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El proceso durará 130 días y se cumplirá con base en las atribuciones constitucionales

y legales que tiene el Consejo de la Judicatura.

 

 

El Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) empezará en mayo próximo.

 

A través de este proceso, que concluirá en octubre, se designarán seis jueces de la CNJ. También se prevé designar a por lo menos 13 conjueces.

 

El CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y entre sus responsabilidades está de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios de justicia. En este marco, en dos meses, se publicará la convocatoria para que quienes estén interesados en ocupar el cargo de jueces nacionales presenten sus postulaciones.

 

Este es uno de los proyectos emblemáticos aprobados por el Pleno del CJ para el presente año y se ejecutará con base en las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial.

 

En sesión de 29 de octubre de 2021, con la Resolución 177-2021, el Pleno del CJ aprobó el Reglamento para el Concurso que se desarrollará en seis fases: Convocatoria, Postulación, Méritos, Prueba Psicológica; Oposición; Impugnación Ciudadana y Control Social.

 

La selección se realizará en un marco de transparencia y bajo la aplicación de estrictos parámetros técnicos y jurídicos. El objetivo es que los mejores profesionales del Derecho lleguen a la más alta instancia de justicia ordinaria del país.

 

En este contexto, el CJ invita a las y los abogados del país, así como a los servidores judiciales de carrera para que participen en el proceso y con su experiencia y formación profesionales aporten en el fortalecimiento de la Función Judicial.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

A nivel nacional, existen 170 dependencias judiciales, de las cuales

39 son especializadas contra la violencia de género.

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en la ciudad de Machala, las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio de Defensa Nacional, suscribieron la escritura pública de transferencia de dominio del inmueble, donde funcionará la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva.

 

La edificación, ubicada en la ciudad de Machala, permitirá a las víctimas recibir un servicio integral de justicia, evitando la revictimización durante el proceso judicial.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, resaltó que para la institución es prioridad trabajar por una sociedad libre de violencia de género, a través de acciones que garanticen una atención ágil y oportuna a los grupos de atención prioritaria y a quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad. “Respetamos la independencia, las potestades, pero trabajamos en conjunto con otras instituciones por los más altos intereses de la administración de justicia”, enfatizó.

 

A nivel nacional, mediante el Módulo Virtual de Medidas de Protección implementado por el CJ, entre el 2018 y el 2021, se ha resguardado a más de 125.000 mujeres víctimas de violencia a través del otorgamiento de 399.785 medidas preventivas, informó el Presidente Murillo.

 

En su intervención, el Ministro de Defensa Nacional, Luis Hernández, indicó que la implementación de esta unidad judicial especializada permitirá brindar un servicio integral a la ciudadanía. “Hoy se concreta este hito para coadyuvar los ejes de atención estatal luchando contra toda forma de violencia”.

 

Por su parte los vocales del CJ, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz, expresaron que el fortalecimiento de los mecanismos de sanción y prevención en casos de violencia contra la mujer, es uno de los ejes de trabajo que consta en el Plan Estratégico de la Función Judicial (2019-2025) y constituye una prioridad para el Pleno del CJ.

 

Finalmente, las máximas autoridades recorrieron el nuevo edificio judicial y brindaron declaraciones a los principales medios de comunicación de la provincia.

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

A nivel nacional, existen 170 dependencias judiciales, de las cuales

39 son especializadas contra la violencia de género.

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en la ciudad de Machala, las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Ministerio de Defensa Nacional, suscribieron la escritura pública de transferencia de dominio del inmueble, donde funcionará la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva.

 

La edificación, ubicada en la ciudad de Machala, permitirá a las víctimas recibir un servicio integral de justicia, evitando la revictimización durante el proceso judicial.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, resaltó que para la institución es prioridad trabajar por una sociedad libre de violencia de género, a través de acciones que garanticen una atención ágil y oportuna a los grupos de atención prioritaria y a quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad. “Respetamos la independencia, las potestades, pero trabajamos en conjunto con otras instituciones por los más altos intereses de la administración de justicia”, enfatizó.

