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“El sistema de justicia debe fortalecerse, trabajamos cada día buscando la excelencia”.

Fausto Murillo Fierro, Presidente del Consejo de la Judicatura

 

Con el objetivo de estrechar lazos de cooperación internacional y avanzar en los proyectos que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura (CJ) para la modernización del sistema de justicia, este 22 de marzo de 2022 el Presidente Fausto Murillo Fierro, la Vocal Maribel Barreno y el Director General Santiago Peñaherrera mantuvieron una reunión de trabajo con la Coordinadora Residente de la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador, Lena Savelli.

 

En su intervención, el titular del CJ destacó los proyectos que lleva adelante la institución. Mencionó que se capacita a los operadores de justicia, para evitar la revictimización e impunidad en los procesos judiciales. “Gracias a la cooperación hoy tenemos insumos para trabajar en un modelo de atención de calidad, célere y oportuno para quienes acceden a los servicios judiciales”, acotó.

Por su parte la representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Lena Savelli, felicitó la labor que cumple el CJ y aseguró que para realizar un trabajo coordinado entre las instituciones se debe establecer una estrategia que permita llegar a acuerdos  concretos y cumplir las metas propuestas.

 

En este marco, Fausto Murillo Fierro explicó el funcionamiento de lo que será la nueva Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con la Corrupción y el Crimen Organizado, y resaltó que esta dependencia marca un hito histórico en la lucha contra estos delitos.

 

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó este 22 de marzo de 2022 a Pedro Martín Páez Bimos y Adrián Andrés Racines Molina, como integrantes del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial (EFJ), en cumplimiento al artículo 82 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

 

El nombramiento se realizó previa validación de los perfiles y verificación del informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, cumpliendo así la normativa legal vigente.

 

Pedro Páez Bimos, quien presidirá el Consejo Directivo de la EFJ, es Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos de España; Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia; tiene una Especialización Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar; y Abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Además, fue docente universitario, es autor de cuatro libros y posee 13 publicaciones en revistas indexadas.

 

Adrián Racines Molina es Máster en Derecho Público y de la Administración Pública por la Universidad de Jaén; Master en Derecho de Daños por la Universitat de Girona; Máster Gestión Pública y Especialista en Abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN; y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adrián Racines fue docente universitario y autor de publicaciones relacionadas a delitos informáticos y contratación pública.

 

Entre las atribuciones y deberes del Consejo Directivo de la EFJ, según lo previsto en el artículo 83 del COFJ, están: aprobar el Plan Anual, que incluye el diseño de programas académicos, mallas curriculares y proyectos presentados por el Director, así como establecer lineamientos sobre los perfiles académicos de docentes y capacitadores de los cursos de formación, y la definición de mecanismos de coordinación con la academia.

 

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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó este 22 de marzo de 2022 a Pedro Martín Páez Bimos y Adrián Andrés Racines Molina, como integrantes del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial (EFJ), en cumplimiento al artículo 82 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

 

El nombramiento se realizó previa validación de los perfiles y verificación del informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, cumpliendo así la normativa legal vigente.

 

Pedro Páez Bimos, quien presidirá el Consejo Directivo de la EFJ, es Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos de España; Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia; tiene una Especialización Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar; y Abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Además, fue docente universitario, es autor de cuatro libros y posee 13 publicaciones en revistas indexadas.

 

Adrián Racines Molina es Máster en Derecho Público y de la Administración Pública por la Universidad de Jaén; Master en Derecho de Daños por la Universitat de Girona; Máster Gestión Pública y Especialista en Abogacía del Estado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN; y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adrián Racines fue docente universitario y autor de publicaciones relacionadas a delitos informáticos y contratación pública.

 

Entre las atribuciones y deberes del Consejo Directivo de la EFJ, según lo previsto en el artículo 83 del COFJ, están: aprobar el Plan Anual, que incluye el diseño de programas académicos, mallas curriculares y proyectos presentados por el Director, así como establecer lineamientos sobre los perfiles académicos de docentes y capacitadores de los cursos de formación, y la definición de mecanismos de coordinación con la academia.

 

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“El trabajo de la Corte y de los jueces supone una transformación personal y profesional e implica un grado elevado de entrega, amor por el país, esfuerzo diario e ímpetu para tomar las mejores decisiones”. De esta forma, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, destacó la labor de los servidores judiciales que integran la Corte Provincial de Justicia de Azuay, que cumplió 200 años de existencia.

 

En una ceremonia realizada en Cuenca, el viernes 18 de marzo, autoridades nacionales y locales conmemoraron el bicentenario de la mencionada dependencia.

 

En su discurso, el Presidente del CJ resaltó el aporte de la Corte del Azuay en el desarrollo del país. Indicó que con su trabajo eficiente se ha garantizado el acceso de los ciudadanos a la justicia, así como la tutela de sus derechos.

