolución de este tipo de procesos.

 

Las autoridades del CJ y la CNJ conformaron una mesa de trabajo que, de acuerdo a lo que aseguró Iván Saquicela, realizará un diagnóstico de la situación y determinará las acciones a implementar.

 

En ese contexto, el vocal Juan José Morillo explicó que el CJ trabaja para fortalecer la capacidad técnica, tecnológica y de talento humano no solo de la CNJ, sino de toda la Función Judicial.

 

Anunció que en el tema tecnológico, la Secretaría Nacional de Planificación aprobó la asignación de recursos para la renovación informática del área jurisdiccional. Este proceso se realizará desde este año con una inversión inicial de 24 millones de dólares.

 

 

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A propósito de las declaraciones formuladas por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre su propuesta de reforma a la estructura de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura informa al país:

 

- El Pleno del Consejo de la Judicatura asistió, el 19 de enero de 2022, a una reunión con el Primer Mandatario y con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Allí se abordaron varios temas relativos al sistema judicial.

 

- El Consejo de la Judicatura siempre ha estado y estará abierto a participar en aquellos procesos orientados a fortalecer la Función Judicial y a aportar en el planteamiento de reformas que garanticen el acceso efectivo de las y los ciudadanos al servicio de justicia.

 

- La institución considera que un eventual proceso de reestructuración de la Función Judicial debe aplicarse con base en la experiencia y conocimientos que pueda aportar cada uno de los órganos de la Función Judicial, con el único objetivo de asegurar la permanencia de las instituciones por encima de la transitoriedad de las autoridades.

 

- El Consejo de la Judicatura será parte del debate, con propuestas serias, argumentadas y oportunas. En este sentido, ratificamos nuestra predisposición de trabajar junto a la Corte Nacional de Justicia y a todos los órganos de la Función Judicial, tal como se lo ha venido haciendo, para impulsar cualquier proceso de reforma a la Función Judicial que sea favorable, por sobre todo, a los intereses de las y los ciudadanos.

 

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A propósito de las declaraciones formuladas por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre su propuesta de reforma a la estructura de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura informa al país:

 

- El Pleno del Consejo de la Judicatura asistió, el 19 de enero de 2022, a una reunión con el Primer Mandatario y con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Allí se abordaron varios temas relativos al sistema judicial.

 

- El Consejo de la Judicatura siempre ha estado y estará abierto a participar en aquellos procesos orientados a fortalecer la Función Judicial y a aportar en el planteamiento de reformas que garanticen el acceso efectivo de las y los ciudadanos al servicio de justicia.

 

- La institución considera que un eventual proceso de reestructuración de la Función Judicial debe aplicarse con base en la experiencia y conocimientos que pueda aportar cada uno de los órganos de la Función Judicial, con el único objetivo de asegurar la permanencia de las instituciones por encima de la transitoriedad de las autoridades.

 

- El Consejo de la Judicatura será parte del debate, con propuestas serias, argumentadas y oportunas. En este sentido, ratificamos nuestra predisposición de trabajar junto a la Corte Nacional de Justicia y a todos los órganos de la Función Judicial, tal como se lo ha venido haciendo, para impulsar cualquier proceso de reforma a la Función Judicial que sea favorable, por sobre todo, a los intereses de las y los ciudadanos.

 

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En el marco de la cooperación internacional en asuntos vinculados con la prevención y respuesta a la violencia basada en género contra mujeres y niñas del Ecuador, este 24 de enero de 2022, la Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, presentó a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la herramienta virtual del CJ FemicidiosEC.

 

La presentación se realizó a través de un encuentro virtual en el que participaron Gilberto Zuleta, oficial regional del Programa Global contra la trata de personas; Roberto Murguía, especialista del Centro de Excelencia de la UNODC (CdE) para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia; Alejandra Valdés, investigadora senior del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe (CEPAL); Martín Tamayo, Oficial de Proyecto contra la Trata de Personas (Iniciativa TRACK4TIP) de UNODC Ecuador; y, Solanda Goyes, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ.

 

La Presidenta del CJ, explicó que FemicidiosEC es una herramienta dinámica de visualización de datos de femicidios y muertes violentas contra mujeres en el Ecuador. Señaló que es de acceso universal por lo que puede ser utilizada no solo por operadores de justicia, sino también por investigadores especializados, centros académicos y sobre todo, por cualquier persona que requiera una descripción más precisa del fenómeno de la violencia y su tratamiento en la administración de justicia.

 

María del Carmen Maldonado expuso algunos datos reflejados en la herramienta. Así, del total de víctimas de femicidio, 87 % tenían menos de 44 años de edad; 59 % solo tenían educación primaria y 3 % tenían algún tipo de discapacidad. La información revela que 99% de los agresores identificados de femicidios y 90 % de otras muertes violentas, son hombres.

 

Por su parte, Solanda Goyes, Directora de Acceso a la Justicia del CJ, realizó una amplia explicación sobre la metodología y construcción de la herramienta y destacó la importancia de la misma para la definición de políticas y acciones que permitan evitar problemas como la revictimización en la atención judicial de este tipo de casos.

 

Roberto Murguía especialista del CdE y Alejandra Valdéz, investigadora de CEPAL, felicitaron al CJ y destacaron la implementación de esta herramienta que, aseguraron, se constituye en ejemplo para países que no poseen sistemas de información relacionados con esta problemática. 

 

La cita virtual se cumplió en el contexto del trabajo conjunto que la UNODC realiza en el país en el marco de sus competencias. “Reiteramos nuestro compromiso para apoyar al sistema judicial en implementar herramientas y estrategias para fortalecer la justicia con perspectiva de género en el Ecuador”, concluyó Gilberto Zuleta de la UNODC.

 

 

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