 

A nivel nacional, mediante el Módulo Virtual de Medidas de Protección implementado por el CJ, entre el 2018 y el 2021, se ha resguardado a más de 125.000 mujeres víctimas de violencia a través del otorgamiento de 399.785 medidas preventivas, informó el Presidente Murillo.

 

En su intervención, el Ministro de Defensa Nacional, Luis Hernández, indicó que la implementación de esta unidad judicial especializada permitirá brindar un servicio integral a la ciudadanía. “Hoy se concreta este hito para coadyuvar los ejes de atención estatal luchando contra toda forma de violencia”.

 

Por su parte los vocales del CJ, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz, expresaron que el fortalecimiento de los mecanismos de sanción y prevención en casos de violencia contra la mujer, es uno de los ejes de trabajo que consta en el Plan Estratégico de la Función Judicial (2019-2025) y constituye una prioridad para el Pleno del CJ.

 

Finalmente, las máximas autoridades recorrieron el nuevo edificio judicial y brindaron declaraciones a los principales medios de comunicación de la provincia.

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

 

 

Este 07 de marzo de 2022, en la ciudad de Guayaquil, el Consejo de la Judicatura y la Gobernación del Guayas, suscribieron la Alianza Contra la Violencia a la Mujer, cuyo objetivo es coordinar acciones para frenar la violencia de género y fortalecer la justicia especializada para adolescentes infractores en Guayas.

 

En el evento estuvieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, los vocales, Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, la Directora Provincial, María Josefa Coronel, la Presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo y el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena.

 

Durante la firma de la alianza, el Presidente del CJ resaltó que la erradicación de la violencia contra las mujeres, es un compromiso y eje de trabajo que tiene el CJ, y enfatizó que los casos de violencia no quedarán en la impunidad, se hará respetar las leyes y la Constitución.

 

A partir de la firma de la alianza, el CJ y la Gobernación trabajarán en varias problemáticas, entre ellas: la falta de seguridad para las víctimas de violencia que acuden a las unidades judiciales, la falta de acompañamiento y diligencia para la atención de denuncias por delitos flagrantes, y en materia de adolescentes infractores: la inexistencia de espacios físicos donde puedan cumplir las medidas cautelares impuestas en su contra.

 

En este sentido, el Gobernador del Guayas, señaló que desde la Función Ejecutiva existen varias acciones concretas en beneficio de las mujeres en situación de vulnerabilidad, y coincidió que el trabajo conjunto trae resultados.

 

Encuentro “Creo en Mí”

 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, en Guayaquil también se realizó el Encuentro “Creo en Mí”, que contó con la presencia del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y autoridades judiciales de la provincia.

 

En su exposición, el Presidente Fausto Murillo Fierro destacó los proyectos emblemáticos del CJ en materia de lucha contra la violencia y explicó que el Módulo Virtual de Medidas de Protección, implementado por la institución en 2020, resguardó a más de 125.000 mujeres, otorgando 399.785 medidas preventivas, en el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

 

Además, resaltó que la herramienta virtual FemicidiosEc, operativa desde agosto de 2021, permite dar seguimiento a los casos de femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres en Ecuador. El evento fue organizado por la Dirección Provincial del CJ de Guayas.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

Este 07 de marzo de 2022, en la ciudad de Guayaquil, el Consejo de la Judicatura y la Gobernación del Guayas, suscribieron la Alianza Contra la Violencia a la Mujer, cuyo objetivo es coordinar acciones para frenar la violencia de género y fortalecer la justicia especializada para adolescentes infractores en Guayas.

 

En el evento estuvieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, los vocales, Juan José Morillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, la Directora Provincial, María Josefa Coronel, la Presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo y el Gobernador del Guayas, Pablo Arosemena.

 

Durante la firma de la alianza, el Presidente del CJ resaltó que la erradicación de la violencia contra las mujeres, es un compromiso y eje de trabajo que tiene el CJ, y enfatizó que los casos de violencia no quedarán en la impunidad, se hará respetar las leyes y la Constitución.