 

“En esta labor de servicio nos unen grandes lazos con la Corte Provincial, tenemos objetivos similares y por ello, la actuación institucionalmente coordinada es el camino para lograr mejores resultados. Es fundamental mantener nuestra unidad y organizar acciones conjuntas en el marco de las respectivas atribuciones institucionales, en estricta sujeción al respeto a la independencia judicial”, señaló.

 

Durante la ceremonia, los Vocales Juan José Morillo y Xavier Muñoz, a nombre del Pleno del CJ, entregaron el Acuerdo 001-2022, con el cual se reconoció a la Corte de Justicia de Azuay como un “referente histórico del servicio de justicia ecuatoriano”.

 

En el evento estuvieron el Vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y otras autoridades.

 

 

 

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“El trabajo de la Corte y de los jueces supone una transformación personal y profesional e implica un grado elevado de entrega, amor por el país, esfuerzo diario e ímpetu para tomar las mejores decisiones”. De esta forma, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, destacó la labor de los servidores judiciales que integran la Corte Provincial de Justicia de Azuay, que cumplió 200 años de existencia.

 

En una ceremonia realizada en Cuenca, el viernes 18 de marzo, autoridades nacionales y locales conmemoraron el bicentenario de la mencionada dependencia.

 

En su discurso, el Presidente del CJ resaltó el aporte de la Corte del Azuay en el desarrollo del país. Indicó que con su trabajo eficiente se ha garantizado el acceso de los ciudadanos a la justicia, así como la tutela de sus derechos.

 

“En esta labor de servicio nos unen grandes lazos con la Corte Provincial, tenemos objetivos similares y por ello, la actuación institucionalmente coordinada es el camino para lograr mejores resultados. Es fundamental mantener nuestra unidad y organizar acciones conjuntas en el marco de las respectivas atribuciones institucionales, en estricta sujeción al respeto a la independencia judicial”, señaló.

 

Durante la ceremonia, los Vocales Juan José Morillo y Xavier Muñoz, a nombre del Pleno del CJ, entregaron el Acuerdo 001-2022, con el cual se reconoció a la Corte de Justicia de Azuay como un “referente histórico del servicio de justicia ecuatoriano”.

 

En el evento estuvieron el Vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y otras autoridades.

 

 

 

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Con el objetivo de conocer las inquietudes de los estudiantes de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, este sábado 19 de marzo, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, junto al Vocal Juan José Morillo, mantuvieron una reunión con representantes de este sector de la academia.

 

La cita, desarrollada en el Colegio de Abogados de Pichincha, abordó temas como la especialización en áreas técnicas del Derecho, el acceso a archivos como material de estudio y las prácticas pre profesionales.

 

Respecto a este último tema, los estudiantes solicitaron que se considere la posibilidad de permitir que las prácticas pre profesionales para la carrera de Derecho se cumplan antes de que culmine su último año de estudios.

 

En este sentido, el Vocal Juan José Morillo planteó la necesidad de articular, conjuntamente con las autoridades universitarias, acciones para que en el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se permita cumplir con este requisito académico en estudios jurídicos privados y no solo en instituciones públicas, como en la actualidad lo estipula la legislación.

 

Las autoridades del CJ se comprometieron a dar soporte técnico a los estudiantes para proponer esta reforma en la Asamblea Nacional, así como impulsar la firma de más convenios con otras instituciones públicas.

 

Otra de las peticiones de los universitarios fue la entrega de carnés que certifiquen su calidad de estudiantes de Derecho para acceder de manera efectiva a los archivos de las Unidades Judiciales, insumos que son utilizados como material de estudio.

 

El Presidente Fausto Murillo Fierro mostró su apertura ante esta solicitud. “Es posible de una manera organizada y seria, con las autoridades universitarias podemos encontrar una solución. Cuenten con nosotros”, acotó.

 

Se abordó también el tema de la especialización para que los nuevos profesionales se desarrollen en áreas especializadas del Derecho como petróleos, telecomunicaciones, minería, o ambiente. “Está en las manos de las instituciones de educación superior que amplíen la gama de convenios para especializar a los estudiantes en temas técnicos”, señaló el Vocal Juan José Morillo.   

   

La reunión fue calificada como provechosa y se coordinará realizar un foro más amplio, con la participación de la Escuela de la Función Judicial, para recoger todas las inquietudes de los estudiantes.

 

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Con el objetivo de conocer las inquietudes de los estudiantes de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, este sábado 19 de marzo, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, junto al Vocal Juan José Morillo, mantuvieron una reunión con representantes de este sector de la academia.

 

La cita, desarrollada en el Colegio de Abogados de Pichincha, abordó temas como la especialización en áreas técnicas del Derecho, el acceso a archivos como material de estudio y las prácticas pre profesionales.

 

Respecto a este último tema, los estudiantes solicitaron que se considere la posibilidad de permitir que las prácticas pre profesionales para la carrera de Derecho se cumplan antes de que culmine su último año de estudios.

