comunicacion
Primer Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Pichincha negó la apelación de Álvaro Román
El Tribunal señaló que no existe violación a los derechos constitucionales
El Primer Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación presentado por Álvaro Román, cuya pretensión era ejercer la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ). La decisión se conoció este 22 de abril del 2022.
En su parte medular, el Tribunal señala que no existe violación a los derechos constitucionales, al debido proceso, a las garantías básicas del cumplimiento de las normas y a los derechos de las partes.
Adicionalmente, se indica que por parte del Consejo de la Judicatura se respetó el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica y la garantía básica de la motivación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del sistema judicial ecuatoriano.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Dos jueces de Manglaralto son investigados por la Dirección Nacional de Transparencia del CJ
Paralelamente, en ambos casos se espera que se presente una denuncia y el pedido de
declaración jurisdiccional previa en la Corte de Santa Elena, para que el CJ pueda actuar.
El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, dispuso a la Dirección de Transparencia de la institución que abra una investigación a la Jueza multicompetente de Manglaralto (cantón Santa Elena), Erika Moriel.
El 20 de abril del 2022, la Jueza aceptó un recurso de Hábeas Corpus y ordenó la inmediata libertad de un ciudadano holandés detenido el 2 de abril de este año y que tenía difusión roja de Interpol.
Desde el 10 de abril del 2022, en la Dirección de Transparencia también está abierta una investigación al Juez de Manglaralto, Diego Moscoso, quien otorgó el Hábeas Corpus a Jorge Glas.
En ambos casos, la Dirección de Transparencia verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de Hábeas Corpus.
En caso de que se confirmen presuntas irregularidades, la autoridad competente establecerá una sanción. Esta puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución).
Mientras avanzan estas investigaciones, paralelamente el CJ espera que los afectados por las actuaciones de los dos jueces de Manglaralto también presenten una denuncia y el pedido de declaración jurisdiccional previa a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por negligencia, error inexcusable o dolo.
Las infracciones disciplinarias, establecidas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, devienen en destitución del funcionario judicial, pues son consideradas gravísimas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Dos jueces de Manglaralto son investigados por la Dirección Nacional de Transparencia del CJ
Paralelamente, en ambos casos se espera que se presente una denuncia y el pedido de
declaración jurisdiccional previa en la Corte de Santa Elena, para que el CJ pueda actuar.
El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro, dispuso a la Dirección de Transparencia de la institución que abra una investigación a la Jueza multicompetente de Manglaralto (cantón Santa Elena), Erika Moriel.
El 20 de abril del 2022, la Jueza aceptó un recurso de Hábeas Corpus y ordenó la inmediata libertad de un ciudadano holandés detenido el 2 de abril de este año y que tenía difusión roja de Interpol.
Desde el 10 de abril del 2022, en la Dirección de Transparencia también está abierta una investigación al Juez de Manglaralto, Diego Moscoso, quien otorgó el Hábeas Corpus a Jorge Glas.
En ambos casos, la Dirección de Transparencia verifica si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos de Hábeas Corpus.
En caso de que se confirmen presuntas irregularidades, la autoridad competente establecerá una sanción. Esta puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución).
Mientras avanzan estas investigaciones, paralelamente el CJ espera que los afectados por las actuaciones de los dos jueces de Manglaralto también presenten una denuncia y el pedido de declaración jurisdiccional previa a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por negligencia, error inexcusable o dolo.
Las infracciones disciplinarias, establecidas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, devienen en destitución del funcionario judicial, pues son consideradas gravísimas.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a dos jueces de las provincias de Azuay y Bolívar
En ambos casos, la resolución del CJ se fundamentó en la
declaración jurisdiccional previa del órgano superior.
El 19 de abril de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó de su cargo a dos Jueces por infracción disciplinaria gravísima. La sanción fue resuelta durante la reinstalación de la Sesión Ordinaria N° 035-2022.
La exjueza R. E. R. S., que laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente de San Miguel en la provincia de Bolívar, incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7, del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme fue declarado por los Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, mediante resolución expedida el 05 de mayo de 2021 dentro del juicio penal por violación No. 02332-2021-00003G.
El exjuez L. F. V., que se desempeñaba en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca también incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7, del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Así se determinó con el voto mayoritario de los Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes lnfractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, en resolución del 18 de marzo de 2021, que fue emitida dentro del proceso judicial No. 01204-2017-04450 seguido por reconocimiento de unión de hecho.
De esta forma, en ambos casos, la resolución del Pleno del CJ se fundamentó en la declaración jurisdiccional previa emitida por la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay y por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.
El CJ ejerce el control disciplinario en el marco de la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la ética en la provisión del servicio de justicia.
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El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a dos jueces de las provincias de Azuay y Bolívar
En ambos casos, la resolución del CJ se fundamentó en la
declaración jurisdiccional previa del órgano superior.