 

A partir de la firma de la alianza, el CJ y la Gobernación trabajarán en varias problemáticas, entre ellas: la falta de seguridad para las víctimas de violencia que acuden a las unidades judiciales, la falta de acompañamiento y diligencia para la atención de denuncias por delitos flagrantes, y en materia de adolescentes infractores: la inexistencia de espacios físicos donde puedan cumplir las medidas cautelares impuestas en su contra.

 

En este sentido, el Gobernador del Guayas, señaló que desde la Función Ejecutiva existen varias acciones concretas en beneficio de las mujeres en situación de vulnerabilidad, y coincidió que el trabajo conjunto trae resultados.

 

Encuentro “Creo en Mí”

 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, en Guayaquil también se realizó el Encuentro “Creo en Mí”, que contó con la presencia del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y autoridades judiciales de la provincia.

 

En su exposición, el Presidente Fausto Murillo Fierro destacó los proyectos emblemáticos del CJ en materia de lucha contra la violencia y explicó que el Módulo Virtual de Medidas de Protección, implementado por la institución en 2020, resguardó a más de 125.000 mujeres, otorgando 399.785 medidas preventivas, en el periodo comprendido entre 2018 y 2022.

 

Además, resaltó que la herramienta virtual FemicidiosEc, operativa desde agosto de 2021, permite dar seguimiento a los casos de femicidios y otras formas de muertes violentas de mujeres en Ecuador. El evento fue organizado por la Dirección Provincial del CJ de Guayas.

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

 

El presupuesto para este proyecto emblemático del Consejo de la Judicatura es de USD.1.6 millones

y ya fue certificado por el Ministerio de Finanzas. El equipamiento tecnológico será financiado por el Gobierno de EE.UU.

 

La implementación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado avanza. El Pleno del Consejo de la Judicatura y representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos en Ecuador realizaron, el viernes 04 de marzo de 2022, un recorrido por el edificio donde funcionará esa dependencia jurisdiccional.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, explicó que el presupuesto necesario para este proyecto, USD 1.6 millones, fue debidamente certificada por el Ministerio de Finanzas.

 

Informó que de acuerdo con la respectiva planificación, la Unidad Judicial estará operativa en agosto de este año y que, en las próximas semanas, iniciará el concurso público para la selección de los jueces que laborarán en ella. De igual forma, se designará a los respectivos equipos de apoyo jurisdiccional y administrativo. En total, serán 40 los servidores que tramiten las causas que lleguen a esta dependencia.

 

El vocal Juan José Morillo afirmó que la Unidad contará con las condiciones administrativas y físicas necesarias para que los operadores de justicia que conocerán casos relacionados con delitos transnacionales como: corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, etc., puedan desarrollar sus actividades en un marco de seguridad y reserva.

 

El financiamiento para los equipos técnicos, tecnológicos y la capacitación correspondiente lo cubrirá la INL, así lo confirmó Ory Abramowicz, Director de ese organismo en Ecuador, quien detalló que el aporte del Gobierno de EE.UU. asciende USD 500 mil.

 

En el recorrido a la Unidad Judicial que tendrá jurisdicción nacional y que es parte de los proyectos emblemáticos que impulsa el actual CJ estuvieron presentes los Vocales, Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; y el Director Provincial de Pichincha, Diego Terán.

 

 

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El presupuesto para este proyecto emblemático del Consejo de la Judicatura es de USD.1.6 millones

y ya fue certificado por el Ministerio de Finanzas. El equipamiento tecnológico será financiado por el Gobierno de EE.UU.

 

La implementación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado avanza. El Pleno del Consejo de la Judicatura y representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos en Ecuador realizaron, el viernes 04 de marzo de 2022, un recorrido por el edificio donde funcionará esa dependencia jurisdiccional.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, explicó que el presupuesto necesario para este proyecto, USD 1.6 millones, fue debidamente certificada por el Ministerio de Finanzas.