 

En este sentido, el Vocal Juan José Morillo planteó la necesidad de articular, conjuntamente con las autoridades universitarias, acciones para que en el paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se permita cumplir con este requisito académico en estudios jurídicos privados y no solo en instituciones públicas, como en la actualidad lo estipula la legislación.

 

Las autoridades del CJ se comprometieron a dar soporte técnico a los estudiantes para proponer esta reforma en la Asamblea Nacional, así como impulsar la firma de más convenios con otras instituciones públicas.

 

Otra de las peticiones de los universitarios fue la entrega de carnés que certifiquen su calidad de estudiantes de Derecho para acceder de manera efectiva a los archivos de las Unidades Judiciales, insumos que son utilizados como material de estudio.

 

El Presidente Fausto Murillo Fierro mostró su apertura ante esta solicitud. “Es posible de una manera organizada y seria, con las autoridades universitarias podemos encontrar una solución. Cuenten con nosotros”, acotó.

 

Se abordó también el tema de la especialización para que los nuevos profesionales se desarrollen en áreas especializadas del Derecho como petróleos, telecomunicaciones, minería, o ambiente. “Está en las manos de las instituciones de educación superior que amplíen la gama de convenios para especializar a los estudiantes en temas técnicos”, señaló el Vocal Juan José Morillo.   

   

La reunión fue calificada como provechosa y se coordinará realizar un foro más amplio, con la participación de la Escuela de la Función Judicial, para recoger todas las inquietudes de los estudiantes.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Mediante memorando de fecha 15 de marzo de 2022, la Secretaría General del Consejo de la Judicatura (CJ) entregó un informe que ratifica que durante el periodo de gestión de la expresidenta de la institución, María del Carmen Maldonado Sánchez, más de un centenar de trámites externos e internos quedaron sin respuesta.

 

Tras el análisis respectivo, se determinó que existen oficios y memorandos que no recibieron respuesta. Entre los trámites pendientes están solicitudes ciudadanas, así como requerimientos de instituciones como la Asamblea Nacional, ministerios de Estado, gobiernos descentralizados, entidades de control, etc.

 

El proceso de verificación continúa con el propósito de que se generen las respuestas pertinentes para quienes realizaron requerimientos a la Presidencia del CJ.

 

 

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Mediante memorando de fecha 15 de marzo de 2022, la Secretaría General del Consejo de la Judicatura (CJ) entregó un informe que ratifica que durante el periodo de gestión de la expresidenta de la institución, María del Carmen Maldonado Sánchez, más de un centenar de trámites externos e internos quedaron sin respuesta.

 

Tras el análisis respectivo, se determinó que existen oficios y memorandos que no recibieron respuesta. Entre los trámites pendientes están solicitudes ciudadanas, así como requerimientos de instituciones como la Asamblea Nacional, ministerios de Estado, gobiernos descentralizados, entidades de control, etc.

 

El proceso de verificación continúa con el propósito de que se generen las respuestas pertinentes para quienes realizaron requerimientos a la Presidencia del CJ.

 

 

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La Unidad Judicial Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con

Corrupción y Crimen Organizado estará operativa en agosto de 2022.

 

 

En la ciudad de Cuenca, este 18 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el Instructivo del Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación Ciudadana y Control Social para la Selección y Designación de las y los Jueces que Integrarán las Dependencias Judiciales con Competencia en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.

 

El documento determina que quienes estén interesados en participar en el Concurso podrán hacerlo a través de la plataforma tecnológica desarrollada por el CJ, en la que estará habilitado un formulario, así como enlaces específicos para la carga de los correspondientes documentos de respaldo. La plataforma estará disponible en el sitio web institucional: www.funcionjudicial.gob.ec.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, resaltó la importancia de este proceso. “El país necesita estas unidades especializadas para juzgar la corrupción y los delitos relacionados con el crimen transnacional”.

 

Añadió que quienes sean seleccionados como jueces de estas dependencias judiciales recibirán la capacitación y protección necesaria para el desempeño de sus funciones.

 

Por su parte el Vocal del CJ, Juan José Morillo, explicó el perfil y los requisitos que deberán certificar los postulantes a jueces. “Tienen que ser abogados con una conducta irreprochable y contar con especialidad en materias de lucha anticorrupción y crimen organizado”, indicó.

 

Además, recordó que el Concurso tendrá una veeduría nacional y cuenta con la asistencia técnica de organismos internacionales.

 

El Vocal Xavier Muñoz invitó a las y los abogados del país a participar en este proceso. “Este es un día histórico, desde el CJ dimos un paso concreto para enfrentar la lucha contra la corrupción a través de estas unidades especializadas. El sistema judicial es la columna vertebral de la tutela judicial efectiva y del Estado de Derecho”, dijo.

 

En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, el CJ velará por la transparencia y control social de este Concurso mediante el cual se designará a 14 jueces.

 

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