El 19 de abril de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó de su cargo a dos Jueces por infracción disciplinaria gravísima. La sanción fue resuelta durante la reinstalación de la Sesión Ordinaria N° 035-2022.
La exjueza R. E. R. S., que laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente de San Miguel en la provincia de Bolívar, incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7, del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Esto es haber actuado con manifiesta negligencia, conforme fue declarado por los Jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, mediante resolución expedida el 05 de mayo de 2021 dentro del juicio penal por violación No. 02332-2021-00003G.
El exjuez L. F. V., que se desempeñaba en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca también incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7, del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Así se determinó con el voto mayoritario de los Jueces de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes lnfractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, en resolución del 18 de marzo de 2021, que fue emitida dentro del proceso judicial No. 01204-2017-04450 seguido por reconocimiento de unión de hecho.
De esta forma, en ambos casos, la resolución del Pleno del CJ se fundamentó en la declaración jurisdiccional previa emitida por la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Azuay y por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.
El CJ ejerce el control disciplinario en el marco de la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el objetivo de garantizar la eficiencia, la transparencia y la ética en la provisión del servicio de justicia.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El CJ inauguró la Unidad de Garantías Penitenciarias en Santo Domingo de los Tsáchilas y entregó el Palacio de Justicia restaurado
25 jueces especializados en Garantías Penitenciarias trabajan en el país
En una visita a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, este 20 de abril de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) recorrió la Unidad de Garantías Penitenciarias que se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril del presente año.
Estas dependencias judiciales que se encuentran en 7 provincias tienen como objetivo principal enfrentar con acciones la crisis carcelaria descongestionando la carga procesal y agilitando el despacho de causas relacionadas con las Personas Privadas de la Libertad.
En su intervención, el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, explicó que con esta nueva Unidad Judicial se visibiliza el accionar de la institución. “Se está dando una muestra palpable y material del trabajo que realizamos, porque también estamos enfocados en la creación de la nueva dependencia judicial especializada en delitos de Corrupción y Crimen Organizado" sostuvo.
Las unidades de Garantías Penitenciarias implementadas por el CJ se encuentran distribuidas en Pichincha, Guayas, Cotopaxi, El Oro, Manabí, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Restauración del Palacio de Justicia
El Pleno del CJ entregó a la ciudadanía la restauración del emblemático Palacio de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La obra fue ejecutada a través de la Dirección Provincial del CJ, con una inversión total de USD 39 200.
Entre las adecuaciones que se realizaron están: mantenimiento exterior de la fachada, impermeabilización del edificio, instalación de láminas de policarbonato, entre otras.
En esta dependencia funciona la Corte Provincial, la Unidad Judicial Civil, el Centro de Mediación de la Función Judicial, el archivo de las unidades judiciales y la unidad administrativa y financiera.
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El CJ inauguró la Unidad de Garantías Penitenciarias en Santo Domingo de los Tsáchilas y entregó el Palacio de Justicia restaurado
25 jueces especializados en Garantías Penitenciarias trabajan en el país.
En una visita a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, este 20 de abril de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) recorrió la Unidad de Garantías Penitenciarias que se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril del presente año.
Estas dependencias judiciales que se encuentran en 7 provincias tienen como objetivo principal enfrentar con acciones la crisis carcelaria descongestionando la carga procesal y agilitando el despacho de causas relacionadas con las Personas Privadas de la Libertad.
En su intervención, el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, explicó que con esta nueva Unidad Judicial se visibiliza el accionar de la institución. “Se está dando una muestra palpable y material del trabajo que realizamos, porque también estamos enfocados en la creación de la nueva dependencia judicial especializada en delitos de Corrupción y Crimen Organizado" sostuvo.
Las unidades de Garantías Penitenciarias implementadas por el CJ se encuentran distribuidas en Pichincha, Guayas, Cotopaxi, El Oro, Manabí, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Restauración del Palacio de Justicia
El Pleno del CJ entregó a la ciudadanía la restauración del emblemático Palacio de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La obra fue ejecutada a través de la Dirección Provincial del CJ, con una inversión total de USD 39 200.
Entre las adecuaciones que se realizaron están: mantenimiento exterior de la fachada, impermeabilización del edificio, instalación de láminas de policarbonato, entre otras.
En esta dependencia funciona la Corte Provincial, la Unidad Judicial Civil, el Centro de Mediación de la Función Judicial, el archivo de las unidades judiciales y la unidad administrativa y financiera.
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El Consejo de la Judicatura se fortalecerá con 4 531 computadoras, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia
El Ministerio de Finanzas aprobó los recursos y se generaron las certificaciones presupuestarias
Ante el deterioro latente de los equipos tecnológicos en el Consejo de la Judicatura (CJ), la entidad arrancó un plan de modernización que se extenderá hasta el 2025.