 

Informó que de acuerdo con la respectiva planificación, la Unidad Judicial estará operativa en agosto de este año y que, en las próximas semanas, iniciará el concurso público para la selección de los jueces que laborarán en ella. De igual forma, se designará a los respectivos equipos de apoyo jurisdiccional y administrativo. En total, serán 40 los servidores que tramiten las causas que lleguen a esta dependencia.

 

El vocal Juan José Morillo afirmó que la Unidad contará con las condiciones administrativas y físicas necesarias para que los operadores de justicia que conocerán casos relacionados con delitos transnacionales como: corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, etc., puedan desarrollar sus actividades en un marco de seguridad y reserva.

 

El financiamiento para los equipos técnicos, tecnológicos y la capacitación correspondiente lo cubrirá la INL, así lo confirmó Ory Abramowicz, Director de ese organismo en Ecuador, quien detalló que el aporte del Gobierno de EE.UU. asciende USD 500 mil.

 

En el recorrido a la Unidad Judicial que tendrá jurisdicción nacional y que es parte de los proyectos emblemáticos que impulsa el actual CJ estuvieron presentes los Vocales, Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director General, Santiago Peñaherrera Navas; y el Director Provincial de Pichincha, Diego Terán.

 

 

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40 servidores de varias instituciones analizaron mecanismos y estrategias para combatir

delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

 

Jueces, servidores de la Fiscalía, de la Contraloría, del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas participaron en el seminario Extinción de Dominio y Recuperación de Activos organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).  

 

La inauguración del evento se realizó el jueves 03 de marzo de 2022 en Ibarra (Imbabura) y a ella asistieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director de INL en Ecuador, Ory Abramowicz; y, el Director del Proyecto Contra el Crimen Organizado Transnacional de la PADF, Andrés Ormaza.

 

En el seminario, dirigido a servidores públicos de las provincias ubicadas en la frontera norte, se analizaron los mecanismos y estrategias para enfrentar, delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, minería ilegal y otros de características transnacionales.

 

En esta línea, el Presidente del CJ resaltó el compromiso de la institución para combatir esos delitos que “socavan la democracia, el Estado de Derecho y afectan a la calidad de vida de los habitantes”. Indicó que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada requiere de acciones interinstitucionales, así como de legislación y operadores de justicia especializados.

 

Fausto Murillo recordó que el seminario es parte de un conjunto de acciones contempladas en el convenio marco de cooperación que el CJ y la PADF suscribieron en 2020. A través de este instrumento se coordinan espacios orientados a lograr el real acceso de los ciudadanos a una justicia independiente y especializada, con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción.

 

Ory Abramowicz, en su intervención, recordó que el crimen transnacional organizado es un fenómeno global que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la integridad del Estado, amenaza a la democracia y pone en grave peligro los derechos humanos.

 

Reunión con autoridades judiciales de cuatro provincias

 

El Pleno del CJ se reunió con los directores provinciales y los presidentes de las Cortes de Justicia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. En el encuentro también participó el Director de INL con el fin de identificar líneas de cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la frontera norte.

 

Las autoridades del CJ además realizaron un recorrido por el Edificio Judicial de Ibarra. Ahí mantuvieron una reunión con los jueces penales de Imbabura y se analizaron temas relacionados con el combate a la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.

 

 

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40 servidores de varias instituciones analizaron mecanismos y estrategias para combatir

delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

 

Jueces, servidores de la Fiscalía, de la Contraloría, del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas participaron en el seminario Extinción de Dominio y Recuperación de Activos organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).  

 

La inauguración del evento se realizó el jueves 03 de marzo de 2022 en Ibarra (Imbabura) y a ella asistieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro; los Vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y Xavier Muñoz; el Director de INL en Ecuador, Ory Abramowicz; y, el Director del Proyecto Contra el Crimen Organizado Transnacional de la PADF, Andrés Ormaza.

 

En el seminario, dirigido a servidores públicos de las provincias ubicadas en la frontera norte, se analizaron los mecanismos y estrategias para enfrentar, delitos como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, minería ilegal y otros de características transnacionales.

 

En esta línea, el Presidente del CJ resaltó el compromiso de la institución para combatir esos delitos que “socavan la democracia, el Estado de Derecho y afectan a la calidad de vida de los habitantes”. Indicó que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada requiere de acciones interinstitucionales, así como de legislación y operadores de justicia especializados.

 

Fausto Murillo recordó que el seminario es parte de un conjunto de acciones contempladas en el convenio marco de cooperación que el CJ y la PADF suscribieron en 2020. A través de este instrumento se coordinan espacios orientados a lograr el real acceso de los ciudadanos a una justicia independiente y especializada, con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción.

 

Ory Abramowicz, en su intervención, recordó que el crimen transnacional organizado es un fenómeno global que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la integridad del Estado, amenaza a la democracia y pone en grave peligro los derechos humanos.

 

Reunión con autoridades judiciales de cuatro provincias

 

El Pleno del CJ se reunió con los directores provinciales y los presidentes de las Cortes de Justicia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. En el encuentro también participó el Director de INL con el fin de identificar líneas de cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la frontera norte.

 

Las autoridades del CJ además realizaron un recorrido por el Edificio Judicial de Ibarra. Ahí mantuvieron una reunión con los jueces penales de Imbabura y se analizaron temas relacionados con el combate a la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.

 

 

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Con el propósito de ofrecer a la ciudadanía un servicio judicial que garantice seguridad, integridad y confiabilidad a los procesos, el Consejo de la Judicatura (CJ) impulsa mejoras en el Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

 

Estas acciones están orientadas a fortalecer los controles de los módulos y funcionalidades del sistema, así como a asegurar el uso correcto del mismo por parte de los servidores jurisdiccionales y administrativos.

 

Entre las mejoras más importantes se debe mencionar que en 2021, el CJ afinó las configuraciones de los equipos de seguridad y de seguimiento, detección y bloqueo de posibles ciberataques. De igual forma, se han desarrollado mejoras en el sistema de registro de causas de flagrancia.

 

Actualmente, el SATJE cuenta con pistas de auditoría que garantizan la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información. En este contexto, se trabaja continuamente en la optimización del módulo de sorteos para la presentación de acciones constitucionales en días y horas no laborables.

 

En 2021, el CJ realizó un proceso de seguimiento y control del sorteo de causas a escala nacional. Tras la revisión de más de 5000 causas, no se encontraron vulneraciones al sistema.

 

Las Direcciones Provinciales del CJ son las responsables de la administración y supervisión del sistema de sorteo de causas en sus jurisdicciones; los directores provinciales son los servidores que autorizan el cambio de materia en el ingreso de causas.

 

El sorteo de demandas, denuncias y cualquier acto que dé inicio a un proceso judicial es atribución exclusiva de los técnicos de ventanilla de las unidades judiciales.

 

PROCEDIMIENTO ESTRICTO Y DEPURACIÓN DE ROLES

Para asegurar el uso adecuado del sistema, el CJ ha emitido directrices sobre el cumplimiento estricto del procedimiento vigente para el sorteo e ingreso de causas, principalmente de las acciones constitucionales presentadas fuera de la jornada laboral y de los procesos de flagrancia.

 

Periódicamente, las Unidades Provinciales de Talento Humano realizan la depuración de los roles de los servidores judiciales que tienen acceso al SATJE, permitiendo que cada servidor acceda a los módulos y funcionalidades, de acuerdo al cargo que ocupa y a las responsabilidades asignadas.

 

La Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CJ ha implementado otras mejoras en el SATJE en temas como: citaciones judiciales, implementación de tribunales fijos en materias no penales y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar.

 

El objetivo es avanzar en la digitalización del sistema de justicia. De ahí que en 11 provincias (Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura, Manabí, Carchi, Loja, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza) está operativa la Oficina de Gestión Judicial Electrónica (E-SATJE 2020). Más de 500 mil causas, es decir, el 76 % de la carga procesal a nivel nacional se despacha a través del E-SATJE 2020. De igual forma, 375 mil escritos fueron recibidos mediante este sistema. 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

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