De esta forma se superarán los problemas existentes en la actualidad, pues el 96,23% de los equipos a escala nacional ha cumplido su vida útil.
Como parte de la planificación, en una primera fase el CJ adquirirá 4 531 computadoras, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia para todo el país.
Para esta adquisición inicial, el 8 de marzo del 2022 el Ministerio de Finanzas aprobó los recursos y se generaron las certificaciones presupuestarias.
De acuerdo con la planificación institucional, las computadoras se distribuirán entre jueces, secretarios y técnicos de ventanillas de todo el país. Esto permitirá mejorar los servicios en beneficio de los usuarios del sistema de administración de justicia y de la ciudadanía en general.
Los escáneres permitirán digitalizar los documentos. Al año se escanean 18’370.289 páginas. Esto hará que los usuarios de la Función Judicial eviten largas filas en las afueras de las unidades judiciales en busca de información de su proceso y puedan realizar las consultas del caso por medios telemáticos.
Fortalecimiento tecnológico para comparecencias virtuales
Con 22 nuevos equipos de videoconferencia se fortalecerán las comparecencias virtuales en las salas de audiencias de la Corte Nacional de Justicia y de las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Cotopaxi, Pichincha y Galápagos.
Las mejoras tecnológicas desarrolladas durante la pandemia llegaron para quedarse.
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El Consejo de la Judicatura se fortalecerá con 4 531 computadoras, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia
El Ministerio de Finanzas aprobó los recursos y se generaron las certificaciones presupuestarias
Ante el deterioro latente de los equipos tecnológicos en el Consejo de la Judicatura (CJ), la entidad arrancó un plan de modernización que se extenderá hasta el 2025.
De esta forma se superarán los problemas existentes en la actualidad, pues el 96,23% de los equipos a escala nacional ha cumplido su vida útil.
Como parte de la planificación, en una primera fase el CJ adquirirá 4 531 computadoras, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia para todo el país.
Para esta adquisición inicial, el 8 de marzo del 2022 el Ministerio de Finanzas aprobó los recursos y se generaron las certificaciones presupuestarias.
De acuerdo con la planificación institucional, las computadoras se distribuirán entre jueces, secretarios y técnicos de ventanillas de todo el país. Esto permitirá mejorar los servicios en beneficio de los usuarios del sistema de administración de justicia y de la ciudadanía en general.
Los escáneres permitirán digitalizar los documentos. Al año se escanean 18’370.289 páginas. Esto hará que los usuarios de la Función Judicial eviten largas filas en las afueras de las unidades judiciales en busca de información de su proceso y puedan realizar las consultas del caso por medios telemáticos.
Fortalecimiento tecnológico para comparecencias virtuales
Con 22 nuevos equipos de videoconferencia se fortalecerán las comparecencias virtuales en las salas de audiencias de la Corte Nacional de Justicia y de las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Cotopaxi, Pichincha y Galápagos.
Las mejoras tecnológicas desarrolladas durante la pandemia llegaron para quedarse.
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425 postulantes entregaron sus documentos en CD-R y buscan ocupar una de las 14 plazas para juezas y jueces especializados contra la corrupción
Del 20 al 22 de abril será el proceso de verificación de datos
Dentro del proceso para seleccionar 14 juezas y jueces especializados en la lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, un total de 425 juristas finalizaron el proceso de postulación con la entrega de sus documentos en CD-R en el edificio matriz del Consejo de la Judicatura (CJ) y en las direcciones provinciales a escala nacional hasta las 23:59 del 18 de abril de 2022.
En total, 786 interesados se habían registrado en el sistema digital de postulaciones. De ese grupo, 448 finalizaron el registro en línea y de ellos 425 entregaron su CD-R.
Los siguientes pasos del concurso
Conforme al cronograma establecido, el Equipo Multidisciplinario integrado por servidores del CJ verificará, del 20 al 22 de abril del 2022, que los aspirantes hayan cumplido con todos los requisitos y presentado los documentos solicitados.
Luego de la verificación y en cumplimiento al cronograma establecido, el 25 de abril de 2022 los participantes recibirán su notificación de validación de requisitos.
Del 26 al 28 de abril podrán presentar las solicitudes motivadas de reconsideración por medio de la plataforma tecnológica www.funcionjudicial.gob.ec, en el micrositio destinado al concurso. Las reconsideraciones serán resueltas por un Tribunal integrado por miembros de la institución.
Es importante recordar que en ningún caso se aceptarán pedidos para subsanar información omitida o enviada de forma incorrecta.
El CJ trabaja en cada detalle del concurso para garantizar transparencia y objetividad en el proceso, que ha contado con la cooperación de organismos internacionales como PAcCTO, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y la Embajada de EE.UU. en Ecuador.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
